Marcela Belardo, investigadora del Conicet y docente universitaria, analiza la situación del sector científico y universitario en el marco de “la destrucción de lo público”. Sostiene que el ataque a la ciencia y la universidad se trata de “un ataque planificado contra sectores estratégicos de trabajadores calificados, con tradición organizativa y capacidad de resistencia” y hace hincapié en que “no hay posibilidad de defender ningún derecho de manera sectorial”.
Las antorchas del 26 de junio se encendieron desde Cuyo hasta La Plata, desde Tres de Febrero hasta decenas de universidades nacionales. Pero todas convergieron simbólicamente en el Palacio Pizzurno: el búnker desde donde la Secretaría de Políticas Universitarias planifica y ejecuta el desmantelamiento de la educación superior. Porque Milei no solo ataca a la universidad pública: también desmonta la ciencia y la tecnología, desfinancia los hospitales públicos y avanza sobre el Estado en su conjunto, a cara descubierta y con orgullo ideológico. No hay engaños ni disimulos. Sandra Pettovello y Carlos Torrendell no mienten cuando hablan de “ordenamiento”: están organizando y ejecutando la destrucción.
Los números son elocuentes. Según estimaciones del Frente Sindical, el 10% de los docentes universitarios ya abandonó el sistema. El presupuesto proyectado para 2025 será el más bajo desde 2006, y la inversión por estudiante, la menor desde 2005. La pérdida salarial ha empujado a más del 70% de los trabajadores universitarios por debajo de la línea de pobreza. Desde 2023, el sistema acumula una caída presupuestaria del 33%, en coincidencia (no casual) con el período de mayor transferencia de recursos al sector financiero.
Pero estos no son números fríos: cada renuncia representa años de formación desperdiciados, investigaciones truncas, vínculos rotos con estudiantes, equipos desarmados y becarios (profesionales en formación) cuya carrera académica queda interrumpida. El éxodo al exterior crece de forma acelerada. Aunque aún no hay cifras oficiales, quienes regresamos recientemente desde el extranjero lo vimos con claridad. En mi caso, desde China fue evidente: nunca hubo tantos argentinos solicitando becas y estancias de investigación, buscando formas de sostener sus líneas de trabajo y de preservar vínculos con universidades que sí cuentan con los recursos necesarios para investigar, formarse y producir conocimiento. Docentes chinos, sorprendidos, me preguntaban: “¿Qué está pasando en Argentina? Nunca recibimos tantas solicitudes de argentinos”. La respuesta, para nosotros, es obvia.
La situación en el sector salud revela otro ángulo del mismo proceso. Lo que ocurre en el Hospital Garrahan es solo la punta del iceberg. El éxodo sanitario, que creció tras la pandemia, hoy se intensifica. Profesionales emigran de América Latina hacia Europa (sobre todo a España), mientras en el mismo continente se repite la migración desde el sur hacia el norte, en busca de mejores condiciones laborales, menos horas de trabajo y mayor estabilidad. Argentina no es una excepción: es parte de esta lógica global, pero con una velocidad de descomposición inédita desde la llegada de Milei.
En este contexto, el proyecto de ley de financiamiento universitario ayuda a poner en evidencia la política real. Mientras las transferencias para salarios docentes y no docentes aumentaron apenas un 103%, la inflación (IPC) lo hizo un 179%. Y si se compara con el crecimiento del ingreso tributario nacional, las partidas asignadas al sistema universitario se redujeron en un 50%.
Esto no es negligencia: es cálculo. Es la ejecución meticulosa de lo que Pettovello ya había anunciado: si no hay fondos, que salgan a la calle. Hoy, con una pérdida salarial del 91%, el mensaje del gobierno es claro: no busca soluciones, busca nuestra capitulación. Bajo las órdenes del FMI.
La destrucción de lo público (y en particular del sistema universitario y científico) no es casual ni improvisada. Es un ataque planificado contra sectores estratégicos de trabajadores calificados, con tradición organizativa y capacidad de resistencia. Ya lo vivimos en los 90´, lo enfrentamos bajo el macrismo, y lo resistimos hoy. Pero ninguna respuesta será suficiente si se fragmenta. La articulación amplia entre sectores es condición para cualquier victoria. Este no es solo un ajuste: es un proyecto de disciplinamiento social que busca quebrar los marcos que aún sostienen la idea de lo público como derecho.
El intento (revertido judicialmente) de eliminar el Día del Trabajador Estatal muestra hasta dónde llega la voluntad de deslegitimar el trabajo estatal como forma de labor socialmente valiosa. Y con ello, debilitar la posibilidad de organización colectiva.
Tras un año y medio de gobierno, el patrón se hace evidente. Se avanza en varias direcciones a la vez: 1. Una precarización masiva que socava derechos y destruye expectativas; 2. La producción deliberada de desesperación y desesperanza, para forzar a aceptar condiciones impuestas por el sector privado o directamente empujar a la migración; 3. La fragmentación de la resistencia, tanto entre sectores como dentro de cada uno, promoviendo divisiones internas y debilitando la solidaridad de clase; 4. La eliminación de las condiciones de estabilidad que históricamente hicieron posible una organización sindical fuerte.
La fragmentación del campo popular se expresa de manera descarnada en las disputas intestinas de las conducciones sindicales, muchas veces más ocupadas en preservar su "quintita" de poder descuidando los problemas reales de sus representados. Esta desconexión entre dirigencias y bases no es un fenómeno aislado sino parte de una crisis más profunda de representación política. El sentimiento popular de que "son todos iguales" y "vinieron a robar" se ha instalado como verdad de época. La bajísima participación electoral en la Ciudad de Buenos Aires y en varias provincias no refleja apatía sino desencanto y hartazgo que expresó absteniéndose.
Esto es precisamente lo que permitió el fenómeno Milei, quien supo canalizar el hartazgo antisistema de un sector amplio de la población, presentándose como el "outsider" que venía a dinamitar la política tradicional.
En este contexto, las representaciones tradicionales (tanto sindicales como políticas) están mayoritariamente impugnadas. Y en lugar de reconocer esta crisis, se refugian en disputas internas, mientras la realidad las desborda y el neofascismo avanza sin un resistencia que le tuerza el brazo.
El proyecto de ley de financiamiento universitario (y la táctica de interpelar al Congreso) puede ser una herramienta útil en tanto expone el vaciamiento al que ha sido sometido el sistema universitario y visibiliza las necesidades concretas para sostenerlo. Permite trasladar el conflicto desde las calles al recinto parlamentario, tensiona las contradicciones dentro del bloque dominante y fuerza a los sectores políticos a tomar posición. También habilita canales de interlocución que, aunque limitados, pueden servir para ampliar la base de apoyo y politizar el ajuste frente a la sociedad.
Pero no podemos tener ilusiones: exigir presupuesto dentro de un régimen que se apoya en la precarización estructural y la transferencia de recursos al capital financiero no resuelve el problema de fondo. Este gobierno no vino a “ordenar” las cuentas; vino a profundizar la desigualdad, desmantelar lo público y someter cada derecho al mercado. La lucha por el presupuesto es imprescindible, pero sólo adquiere sentido en una estrategia más amplia de confrontación, que exige organización popular, unidad en la acción y un horizonte de transformación social.
No hay posibilidad de defender ningún derecho de manera sectorial. La lucha por la universidad pública, la ciencia, la salud, las jubilaciones o el trabajo digno no puede darse de forma aislada: necesita articularse con todos los sectores de los trabajadores. Enfrentar la avanzada neofascista exige construir una respuesta colectiva desde una perspectiva de clase. Si cada espacio se repliega en una lógica defensiva y corporativa, solo habrá derrotas. No alcanza con reclamar lo propio: hay que disputar el sentido mismo de lo público y de lo colectivo. Y para eso, necesitamos más que argumentos. Necesitamos organización, articulación y decisión para volver a disputar el futuro.
