El dirigente del Partido Comunista de Chile, víctima de lawfare, abandonó ayer el penal donde estaba recluido desde hace tres meses. “Los cargos de la Fiscalía fueron desmoronados”, recalcó el integrante de su equipo de abogados, Hugo Gutiérrez.
Después de tres meses de permanecer detenido en el Anexo Pernitenciario Capitán Yáber, ayer lunes el dirigente del Partido Comunista de Chile, Daniel Jadue, pudo abandonar la cárcel a poco de que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago accediera a modificar la prisión preventiva que le impuso el 3 de junio, por lo que quedó bajo un régimen de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la Municipalidad de Recoleta que lo tuvo como alcalde hasta el momento en que fue apresado, víctima de lo que representa un claro ejemplo de lawfare.
Es que Jadue acabó tras las rejas a raíz de una maniobra por la que se lo acusa de cometer delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco, estafa y delito concursal ¿Pero por qué? La respuesta es que como titular de la comuna de Recoleta fue el creador de una red denominada “Farmacias Populares”, que no hizo otra cosa que vender a precios más accesibles medicamentos y otros productos sanitarios, lo que planteó una competencia que las cadenas comerciales que concentran la actividad farmacéutica nunca toleraron.
Nunca se lo perdonaron. Pero tampoco lo hizo la poderosa corporación inmobiliaria, cuando Jadue implementó un sistema de viviendas populares que permite el acceso de trabajadores a la casa propia y a un precio menor del que infla esa misma corporación, que es la misma que ahora lo tiene en la mira.
Con estos antecedentes, no hace mucho, la defensa de Jadue hizo una presentación en la que se plantea que se asiste a un claro caso de prevaricación. En ese texto apuntó contra los querellantes de este caso, en particular la abogada María Paz Guerra, quien es hermana del ex fiscal Manuel Guerra, que ejerció como titular de fiscales en el mismo periodo de tiempo con Andrés Montes, pareja de la fiscal persecutora de Jadue, Giovanna Herrera Andreucci.
Asimismo, advirtió que la fiscal Herrera Andreucci, prevaricó en conjunto con los abogados querellantes de Best Quality y sus dueños, quienes serían parte de una banda delictiva que vende permisos de circulación, licencias de conducir, drogas y armas. Y añadió que esto fue utilizado por la fiscal para “armar” un caso en contra del alcalde comunista.
"Estoy muy contento, por fin se restableció el derecho", sostuvo Jadue al salir de la prisión (Foto) y resaltó su satisfacción "con este fallo", ya que "no dio por acreditado la comisión de ningún delito ni mi participación en ello". Y fue claro al remarcar que "ahora a demostrar mi inocencia, y sólo lamentar todo el maltrato de todos los que se han ufanado y los que han festinado la pérdida de la libertad de cualquier ser humano".
Por su parte, el abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, destacó que “lo más importante es que el tribunal logró ver, con los nuevos antecedentes entregados a la causa, que no había ninguna posibilidad de que Jadue fuera inmerso en una supuesta estafa, que el engaño no le corresponde, que las últimas declaraciones acomodaticias que intentaron usarse en su contra no pueden ser validadas, que quién dice ser estafado nunca lo fue".
Y añadió que “este tipo de largas formalizaciones normalmente fijan trazos muy gruesos, pero en la medida en que se va entrando en detalles, un tribunal profesional se da cuenta que no ha habido estafa, no hay como sostener una administración desleal, que hay pruebas que han sido amañadas, que hay horas de metadatos que han sido manipuladas y que hay personas que antes de presentar la querella habían recibido más de quinientos millones de pesos". Y en la misma sintonía, el integrante del equipo de abogados de Jadue, Hugo Gutiérrez, no dudó al señalar que “hoy los cargos de la Fiscalía fueron desmoronados”.
