Uno de los segmentos dónde más aumentaron los precios durante las últimas semanas es el de los medicamentos. Y en simultáneo, cada vez más personas dejan de usar los remedios que necesitan.
Según un informe del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), durante diciembre, el veinte por ciento de los argentinos no compró los medicamentos que necesitaba y esto pasó en un contexto en el que la devaluación del 119 por ciento que impuso Javier Milei, atacó seriamente el bolsillo de los trabajadores, llevando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) por encima del 25 por ciento.
Queda claro que los medicamentos no son un gasto superfluo, por lo que la caída drástica en las ventas habla de que existe un segmento importante de la población que fue empujada a desatender su salud. Pero también este dato debe contextualizarse en lo que pasó durante todo 2023 con los precios de los remedios más utilizados que fueron aumentados 319,1 por ciento entre enero y diciembre de ese año, lo que significa casi cien puntos por encima del IPC anual.
Es con este telón de fondo que, por medio del DNU 70/2023, el ejecutivo nacional avanza en la desregulación de la venta de medicamentos, en lo que representa una peligrosa agresión al sistema de salud ya que, entre otras cosas, además de liberar sus precios, continuaron aumentando durante enero. Y se habilitó su venta libre por fuera de las farmacias y sin el control de un profesional matriculado.
Los datos son duros, porque en medio de la constante aceleración de la inflación, durante 2023 el consumo de medicamentos cayó respecto al año previo, más del cinco por ciento, lo que equivale a casi 37 millones de unidades menos vendidas, tal como lo revela un informe la Confederación Farmacéutica Argentina. Las categorías que tuvieron más merma son las de medicamentos para atender patologías del sistema respiratorio y los antiinfecciosos. Y vale resaltar que si se tiene en cuenta el crecimiento vegetativo de la población y el envejecimiento poblacional que registra el Indec en el Censo 2022, la caída es todavía más alarmante.
Mientras tanto, la buena noticia llega desde la capital de la provincia de Buenos Aires, donde esta semana se anunció que la Universidad Nacional de La Plata, avanza en la construcción de una planta productora de medicamentos y en la puesta en valor del edificio del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas, dos proyectos basados en un fuerte enfoque social porque la iniciativa permitirá la elaboración de doce millones de comprimidos al mes, distribuidos en una decena de medicamentos diferentes.
Para esto y con la finalidad de que esta planta produzca medicamentos de interés social, es que las autoridades universitarias trabajan junto a la Anmat con la finalidad de que queden garantizados los más estrictos estándares de calidad. El vademécum en el que se focaliza, en principio incluye la fabricación de dos millones de comprimidos para Diabetes tratable Tipo 2, entre cuatro y cinco millones de comprimidos para Hipertensión Arterial tratable y dos millones de analgésicos y antitérmicos.
Queda claro que ahí donde el mercado ahorca, es el Estado el que genera soluciones. Y en este punto no está de másrecordar que el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas es un centro dependiente de la Universidad Nacional de La Plata y del Conicet, esto es, dos de las instituciones que aquí y ahora, reciben una fuerte agresión por parte del régimen de barbarie que intenta imponer la Presidencia Milei.
Hablar de agresión, en este caso, no resulta antojadizo. Y si para muestra alcanza con un botón, vale recordar que ya son 160 los despidos que fueron perpetrados en el Conicet desde que Milei es presidente, por lo que el sector de ciencia y tecnología, hizo público un documento para advertir acerca del desguasamiento que se perpetra en esta estructura que genera conocimiento en el país, así como insumos productivos.
Queda claro que si el precio de los medicamentos es aumentado desorbitadamente, los que pierden son los trabajadores cuyos salarios se destruyen día a día con un shock inflacionario provocado por el mismo gobierno.
Pero también es cierto que en esta historia hay grandes ganadores, algo que queda expuesto con el texto del paquete que conforman el DNU 70/2023 y el proyecto de Ley Ómnibus. Es que para los grandes laboratorios, la derogación de la ley 27.113 que declara “de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública dedicados a la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos”, puede sacar al Estado de la cancha dejando el terreno aceitado para que empresas cartelizadas como Roemmers, Bagó y Sigman hagan lo que mejor hacen, esto es, remarcar los precios de los medicamentos.
