Cumplido el primer mes de gobierno del Frente de Todos, resulta claro que los antagonismos se agudizan ante una derecha que muestra capacidad para defender los intereses de los sectores más concentrados. Bajo estas tensiones, el nuevo gobierno marcó un cambio de orientación con relación al macrismo, pero todavía resta mucho por hacer.
A un mes de la asunción del gobierno del Frente de Todos, el escenario político nacional parece articularse en torno a una serie de tensiones que dan cuenta de los desafíos políticos de la etapa. En concreto, nos referimos al difícil escenario en el que se encuentra la Argentina, producto del desastre económico provocado por la gestión Cambiemos: deuda externa agobiante, poder adquisitivo por el piso, desempleo, pobreza y hambre.
Frente a este panorama, el Frente de Todos comenzó por atender el problema más importante que tiene hoy la Argentina: el hambre y la carestía de la vida. Un mes resulta poco tiempo para evaluar el impacto de algunas de las políticas que comenzaron a implementarse, como el aumento por decreto a jubilados y beneficiarios de programas sociales, la tarjeta alimentaria, el bono para trabajadores privados, el relanzamiento del programa Precios Cuidados y el congelamiento de tarifas de servicios públicos, entre otras.
Como no podía ser de otra manera, estas medidas no solo demuestran un cambio de sensibilidad, sino que, principalmente, dan cuenta de una nueva orientación política en el país. Por ejemplo, después de cuatros años de macrismo, resignificar desde el primer día el rol del Estado y fijar nuevas prioridades es mucho más que un acto simbólico.
Sin embargo, es preciso señalar que estas primeras medidas son tan acertadas como insuficientes. A nadie se le escapa que en la Argentina lo que está en juego en el corto y mediano plazo es la forma en la que se sale de la crisis económica autogenerada por el anterior gobierno. Se trata, ni más ni menos de un interrogante que se ha vuelto popular en la historia nacional reciente ¿quién va a pagar la crisis?
Para esta pregunta la derecha ya tiene una respuesta. Es decir, desde el 11 de diciembre posee un programa de acción que consiste en cargar las tintas sobre el nuevo gobierno y defender los intereses de los grandes ganadores del período macrista: exportadores, empresas prestadoras de servicios públicos, los grandes grupos mediáticos y el sector financiero. Un claro ejemplo de que la derecha posee un programa de acción —que excede las capacidades y voluntades políticas de Macri como “figura” de la oposición— fue la defensa a ultranza de los sectores concentrados de la economía que realizó el bloque de diputados y senadores de Juntos por el Cambio frente a la Ley Impositiva que presentó Kicillof. El proyecto original enviado por el Ejecutivo a la legislatura provincial tenía en su primera formulación un sentido realmente progresivo. Obligado a negociar, el Frente de Todos no solo debió realizar algunas concesiones, sino que una vez aprobado y en la discusión particular de cada uno de los artículos, el bloque de Juntos por el Cambio introdujo modificaciones que beneficiaron a Cablevisión y a los 200 propietarios rurales más grandes de la provincia.
La derecha sabe que en Buenos Aires se juega una batalla importante, y que las posibilidades de éxito del gobierno nacional dependen, en gran medida, de lo que suceda en la provincia. Por eso no sorprende la virulenta campaña mediática en contra de Kicillof y la protección de la que sigue gozando la exgobernadora, María Eugenia Vidal.
En concreto, lo que atestiguó el debate de la Ley Impositiva en la provincia es la capacidad política de la derecha para ser oposición. Esta habilidad lejos de ser un detalle menor es uno de los datos para tener en cuenta para la etapa. Al histórico poder de lobby de los sectores concentrados de la economía, la derecha ahora también demuestra capacidad política para articular sus intereses y una poderosa capacidad de movilización, capacidades de las que, por ejemplo, careció durante gran parte del período kirchnerista.
Por consiguiente, no puede subestimarse la capacidad de acción y movilización de la derecha, como tampoco puede subestimarse el poder de fuego de las corporaciones financieras, mediáticas y agroexportadoras. Mucho menos cuando esta coalición tiene entre sus impulsores a la Embajada norteamericana. Pese a aquellos que auguraban una merma del intervencionismo yanqui durante la presidencia de Trump, lo que en los hechos viene sucediendo en los últimos años es un intervencionismo cada vez mayor en los países de América Latina a través de sus aliados locales, tal como sucede bajo diversas circunstancias en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Chile o Brasil, solo para nombrar algunos de los más importantes.
Avanzar, con movilización popular
El poder de lobby de los sectores concentrados de la economía y la capacidad de articulación política de la derecha solo podrá ser contrarrestado con iniciativa política, medidas económicas de fondo y movilización popular. Lejos de todo consignismo vacío, resulta claro que para salir de la crisis hay que afectar los intereses de aquellos sectores que poseen mayor poder de fuego para defender sus intereses, debido a su capacidad de organización y a la cantidad de recursos con los que cuentan para ello. Se trata de los grandes ganadores de la era Cambiemos, aquellos sectores que se beneficiaron con la política de altas tasas de interés, con la devaluación, los tarifazos, la baja de impuestos patronales y la apertura indiscriminada de las importaciones.
Por ello, como se planteó en el último Comité Central del Partido Comunista, ahora es necesario que el campo popular pase de la resistencia a la ofensiva política, para frenar ya la arremetida de la derecha. Este paso a la ofensiva debe basarse en un programa de gobierno que ponga el acento en atender con urgencia la situación económico-social, a través de una política económica expansiva del empleo y el consumo, para lo que será necesario afectar algunos intereses importantes.
La política económica del gobierno se encuentra condicionada por el impresionante peso de la deuda externa. En ese sentido, las negociaciones con el Fondo Monetario —que se estima se estirarán hasta fines de marzo— adquieren vital importancia a la hora de delinear el futuro del programa económico. Que la Argentina tiene su soberanía económica lesionada producto de la política financiera del gobierno de Macri, no quedan dudas. Pero ahora lo que hay que fijar son las nuevas prioridades, sobre quienes va a recaer el peso de costear las políticas sociales y económicas necesarias para reactivar la economía.
En ese sentido, es importante instalar la discusión sobre la legitimidad de origen de la deuda contraída con el FMI y sobre el destino que se le dio a los casi 57 mil millones de dólares que recibió Macri en poco más de un año ¿A dónde fue a parar todo ese dinero? ¿No es acaso información fundamental para encarar la discusión con el Fondo?
Tampoco ha habido en este primer mes definiciones sobre la nueva política tarifaria, un asunto que se volvió de primer orden en todos los hogares del país. ¿Los usuarios deberán seguir destinando gran parte de sus ingresos a pagar servicios prestados por empresas privadas que han multiplicado como nunca antes su tasa de rentabilidad?
Estas preguntas resumen apenas algunos de los interrogantes de la etapa. Para enfrentarlos, es preciso afianzar e incrementar la organización popular. Es imposible que los sectores populares pueden mejorar sus condiciones de vida y que el país supere la crisis económica sin afectar los intereses de los grandes ganadores de la política económica del macrismo.
Por ejemplo, en los cuatro años de gobierno de Macri los bancos obtuvieron más del doble de ganancias que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, siendo aquella una etapa de expansión para el sistema financiero en la Argentina. En el mismo período macrista, energéticas como Pampa Energía de Marcelo Mindlind o Central Puerto de Nicolás Caputo, multiplicaron por diez sus ingresos. A su vez, los agroexportadores se beneficiaron con una devaluación del 537 por ciento.
Queda claro que es en estos sectores donde deben concentrarse todos los esfuerzos para superar la emergencia económica.
El punto de partida no está exento de complicaciones, pero es positivo. La unidad expresada en el frente electoral de Todos es un ejemplo de los pasos a seguir en toda la región. Los pueblos de América Latina, que desde el sur del Río Bravo a Tierra del Fuego se vienen movilizando contra la avanzada neoliberal y las políticas reaccionarias de la derecha fascista, no admiten fracasos. En ese contexto, el nuevo gobierno del Frente de Todos asumió con el imperativo de resistir a las políticas imperialistas en la región y pasar a la ofensiva en materia económico y social.
Frente al difícil escenario internacional y la debilidad de la economía nacional tras cuatro años de políticas de ajuste leoninas contra el pueblo, las primeras medidas enmarcadas en la emergencia económica demuestran un cambio de orientación en la política del Estado nacional frente a los problemas de los sectores populares.
En ese sentido, cabe remarcar que el movimiento popular tiene también una responsabilidad muy importante. La responsabilidad de mantenerse movilizado, de sumar adhesiones a una política antiimperialista y anticapitalista, de plantear con claridad quienes son los enemigos del pueblo e impulsar medidas estructurales que den sustento material a las demandas de los trabajadores.
Para ello, resulta fundamental ganar las calles, materia en la que el movimiento feminista viene marcando el rumbo de la lucha popular de los últimos años.
