Al final, la factura del fiasco del sábado la pagó Ocampo. Macri respira hondo y se prepara para el G-20. Mientras tanto, el negocio del fútbol sigue siendo escenario donde delito y poder son una sola cosa.
Ayer, Mauricio Macri anunció que va a incluir en el temario que el Congreso debatirá en sesiones extraordinarias, un proyecto de ley tendiente a “combatir la violencia en el fútbol”, que apunta a que los jueces puedan encuadrar de forma más efectiva delitos perpetrados en el contexto de espectáculos deportivos.
La iniciativa que el ejecutivo envió durante 2016, pero que el Congreso nunca debatió, vuelve a ponerse sobre la mesa después de que se suspendiera la segunda final de la Copa Libertadores, tras el ataque que sufrió el micro que transportaba al equipo de Boca.
Este no es el primer proyecto que va en tal dirección. Corría 1985 cuando se aprobó la Ley 23.184, a instancias de la iniciativa del entonces senador Fernando De la Rúa, que estableció condenas de un mes a seis años para los responsables de “hechos que se cometan con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo en estadios de concurrencia pública o inmediatamente antes o después de él”.
Ocho años más tarde, una modificación de la norma aumentó las penas y estableció responsabilidad civil y la posibilidad de que se clausure el estadio donde se produjeran incidentes de este tipo. Y, en 2008, otra habilitó a los jueces a disponer medidas cautelares para impedir que los acusados por estos delitos estén a menos de quinientos metros de donde se realiza un espectáculo deportivo.
La historia de la Superfinal comenzó cuando el presidente reclamó, públicamente, que el partido se jugara con público visitante, algo que llevó a su ministra de Seguridad a jactarse: “si podemos organizar el G-20, podemos jugar con las dos hinchadas”, aseveró Bullrich.
Pero, como se suele ocurrir en el Universo Cambiemos, “pasaron cosas” y sobre esas “cosas”, el pato siempre lo tiene que pagar otro.
El sábado quedó expuesto ante millones de televidentes el ataque contra el micro que llevaba al equipo de Boca, la brutal represión contra personas que nada tuvieron que ver con la agresión –los gases policiales afectaron a jugadores xeneises- y la presencia de una zona liberada en la que, durante varias horas, se perpetraron robos y destrozos.
Por eso es que el domingo, mientras Macri seguía disfrutando de su enésimo período de descanso -esta vez en Chapadmalal- a Horacio Rodríguez Larreta no le quedó otra que poner la cara y bancó a su secretario de Seguridad.
Pero al día siguiente, Macri habló y dijo que la responsabilidad es del jefe de Gobierno. Ni lerdo ni perezoso, Rodríguez Larreta pateó la pelota para abajo y echó a Martín Ocampo, aunque aclaró que la culpa de todo era de los barrabravas.
Así, el Staff Cambiemos pretende cerrar un episodio que -al menos- lo pone incómodo en la antesala del G-20. Lo hace con una invocación a que “la justicia” se encargue de todo y con una aparición tribunera del propio Macri, que reenvía al Congreso un proyecto que poco puede aportar a solucionar una situación que supera el contexto futbolístico.
Así, mientras el mundo virtual dividía aguas entre el si se debe o no jugar la final, en el real asesinaban a Rodolfo Orellana y Marcos Soria, se llevaban puesta la Unicaba y el FMI felicitaba al gobierno porque, al parecer, ajustando es mejor que a la hora de garantizar que un micro con jugadores de Boca pueda llegar entero a la cancha de River.
De barrabravas y fiscales
Lo del sábado volvió a poner sobre el tapete el peligro que implica el autogobierno de las fuerzas policiales -nacionales y de la Ciudad-, pero también deja puntas muy sugestivas que hablan de connivencia entre gobierno, dirigentes de fútbol y bandas que controlan parte del negocio asociado a este espectáculo deportivo.
Un día antes del ataque al micro, en un sorpresivo operativo policial en la casa de Héctor Caverna Godoy, se secuestraron más de diez millones de pesos, quince mil dólares y trescientas entradas para la final que debía jugarse en cancha de River.
Godoy pertenece a Los Borrachos del Tablón, barrabrava del Millonario que estuvo liderada por Adrián Rousseau y Alan Schlenker y que, desde la Presidencia de José María Aguilar, se benefició con empleos dentro de la estructura del club.
Antes de esto, Godoy había sido citado a indagatoria junto a cuatro directivos de River, como imputados de formar parte de una asociación ilícita dedicada -entre otras cosas- a la reventa de entradas para financiar a la barra brava. Los directivos son Juan Carlos Amabile, Diana Paterno, Gabriel Di Girolamo y Gabriel Marcilli.
Según señalaron fuentes de la investigación, las entradas secuestradas el viernes eran para barrabravas ¿pero para quién eran los diez millones de pesos y los quince mil dólares?
La idea de una zona liberada alrededor de la cancha, sobrevuela las principales hipótesis que intentan explicar lo que pasó el sábado. Pero también vuelve a poner en el ojo del huracán sobre la connivencia entre estas bandas que rodean el negocio del fútbol, los poderes del Estado y las fuerzas policiales.
Es verdad que esto no es exclusivo del actual gobierno, pero también es cierto que el Staff Cambiemos exhibe una cercanía importante con el universo de este negocio.
Ahí están desde Javier Ibáñez, que antes de despedir a 250 trabajadores del Inti se destacó como barrabrava de Atlanta, hasta el propio Macri. La lista que incluye a Diego Santilli que -al parecer- espera seguir los pasos de su padre que fue presidente de River y Rodríguez Larreta, también hijo de otro presidente, en este caso de Racing.
Es que es imposible imaginar a Macri en La Rosada sin su paso previo por Boca, donde tuvo una gestión de doce años en la que se rodeó de parte de lo que después sería su equipo al frente de la Jefatura de Gobierno y la Presidencia. Ahí, entre otros, estuvieron los fiscales Carlos Stornelli y Raúl Pleé.
En 2012 se hizo un documental producido para Canal+ de España por el periodista, Jon Sistiaga, que es revelador respecto al papel que estos funcionarios tenían por entonces en el club de la rivera.
En el documental aparece entrevistado Rafael Di Zeo, por entonces jefe de los hinchas caracterizados de Boca. Ahí Sistiaga relata cómo su interlocutor interrumpe la entrevista al recibir un llamado por su móvil. Antes de atender le muestra el celular donde, según el periodista, se ve que el llamado es de Stornelli, quien era en ese momento responsable de la seguridad de club. “Lo bueno no es tener el poder, sino tener el teléfono de quien lo tiene”, dice Di Zeo quien por orden judicial tenía una restricción para ingresar a la cancha.
En otra parte del documental -está en youtube- el que aparece es Pleé quien era segundo a cargo de la seguridad de Boca. En una visita guiada por el field de La Bombonera, responde a la pregunta de Sistiaga sobre las banderas y la barrabrava: “ellos tiene una marca (la 12) y supongo que como cualquier dueño de marca, la comercializan”, señala el fiscal de Cámara de Casación Penal.
Pasaron seis años y la leche volvió a derramarse a minutos de que debiera jugarse la final de la Libertadores y a menos de una semana del G-20. Por eso, con cara de yo no fui y flanqueado por los ministros de Justicia y Seguridad, Macri salió a tirarle la pelota a Rodríguez Larreta que, para salvar al rey, sacrificó a Ocampo.
Se vuelve difícil saber quién le hizo la cama a quién, hasta donde pesa en este episodio el autogobierno policial y la impericia o los factores de poder que quieren arrastrar al fútbol a un esquema de sociedades anónimas, iniciativa que tiene como principales operadores a la massmedia hegemónica y al propio Macri.
Pero lo cierto es que como en pocos casos, el fútbol reducido a mercancía, exhibe una de las caras más patéticas del Estado Liberal Burgués y su simbiosis con el poder corporativo que pone a algunos de sus mejores jugadores, pero no justamente para correr detrás de la pelota.
