El ex fiscal federal Roberto Mazzoni, recibió una nueva condena por un delito de lesa humanidad perpetrado poco antes del golpe de 1976.
“Todavía no había comenzado formalmente la dictadura, pero estaban ensayando los métodos”, dijo el abogado querellante, Duilio Jorge Ramírez.
La nueva sentencia con que el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua al ex fiscal federal Roberto Domingo Mazzoni, se presenta como un caso paradigmático que vuelve a corroborar que la represión ilegal del terrorismo de Estado comenzó antes del golpe de marzo de 1976 y, además, mete una cuña en una corporación difícil de penetrar como es la del Poder Judicial, que fue clave en la estructura que ejecutó el genocidio.
Mazzoni asistió a la lectura de la sentencia desde su casa, donde merced al beneficio de prisión domiciliaria purga otra condena, en este caso a once años, también por su participación en la comisión de crímenes de lesa humanidad que fueron perpetrados durante el mismo período.
Esta vez, la nueva condena corresponde porque el TOF determinó que fue partícipe necesario del delito de tormentos agravados cometidos contra Hugo Barúa, un militante del peronismo que fue detenido durante la madrugada del 11 de septiembre de 1975, en un allanamiento llevado a cabo en su domicilio por personal de la Policía de Chaco y Gendarmería Nacional, en el que fue torturado ante su madre.
En ese operativo participó Mazzoni, quien por entonces era secretario del Juzgado Federal de Resistencia y lo hizo de forma activa, como parte de la banda que mediante la aplicación de tormentos, intentaba doblegar la voluntad de Barúa, para que suministre información vinculada a su participación en actividades de apoyo a integrantes de las Ligas Agrarias que por esos días realizaban protestas para demandar mejores precios para el algodón.
Duilio Jorge Ramírez es abogado e intervino en la querella presentada por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Chaco que pidió una pena de ocho años para Mazzoni, dos más que los solicitados por la Fiscalía en este que fue el undécimo juicio por delitos de lesa humanidad que se celebró en esa provincia, en los que mayormente quienes se sentaron en el banquillo fueron policías y militares.
“Este es el segundo donde los imputados son civiles, ya tuvimos uno que se llamo ‘Complicidad Judicial’ en el que también se condenó al Mazzoni” que es el único sobreviviente de un equipo de personal de la Justicia Federal chaqueña que participaba de los allanamientos y torturas, en cuyo contexto “redactaba declaraciones falsas, autoincriminatorias para que los detenidos las firmaran sobre la base de amenazas y torturas”.
La anterior sentencia que pesa sobre Mazzoni data de 2019, pero había quedado por juzgar un hecho de tortura cometido contra Barúa que por entonces tenía veintiún años.
“Todavía no había comenzado formalmente la dictadura, pero estaban ensayando los métodos y eso fue lo que hicieron cuando ingresaron a su casa donde lo golpearon y torturaron ferozmente adelante de su madre, y todo pasó en presencia del secretario del juzgado federal que era Mazzoni”, señaló el abogado Ramírez y añadió que tal como quedó demostrado en el juicio, “mientras lo torturaban arremetían con las preguntas de siempre, intentando sacarle información sobre sus compañeros”.
Y en esa circunstancia Barúa pidió auxilio a quien identificó como civil y miembro del Juzgado, “pero lejos de ayudarlo, Mazzoni le respondió: ‘cantá pibe, que sabemos que vos estás metido en todo esto’”.
Así, con esta postura el funcionario judicial dejó en claro que formaba parte de la patota, ya que “no ayudó en lo más mínimo a Barúa, dentro de su casa ni cuando lo llevaron arrastrando y golpeándolo durante trescientos metros hasta donde estaba el móvil en el que se lo llevaron”.
La resolución de este caso no fue fácil. “Siempre es un desafío extra corroborar un crimen perpetrado por un miembro del Poder Judicial”, advirtió Ramírez y sostuvo que esto es así, ya que se trata de personas que poseen el expertiz que les permite no dejar cabos sueltos, pero asimismo porque la corporación judicial es reticente a actuar contra uno de sus miembros.
“Mazzoni se cuidó de no firmar el acta de allanamiento, suponiendo que de ese modo iba a garantizarse su impunidad, pero el expediente que armaron en este caso fue nuestra principal prueba para el caso”, relató el abogado querellante y puntualizó que “en estos casos se requiere una prueba contundente que no deje lugar a dudas y tuvimos que hacer entender al Tribual que la sentencia debía dictarse porque, pese a que Mazzoni no dio los golpes, participó con su omisión en la tortura a la que se sometió a Barúa”.
Asimismo, resaltó que en el alegato “me tocó explicar el plan sistemático de represión que comenzó antes del golpe y que se agudizó y se hizo más letal después de marzo de 1976” y destacó que “el delito consistía en ser ‘subversivo’, que justificaba la cacería de cualquiera que desplegara actividades de protesta y críticas hacia el régimen imperante, por eso se llevaron a Barúa que estuvo casi cuatro años preso sufriendo lo indecible: padeció tuberculosis, lo tuvieron un año esposado a una cama y las esposas se le metieron en la carne y huesos de las muñecas”, por lo que “nunca pudo superar físicamente esa experiencia”.