Perú, otra vez sopa

Durante todo el fin de semana, Lima y otros puntos de Perú, fueron escenario de movilizaciones de diferentes sectores que coinciden en repudiar el golpe perpetrado por el Congreso que acabó con la Presidencia Castillo y en que los actores que confluyeron para viabilizarlo, persiguen el intento de que se perpetúe el diseño político-institucional que se instauró con el gobierno presidido por Alberto Fujimori.

La historia del final de Castillo en Casa de Pizarro, comenzó a escribirse el miércoles pasado cuando el Congreso debía expedirse sobre la tercera moción para derrocarlo que se solicitó desde que asumió el 28 de julio de 2021. Como sucedió en los intentos anteriores, esta vez y al menos en el poroteo previo, quienes impulsaban la destitución no lograban juntar los votos necesarios.

Pero pese a esto, durante esa jornada Castillo anunció la disolución del Congreso y declaró el Estado de Emergencia que lo habilitaría a gobernar por decreto, así como el estado de sitio y la convocatoria a elecciones constituyentes para modificar la carta magna que rige desde 1993 como legado de Fujimori.

El texto de esa Constitución fue diseñado para que la clase capitalista que actúa en Perú, tenga herramientas que le permitan obturar cualquier intento gubernamental que roce sus intereses. Por eso es que, en un sistema presidencialista,otorga excesivas facilidades para que el Parlamento sea capaz de obstaculizar y reducir el margen de acción del ejecutivo.

Esta paradoja nada tiene de casual y es la que lleva a que durante los últimos cuatro años la Casa de Pizarro haya visto jurar a seis presidentes, mientras que amparados por la Constitución fujimorista y un sistema tributario que los beneficia, la clase capitalista que actúa en Perú es cada vez más rica, pero esto no se condice con la generación de puestos de trabajo de calidad, tal como lo destaca un relevamiento del Programa de la ONU para el Desarrollo que fue publicado a mediados de año por Forbes.

Ahí se advierte que la mayoría de este crecimiento patrimonial se concentra en los sectores financiero, extractivista, telecomunicaciones, medios digitales pagos y salud prepaga.

Para completar el panorama, se puede citar un trabajo realizado por el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam) y el Instituto de Estudios Peruanos, denominado “Encuesta nacional de percepción de desigualdades”. El resultado es claro: el 72 por ciento del universo consultado califica como muy grave a la desigualdad que hay en Perú entre los que son muy ricos y aquellos empobrecidos, pero también da cuenta de que un tercio considera que cuanto más morocho se es, menos posibilidades se tienen.

Este es el telón de fondo que tiene la decisión del Congreso que, el mismo miércoles, respondió a los anuncios de Castillo votando un pedido de vacancia que acabó con un gobierno que, a esa altura, ya se había quedado sin respaldo parlamentario, algo que evidenciaron incluso los representantes de la coalición que lo llevó a la Presidencia.

Y fue precisamente su vicepresidenta, Dina Boluarte, la encargada de la estocada final. Aunque poco antes había dicho que no iba a suceder a Castillo si avanzaba el pedido de vacancia, el sábado juró como la primera presidenta que tiene Perú, para lo que eligió a un gabinete técnico y de consenso con las fuerzas que actuaron como instrumentos de un golpe cuyas motivaciones se vuelven más comprensibles si se leen lo que venían reclamando diarios y portales “económicos” que se publican en Perú.

“No hemos sido capaces de darles confianza a los inversionistas”, editorializaba hace un mes la Cámara de Comercio de Lima y demandaba “por un lado, un clima propicio para las reformas y, por otro, una certeza jurídica”, mientras que pocas horas después del golpe, su titular Peter Anders señalaba que “este último gobierno fue de lo peor y es lógico por la calidad de gente con la que se rodeaba”, tras lo que aseveraba que con profesionales del establishment “las cosas podrían ser distintas”.

Pero no sólo esto. También fue contundente cuando, como para marcarle la cancha a Boluarte y al Congreso, advirtió que “para contribuir a dar confianza es necesario que dejen de sacar normas populistas que terminen afectando, por ejemplo, el mercado laboral y las reglas de juego”.

Va quedando claro de qué van las reformas que exigen quienes están detrás del golpe, que además saben que cuentan con la Constitución fujimorista como garantía del actual estado de cosas, pero también para avanzar con su agenda de demandas.

Posiciones

Así las cosas y mientras se suceden las movilizaciones y la represión policial, quienes resisten el golpe, coinciden en que el problema de fondo es la Constitución fujimorista y, por lo tanto, en que es preciso que se construya unaasamblea constituyente que se ocupe de diseñar una que la reemplace.

En esto aparecen juntos el Partido Comunista de Perú (PCP) y la Confederación General de Trabajadores que asimismo instan a que Boluarte avance hacia una reforma tributaria y una reforma del sistema electoral, así como a que cierre el Congreso, medidas que difícilmente vaya a implementar la actual presidenta. Y también reclaman que convoque a elecciones anticipadas, algo que Boluarte dijo que no piensa hacer.

Por su parte, desde una mirada mucho más crítica, el Partido Comunista del Perú Patria Roja (PCP-PR), calificó a la decisión adoptada por Castillo el miércoles pasado, como “una medida irresponsable, provocadora, aislada de los sectores populares” y lamentó que “el breve gobierno continuista, mediocre y corrupto de Castillo, no hizo más que fortalecer a las fuerzas reaccionarias y conservadoras”.

Asimismo rechazó “los intentos golpistas de uno y otro lado”, ya que “ambos están ampliamente deslegitimados por el pueblo”, tras lo que hizo hincapié en que las razones de la crisis están “en las bases del caduco modelo institucional neoliberal”, por lo que postula que es preciso que se convoque de forma inmediata a elecciones generales y a un referéndum que designe a quiénes deben ser protagonistas de una asamblea constituyente.