“Frente a un gobierno que desprecia el sistema democrático y busca silenciar opositores, es indispensable organizar una activa oposición a este proyecto, para evitar este nuevo ataque a nuestros derechos y garantías”, advirtió la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
Por medio de una reciente declaración, la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) alertó que el Proyecto de Código Penal que hizo público el gobierno nacional “significa más dolor para los vulnerables y, al mismo tiempo, impunidad para los poderosos”, ya que entre otras cosas “incrementa enormemente la persecución a los pobres y a los luchadores por los derechos, constituyendo un claro ejemplo de demagogia punitiva”.
En este sentido, la Ladh puntualizó que “se trata de un catálogo de penas altísimas, carente de razonabilidad, donde la propiedad aparece como valor supremo y se privilegia la impunidad de quienes sostienen este orden desigual”, tras lo que reflexionó que la iniciativa “enfrenta los miedos sociales mediante penas desproporcionadas, multiplicando las futuras penas de prisión y abriendo la puerta a modelos de cárceles administradas por empresas privadas”.
Asimismo, indica que “amplía presunciones a favor de policías, fuerzas de seguridad y ‘justicieros’, imponiendo interpretaciones que obligan a los tribunales a decidir ‘en caso de duda’ a favor de quien dice haber actuado de forma justificada”. Mientras que también extiende el catálogo de presunciones “incluso a la persona que huye ‘con un arma, real o falsa’, lo que permite justificar homicidios totalmente innecesarios” y pretende reforzar “la posibilidad de justificar el uso letal de la fuerza, incluso por personal fuera de servicio, dado que las normativas vigentes ampliaron el uso de armas de fuego”.
En relación con la tortura, el Proyecto reduce su alcance, algo que contrariamente a la jurisprudencia de la Corte Interamericana por los Derechos Humanos, la vuelve prescriptible y “omite la definición que incluía sufrimientos psíquicos y reduce la pena cuando la tortura causa la muerte, que pasa a ser de ocho a treinta años en lugar de prisión perpetua”. En tanto que, la Liga denunció además que esta reforma facilita que hechos gravísimos queden subsumidos bajo figuras menores, como “vejaciones o apremios ilegales”.
Aumentos de penas desmedidas
Por otra parte, la declaración de la Ladh, advierte que el proyecto pretende que el homicidio simple pase de los actuales ocho a veinticinco años, a penas de diez a treinta. “Y la misma escala penal de diez a treinta años se aplica a los casos de desaparición forzada de personas, ignorando la diferencia en sus consecuencias sociales”, señaló. A su vez, las lesiones leves “aumentan de un mes a un año a un rango de uno a tres años, el hurto simple multiplica por doce la pena mínima y los hurtos agravados pueden llegar a diez años y ocho meses, por un hecho sin violencia”, lo que significa que tendrían “más pena que el mínimo de un homicidio”.
Además, la declaración subraya que “se criminalizan con pena de prisión situaciones cotidianas como apropiarse de una cosa perdida o tomar por error un objeto ajeno” y se redefine la trata de personas “limitando la explotación exclusivamente al ámbito sexual, excluyendo la trata laboral, lo que implica mayor impunidad para sectores poderosos”.
Por otro lado, “los ‘trapitos’ podrían recibir penas de hasta diez años, equiparables a homicidios, evidenciando una persecución desproporcionada a personas vulnerables”, en tanto que “se incorpora el tipo de ‘hostigamiento’, amplio en su descripción y por ende riesgoso, en principio con prisión de hasta dos años”.
Persecución a la protesta social y sindical
Un aspecto destacable del proyecto es el ensañamiento que manifiesta con la protesta social y sindical. “Se crea el delito de ‘ocupación ilegal’ para penalizar ocupaciones breves con penas de tres a ocho años”, mientras que “las tomas de inmuebles, calificadas como usurpación, se agravan cuando sean de fábricas, locales comerciales, establecimientos educativos, bienes del Estado o parques nacionales (entre otros casos), cuando intervengan organizaciones sindicales, políticas o grupos de tres o más tres personas”.
En cuanto a la criminalización de la protesta social, indica que “en manifestaciones públicas, arrojar un objeto o agredir ‘por cualquier otro medio’ -¿incluirá la palabra?- tendría pena de dos a cinco años”, lo que se eleva a penas de tres a nueve años si el agredido fuera un funcionario de cualquier tipo. Continuando con la radicalización del punitivismo, señala que “la resistencia a la autoridad, típica acusación para justificar las detenciones y lesiones contra manifestantes, pasaría a una pena de tres a ocho años y con agravantes (como “poner manos en la autoridad”) llega a diez años”.
Esta iniciativa de la Presidencia Milei “mantiene el delito de coacción agravada contra reclamos dirigidos a funcionarios y se reintroduce el desacato, punible con insultos o imágenes que ofendan a autoridades, lo que deja un amplio margen de discrecionalidad policial y judicial, aumentado por la inclusión de figuras amplias y con penas elevadas bajo la excusa del terrorismo”.
De esta manera, la Ladh concluyó que el proyecto “profundiza un sistema penal extremadamente represivo, que apunta contra las clases vulnerables, trabajadores organizados, manifestantes y opositores políticos, mientras garantiza mayor poder a los sectores más ricos y quienes los apoyan desde el Estado”. Por lo que “frente a un gobierno que desprecia el sistema democrático y busca silenciar opositores, es indispensable organizar una activa oposición a este proyecto, para evitar este nuevo ataque a nuestros derechos y garantías”.
