Así lo determinó el presidente Rodrigo Paz Pereira. “La lucha presente es para frenar la restauración neoliberal que pretende implementar el actual gobierno y por la generación de una alternativa unitaria de poder popular, que constituye la línea fundamental antiimperialista y antioligárquica a seguir en el presente período y la coyuntura compleja que vivimos”, sostuvo en tal contexto el Partido Comunista de Bolivia.
Entró en vigor la Ley de Estado de Excepción dictada por el presidente Rodrigo Paz, que establece un marco jurídico que lo habilita para adoptar medidas extraordinarias en caso de una crisis “que amenace la seguridad pública”. La medida ocurre en un contexto en el que no cesan las protestas populares contra el plan de ajuste y entrega que se impone desde el Palacio Quemado acompañado de una feroz represión que, conforme un reciente informe publicado por la Defensoría del Pueblo de nuestro vecino país, ya dejó un saldo de al menos diez personas asesinadas, alrededor de medio centenar de heridos y más de 360 detenidos.
La norma que entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial, establece el marco jurídico para la adopción de medidas extraordinarias que respondan a “situaciones de crisis que amenacen el orden constitucional, la seguridad pública o el funcionamiento de las instituciones democráticas”, por lo cual, entre otras cosas, se autoriza al Poder Ejecutivo a aplicar de manera arbitraria medidas por un plazo máximo de noventa días que pueden ser prorrogadas con la aprobación de la Asamblea Legislativa. Uno de los mecanismos que podría autorizar el gobierno es el de la utilización de las Fuerzas Armadas “para garantizar el orden público”.
Ante este marco, el Partido Comunista de Bolivia (PCB) convocó a “fortalecer la lucha unitaria en la compleja coyuntura crítica” y, en este sentido, denunció que la Presidencia Paz Pereira no cesa “en su propósito de aplicación del modelo neoliberal a través de la adopción de medidas antipopulares y proimperialistas”. Al respecto, indicó que “resulta indispensable considerar que el grado de organización necesario para encarar la puesta en marcha de las medidas definidas por el gobierno, debe estar en correspondencia a la acumulación de fuerzas a nivel nacional”.
De ahí que, recalcó el PCB, “la conducción sindical de las movilizaciones está por encima de cuestionamientos o tendencias paralelistas, por la extensión, gravedad y responsabilidad de la protesta social, que no debe estar al margen del suficiente control orgánico, cuya actuación puede exceder la planificación o dirección unitaria”.
Por otra parte, lamentó las demoras y obstáculos que sufre la instancia de diálogo convocada por la Conferencia Episcopal, el Defensor del Pueblo y bancadas parlamentarias, “que sufrió varias suspensiones y en las actuales circunstancias dudosamente podría llegar a resultados aceptables porque requiere la voluntad de todas las partes inmersas en el conflicto, pero el gobierno responde con empleo de la violencia y desprestigia a los interlocutores de la COB y de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, lo que genera mayor desconfianza entre los sectores movilizados”.
Así las cosas, los comunistas bolivianos subrayaron que “a pesar de proposiciones tardías que hace el gobierno, como un reajuste ministerial u ofertas de coparticipación, no varía la demanda generalizada que constituye la renuncia presidencial y sólo ella podría lograr el levantamiento de las medidas de presión”. Adelantándose a una hipótesis posible, señalaron que “en caso de prolongarse la nueva coyuntura de relativo ‘vacío de poder’, advertimos que propiciaría la activación de corrientes regresivas y fascistas de la oligarquía oriental, y tampoco cabe descartarse la opción del Ejecutivo para declarar Estado de Sitio, sea o no regional, como penúltima carta, abriendo el cauce a la fascistización represiva, o inclusive su transferencia del poder al Alto Mando militar como ocurrió en el Mamertazo de 1951”.
En tal contexto, resaltó el Partido Comunista de Bolivia, “resulta fundamental examinar las principales y diversas lecciones de la presente situación del país luego de más de un mes de bloqueos y movilizaciones, respecto a las tareas del movimiento obrero, campesino y popular de aquí en adelante”, al tiempo que “no pueden pasarse por alto en esta problemática varios factores externos como la injerencia de gobiernos vecinos afines a la ideología neoliberal, a título de ayuda humanitaria, así como la actuación de los servicios de inteligencia en especial de la embajada norteamericana y el Mosad”.
En otro de los pasajes de su declaracion, el PCB hizo alusión a que “se ha revelado como factor de impacto en la esfera política, la actuación de carteles del narco en nuestro país, así como la reiteración de casos de ajustes de cuentas”. Tras lo que agregó que “el espacio de resistencia colectiva que fue generado por el Cabildo de la COB del 1° de mayo, se ha constituido en una oportunidad sustancial para impedir unitariamente la imposición del modelo de ajuste neoliberal y para desarrollar el Bloque Nacional Popular conformando su propia alternativa política con organicidad y dirección idóneas”. Sobre este aspecto, sumó como dato a tener cuenta que “en la compleja coyuntura que atravesamos, el PCB y las fuerzas de izquierda recogemos la experiencia de situaciones de transición como las de los gobiernos de Wálter Guevara Arza, Lidia Gueiler, Hernán Siles Zuazo en la conciencia de que el neoliberalismo, la derecha proimperialista y oligárquica propician salidas políticas favorables a sus intereses estratégicos”.
En consecuencia, puso énfasis en que “la lucha presente es para frenar la restauración neoliberal que pretende implementar el actual gobierno y contra cualquier régimen político que emerja de la crisis, por lo que la resistencia masiva actual debe mantenerse persistiendo en la generación de una alternativa unitaria de poder popular, que constituye la línea fundamental antiimperialista y antioligárquica a seguir en el presente período y la coyuntura compleja que vivimos”.
