“La lucha por los Derechos Humanos es por el futuro de nuestro pueblo”

—¿Desde lo judicial y desde lo político, qué posibles escenarios advierte usted que pueden abrirse a partir de la modificación por decreto de la Ley de Defensa Nacional?

—Estos últimos días hubo dos decretos vinculados a la función de las Fuerzas Armadas. El primero, el 1107/2024, califica como “Objetivos de Valor Estratégico” cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado Nacional que, en caso de ser dañados parcialmente o destruidos, ocasionarían graves perjuicios a la vida y bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia Seguridad de la Nación, limitando, posponiendo o impidiendo su desarrollo.” Y, según el decreto (en violación a la legalidad vigente), para proteger estos objetivos, el Poder Ejecutivo podrá utilizar las Fuerzas Armadas (hasta ahora, sólo podían usarse la Policía Federal o las Fuerzas de Seguridad). Más allá de la burla de que un gobierno que busca clausurar las posibilidades de desarrollo independiente de nuestra patria pretenda preocuparse por “la vida y el bienestar de los habitantes del país” (o por el “ambiente” mientras niega el cambio climático), esta amplia definición permitiría que las Fuerzas Armadas fueran utilizadas para defender inversiones privadas en el marco del Rigi o incluso edificios públicos, como el Congreso de la Nación.

El segundo decreto, el 1112/2024, a su vez, pretende reemplazar la antigua reglamentación de la Ley de Defensa Nacional 23.554, pero en realidad modifica el sentido completo de la norma, ya que el artículo 2º de la Ley limita la actuación de las Fuerzas Armadas a las “agresiones de origen externo” mientras que, en cambio, el artículo 1º de este decreto enumera “amenazas” y “agresiones”, “en función del origen externo de dichas amenazas o agresiones, con independencia del lugar de ocurrencia”. Define a continuación amenazas como “todas las acciones o los mensajes explícitos que llevan a cabo eventuales oponentes” y agresiones como “la ejecución y consumación de un conflicto armado o guerra, que provengan de Fuerzas Armadas u organismos paraestatales extranjeros, de organizaciones terroristas u otras organizaciones transnacionales, o cualquier forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”, en ambos casos siempre que afecten o puedan afectar los intereses vitales de la Nación.

Si a estas definiciones tan amplias se las analiza en el marco de los discursos del gobierno, en los cuales todo el que no coincida ideológicamente es un enemigo que debe ser destruido, y se tiene en cuenta además la vieja concepción imperial estadounidense, propia de la doctrina de la seguridad nacional (aplicada en las dictaduras de nuestro continente) y su corolario la doctrina de las fronteras ideológicas, según la cual no importa el lugar de nacimiento, sino que son extranjeros en América quienes tengan ideas contrarias a las que sustentan los EE.UU., no es difícil ver cómo se va volviendo, a paso rápido, hacia visiones más propias de los tiempos de la Guerra Fría. Por otra parte, no es necesario mucho esfuerzo para considerar que el apelativo de “organizaciones transnacionales” puede ser aplicado a grupos políticos partidarios que activen en más de un Estado o a pueblos originarios que vivan a ambos lados de alguna frontera huinca, como el pueblo Mapuche (en este sentido, ya en marzo de 2023, el artículo 1° de la Resolución N° 1390 de la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza declaró “que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”; y es público y notorio que, a ambos lados de la cordillera, los enemigos del pueblo Mapuche lo etiquetan como terrorista).

—Por primera vez en cuatro décadas desde el ejecutivo se empodera a los militares ¿Cree que esto es sólo parte de una interna palaciega o se trata del índice de algo peor?

—Hay algún gesto que puede ser simple intriga palaciega. Por ejemplo, el Presidente parece privilegiar a la Fuerza Aérea, única fuerza con la que la Vicepresidenta no tendría relación familiar (su padre era del Ejército y uno de sus abuelos de la Armada). Pero, en lo fundamental, el aparente empoderamiento de las Fuerzas Armadas (a la vez que se pretende enajenar astilleros, fábricas y numerosos inmuebles) es una consecuencia de la sumisión estratégica a Washington. Según el modelo de EE.UU., los militares de los países subordinados deben actuar dentro de sus propios territorios contra el terrorismo, el narcoterrorismo o cualquier otra amenaza para la seguridad occidental (como el avance de China).

—¿Qué balance se puede hacer de un año de aplicación del Protocolo Bullrich?

—Durante los cuatro años de Macri, Bullrich anunció un primer protocolo represivo, al cual inclusive se sumaron algunas provincias, a pesar de que no fue publicado y, por ende, nunca tuvo vigencia legal. Así que todo el que aplicó ese protocolo, actuó sin base legal y podría haber sido enjuiciado.

Esta vez, entre las primeras medidas del gobierno estuvo un nuevo Protocolo que, en lugar de reconocer el derecho constitucional a manifestarse y a protestar, trata a quienes participen en una movilización o concentración como personas peligrosas, que deben ser contenidas por la violencia en caso de no obedecer las órdenes de las autoridades.

En la práctica, más allá de algún brutal pico represivo como el 12 de junio de 2024, en el cual reprimieron sin seguir el protocolo (al estilo de la represión de 2017 contra quienes nos oponíamos a la reforma previsional), las movilizaciones realmente masivas (como la del 24 de marzo) no tuvieron problemas, mientras que otras acciones menores sí fueron controladas.

—Es diciembre y se vuelve imposible no recordar aquel 2001, con Bullrich como protagonista, antes y ahora, y con apenas dos condenados a penas escasas por aquella matanza…

—La represión del 19 al 21 de diciembre de 2001 fue ejecutada en Ciudad de Buenos Aires por la Policía Federal, que en esa época cumplía sus funciones actuales, pero también otras que hoy cubre la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Los condenados fueron pocos y las penas bajas, pero cuando uno de los personajes mediáticos del gobierno mostró a Milei y Bullrich, que durante una de las aplicaciones del protocolo estaban en la sala de situación de la Policía Federal lo eyectaron. Porque precisamente los condenados fueron un político (Mathov) y el jefe de la Policía Federal que, al menos formalmente, habían manejado desde ahí la actuación policial.

Si bien desde entonces hubo varias represiones brutales en el área metropolitana por parte de la Policía Metropolitana, su sucesora la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería,  la Policía de Seguridad Aeronáutica y (en varios períodos) la Bonaerense, lo cierto es que desde la Masacre de Puente Pueyrredón no hubo asesinatos de manifestantes en esa región, mientras que las represiones en varias provincias fueron mucho más sangrientas, como lo demuestran la desaparición de Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, entre otros casos.

—¿Cree que es factible que prospere el intento de incluir la “doctrina Chocobar” en el Código Penal?

—No creo que pueda instalarse de manera directa. Si bien el actual dictamen de mayoría de la Cámara de Diputados amplía la aplicación de la legítima defensa hasta niveles muy poco legítimos, está muy lejos del proyecto original (que llegaba a prohibir todo reclamo a las familias de quien fuera asesinado alegando defenderse o defender a otra persona) e incluso de justificar casos como el de Chocobar.

El problema principal no es el texto de las normas vigentes (el Ministerio de Seguridad -por ejemplo- ya amplió la autorización para el uso de las armas de fuego) sino el mensaje de impunidad hacia el personal estatal armado, que luego suele encontrarse con que pocos jueces se atreven a garantizarles la inmunidad plena que la ministra declama.

El mismo proyecto tiene otras reformas preocupantes, como el aumento de las penas para los casos de atentado y resistencia a la autoridad, a fin de que las personas acusadas (que suelen ser las víctimas de lesiones o torturas por parte de las policías o fuerzas de seguridad) no sean excarceladas.

Y otro proyecto que debería preocupar (y fue aprobado por Diputados) es el que, bajo la excusa de luchar contra las mafias, permite al Poder Ejecutivo establecer un estado de sitio totalmente inconstitucional. Para quien no lo sepa, el estado de sitio es un estado de no derecho, típico de las dictaduras militares, que permite privar de la mayor parte de sus derechos a las personas que se encuentren bajo la mira del gobierno de turno.

—¿Cómo se puede leer el avance del Ministerio de Seguridad sobre la Comisión Nacional para los Refugiados (CoNaRe)?

—Con esta reforma se transforma el refugio, una herramienta humanitaria de amplio uso en Nuestra América, en un nuevo espacio de aplicación de las políticas imperiales. Así, este gobierno concederá refugio a los amigos de EE.UU. o de la derecha internacional y lo negará a quienes no lo sean. Ya comenzaron con la detención del italiano Leonardo Bertulazzi, quien por ahora recuperó su libertad. Y, por el contrario, es posible que acepten como refugiados a quienes colaboraron con Jair Bolsonaro en su intento de golpe.

—¿Con la llegada de Javier Milei al gobierno cambió algo en la actitud del Poder Judicial respecto a las causas abiertas por crímenes de lesa humanidad?

—El Poder Judicial siempre tiene en cuenta los vientos políticos (tanto desde el Estado como desde la sociedad). Y no hay motivo para que en este caso haya una excepción. Los más jóvenes probablemente no sepan que antes de terminar la última Dictadura varios de los genocidas ya estaban presos, por la acción de los organismos de Derechos Humanos, pero también por el oportunismo de algunos miembros del Poder Judicial. Del mismo modo, hubo jueces que consideraron constitucionales las leyes de punto final y obediencia debida, pero años después las declararon contrarias a derecho.

Los vaivenes de varias causas contra Cristina Kirchner se explican por una combinación del mismo fenómeno y por la colonización judicial realizada durante el gobierno de Macri. En cambio, cuando se trata de personas que carecen de todo poder real, las modificaciones judiciales pueden ocurrir, pero sin modificar la persecución, como en el caso de Milagro Sala, que lleva casi nueve años detenida a través de diversas maniobras.

En el caso de este gobierno, sólo los jueces laborales se atrevieron a dejar sin efecto parte del nefasto DNU desregulador 70/2023. Y, como respuesta, para el año 2025 la legislatura de Ciudad de Buenos Aires ya votó un presupuesto para inventar nuevos jueces laborales que tomen inconstitucionalmente las funciones de los que hoy existen y, obviamente, respondan invariablemente a los sectores más poderosos, como cuatro de los cinco que integran el Tribunal Superior de la Ciudad.

En materia de genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, hasta ahora el cambio parecía haberse limitado a una leve pérdida de empuje, hasta la decisión de reabrir la causa de la bomba puesta en Coordinación Federal.

—¿Qué lectura hace sobre la decisión de la Cámara Federal porteña de reabrir la causa Coordinación Federal?

—Al igual que cuando abrieron una causa contra dirigentes de Montoneros con la excusa de la Contraofensiva, el objetivo de la apertura de la causa de Coordinación Federal es reinstalar la teoría de los dos demonios y, a partir de allí, forzar un acuerdo político que ponga fin a todas las causas. No lo consiguieron entonces y no tienen por qué conseguirlo ahora.

Un detalle que muestra cómo la derecha actúa para transformar derechos conquistados en herramientas para negarlos o desprotegerlos, al garantizar la impunidad de sus violadores, es que el fallo que reabre esa causa (firmado por tres jueces cercanos al macrismo) se funda en que el hecho no fue un crimen de lesa humanidad, pero se habría tratado de una grave violación a los Derechos Humanos y por lo tanto no debe prescribir.

Pero semejante argumento es inaceptable, ya que sólo el Estado (o grandes empresas con control del territorio) puede violar los Derechos Humanos e indudablemente las personas investigadas no actuaron como parte del Estado. El fallo judicial dice que la violación de Derechos Humanos habría estado en la falta de investigación estatal, cuando es sabido que el Estado terrorista de entonces ejecutó a todos aquellos que consideró vinculados al hecho (por lo cual, en todo caso, la violación de Derechos Humanos fue cometida contra los posibles autores).

Al igual que en el uso del habeas corpus para buscar impunidad, este fallo trae otra paradoja: la Corte Interamericana de Derechos Humanos definió las graves violaciones de Derechos Humanos que no constituyen delitos de lesa humanidad en los casos “Bulacio” y “Bueno Alves”, quienes fueron víctimas de la violencia de la Policía Federal, a la que pertenecían las personas muertas y heridas en Coordinación Federal (lugar donde existía uno de los cientos de centros clandestinos de detención).

—El jueves pasado los condenados alojados en el Pabellón de Lesa Humanidad de Ezeiza tuvieron su acting y pudieron reclamar públicamente la domiciliaria ¿Cree que hay condiciones políticas y sociales para ello?

—El juez por tercera vez les rechazó el planteo. Hay que ver qué resuelve la Cámara, que dos veces lo obligó a reabrirlo. Sería un escándalo jurídico que a través de un habeas corpus se concedieran domiciliarias, ya que expresamente están excluidas de modificarse por esa vía las resoluciones judiciales que deciden sobre la libertad de los detenidos.

—Los pedidos de sanciones a los diputados que visitaron a genocidas convictos quedaron apenas en un tirón de orejas, en tanto que el Consejo de la Magistratura blindó a la jueza Agustina Díaz Cordero que de acuerdo al cura Javier Olivera Ravasi, habría participado en una reunión en la que se discutió cómo favorecer a los represores presos ¿Qué lectura hace usted sobre esto?

—Claramente, se muestra la simpatía que tienen esos personajes hacia los autores directos del genocidio en nuestro país. Por otro lado, el gobierno no se atrevió a apoyar de forma directa la iniciativa de impunidad, lo cual demuestra que, a pesar de todo el terreno perdido, todavía hay una resistencia contra estas políticas.

—En una suerte de Blitzkrieg la Presidencia Milei redujo drásticamente todo lo inherente al área de Derechos Humanos, remata Sitios por la Memoria y amenaza con cerrar la Secretaría del área ¿Quién le puede poner un freno a esto? ¿Hay margen social para una intentona del estilo de los indultos de Menem?

—A la segunda pregunta, mi respuesta es que por ahora no. Para ampliar ese margen social buscan reinstalar la teoría de los dos demonios, a fin de volver a la supuesta necesidad de una pacificación. Y también buscar minimizar la visibilidad de la dictadura, para lo cual el cierre e incluso destrucción de los sitios de memoria es una medida funcional. Es necesario que reinstalemos la memoria de la dictadura como uno de los intentos previos de instalación del mismo modelo buscado por este gobierno, en el cual la represión genocida no fue un fin en sí mismo sino que buscaba la reconfiguración de la sociedad argentina y su subordinación al imperialismo de EE.UU.

—¿Este esquema de militarización que se expresa con el Protocolo Bullrich en tanto diseño ideado para la represión como herramienta de control social y de la protesta sindical y social, forma parte también de un esquema de negocios construido en función de la compra de armamento, insumos y movimiento de recursos logísticos que trae aparejado sostener en pie de guerra interna a un dispositivo que incluye a las cuatro fuerzas federales y al que ahora se quiere sumar a las Fuerzas Armadas?

—Dada la larga tradición argentina de negociados en materia de compras militares y policiales, es muy probable que parte de la compra masiva de equipos responda a intereses de grandes empresas, con ventajas económicas para sus contratantes.

Algo a destacar es que, en el marco de las campañas de desnacionalización y desindustrialización propias del modelo de subordinación absoluta a los EE.UU. que otra vez nos quieren imponer, en lugar de priorizarse los productos de producción local o los acuerdos que puedan ayudar a desarrollar las industrias locales, este gobierno privilegia la compra de elementos extranjeros que profundizarán la dependencia, como los F-16 estadounidenses revendidos por los daneses.

 
—¿Cómo juegan en este esquema de represión estatal que exhibe una fuerte escalada verbal y material, estos Freikorps que se vieron en hechos como el ataque contra estudiantes de la UnQui o en la presentación pública de “las fuerzas del cielo”?

—Considero que, al menos por ahora, estos grupos de patoteros son insignificantes en número y en organización. Por eso los estudiantes pudieron echarlos sin mayores problemas. Tienen muchas capacidades de destrucción y ataque a través de las redes “sociales”, pero muchas menos de forma directa. Esta falta de masas entusiasmadas por el proyecto del Gobierno es una de las diferencias más importantes con el fascismo clásico. Más allá de que el fascismo en un país del tercer mundo tiende a reforzar la dependencia en lugar de adoptar posturas de extremo nacionalismo; lo cual surge de su propia naturaleza como defensor del gran capital, que sólo en potencias imperiales puede coincidir con un discurso nacionalista.

Los grupúsculos actuales tuvieron su máxima exposición con el intento de asesinar a Cristina Kirchner; mucho más peligrosos fueron quienes en 2006 desaparecieron al militante Jorge Julio López y todavía continúan impunes. Por el momento, las organizaciones populares, si toman los cuidados necesarios, no corren riesgo frente a los sicarios que pregonan el liberalismo extremo.

—¿Qué papel tiene en esta historia el dispositivo de inteligencia al que cada vez se le dan más recursos?

—Hasta ahora no se hizo público que ninguna acción importante de este gobierno se haya basado en tareas de inteligencia locales. El aumento de dinero reservado parece responder más a la voluntad de manejar los dineros públicos escapando a todo control que a una intensificación de la investigación de opositores políticos o sociales.

—¿Cómo juegan, si es que lo hacen, agencias internacionales en todo esto?

—Mi impresión personal es que la mayor parte del dinero para supuestas tareas de inteligencia se destina a cuestiones de propaganda por redes y pago de favores a políticos corruptibles. Además de armar las famosas “carpetas” con información delicada para convencer a quienes no puedan ser convencidos a través del dinero. Y que la idea es convertir el aparato de inteligencia local en poco más que una repetidora de las agencias estadounidenses e israelíes.

—Mientras tanto se habilita la presencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. se pretende privatizar nuevamente el tráfico por el Río Paraná y sus puertos, también se permite la instalación de una base cerca de Ushuaia y con el Rigi en una mano, con la otra se crea el Comando Unificado de Seguridad Productiva pagado con fondos públicos…

—No se trata de un proceso nacional, sino regional o incluso mundial. Ante la crisis mundial, EE.UU. está tratando de instalar nuevas bases, en especial en Nuestra América, que ellos consideran su patio trasero. Hay que tener presente que el gobierno de Colombia ya no es un simple lacayo del Comando Sur, mientras que, por el contrario, en Ecuador los sucesivos gobiernos de derecha acaban de abrir nuevamente las islas Galápagos “a las Fuerzas Armadas, empleados civiles y contratistas estadounidenses del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América”, según dice la última resolución oficial.

Inclusive, el proceso para habilitar la participación de los Ingenieros del Ejército de EE.UU. en el Río Paraná habría comenzado durante el gobierno anterior, lo que muestra que este gobierno en gran medida está profundizando tendencias de sometimiento que ya existían. La idea es la misma que con la utilización de las Fuerzas Armadas para funciones internas: someter el país a los lineamientos estratégicos imperiales que, en lo sustancial, consisten en garantizar la extracción de los productos que ellos necesitan para su desarrollo. En este sentido, en las múltiples intervenciones de quien hasta hace muy poco era la jefa del Comando Sur de EE.UU., la general Laura Richardson, puede escucharse que se refiere a nuestros productos mineros o de otras clases como si fueran propiedad de su país.

—¿Con todo este contexto qué razones jurídicas y políticas pueden darse para ser optimistas acerca de una salida rápida a esta situación?

—Creo que lo primero es encuadrar lo que está sucediendo en nuestro país dentro del ciclo mundial y regional y, a partir de ahí, realizar los análisis necesarios para definir las políticas de alianza.

En el caso de la Liga, la principal decisión que tomamos fue la de sumarnos a la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, que ya cuenta con más de ciento cincuenta organizaciones integrantes, entre ellas la Federación Judicial Argentina, ATE Nacional, la Asociación Americana de Juristas rama argentina, Correpi, CADeP, Justicia Legítima, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Liberpueblo, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Se trata del espacio donde se coordinaron muchas de las acciones de oposición, desde presentaciones judiciales para dejar sin efecto medidas oficiales hasta las guardias para las movilizaciones, además de informes acerca de las violaciones a los Derechos Humanos realizadas por este gobierno.

Es necesario también tener en cuenta que todavía no pudieron avanzar todo lo que deseaban en materia de destrucción de derechos laborales. Y, a la vez, destacar las desastrosas consecuencias de muchas de las políticas desregulatorias, en materia de salud y vivienda, por ejemplo.

Más allá de lo extravagantes que puedan ser algunas declaraciones, se está ejecutando un programa que lleva, como decía Walsh de una versión anterior del mismo plan, a la miseria planificada de la mayor parte de nuestra sociedad. Y, en consecuencia, es deber de quienes defendemos los Derechos Humanos no quedarnos detenidos en el pasado y recrear las organizaciones existentes para adaptarlas a esta nueva etapa, para que se comprenda que la lucha por los Derechos Humanos no es una lucha por el pasado, sino por el futuro de nuestro pueblo.