Se trata de familias trabajadoras que recuperaron hace 18 años el edificio social de la extextil Selsa. Allí, el PRO quiere construir un hotel junto al especulador inmobiliario, Leonardo Ratuschny
En una conferencia realizada ayer al mediodía, más de cien familias trabajadoras que viven en el edificio de Santa Cruz 140, en el barrio porteño de Parque Patricios, denunciaron que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Juzgado Civil número 60 a cargo del Juez Fernando Cesari están ultimando detalles para iniciar un desalojo, con el propósito de desarrollar en el lugar un importante negocio inmobiliario a cargo de Leonardo Ratuschny, un constructor de hoteles con probados vínculos con dirigentes del macrismo.
De esta manera, la justicia y Larreta se aprestan a dejar en la calle a más de 350 personas, entre ellos 131 niñas, niños y adolescentes, ignorando la vigencia del DNU 320/20 y su prórroga, que ordena la suspensión de desalojos en el marco de la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia.
Hay que recordar que allí donde residen estas personas funcionaba la sede social de la ex fábrica textil Selsa. El edificio, abandonado, fue recuperado en el 2002 por cientos de personas que lo reacondicionaron para vivir, en un país en el que el déficit habitacional afecta a más de cuatro millones de personas y en una ciudad en la que casi el 40 por ciento de la población no es propietaria de la vivienda que habita.
En la conferencia de prensa, los denunciantes sostuvieron que “la sed de dinero de un especulador inmobiliario como Leonardo Ratuschny, propietario de distintos ‘falsos hoteles’ que lucran con la necesidad habitacional de miles de vecinos y que cuentan con la complicidad política y financiera de Larreta, hacen que hoy los habitantes de Santa Cruz 140 reforcemos nuestra resistencia y lucha”.
Ciudad Pro
El desalojo promovido por Larreta y la justicia porteña en el edificio de Santa Cruz 140 coincide, no casualmente, con el proceso de gentrificación que afecta a muchos barrios porteños del sur de la Ciudad. En efecto, la gentrificación de barrios como Parque Patricio, La Boca y Barracas, por ejemplo, deja en evidencia el “modelo de Ciudad Pro” que el macrismo impulsa desde el 2007 en el distrito autónomo.
La tentativa de desalojo de las familias en el edificio recuperado no es un hecho aislado. Por el contrario, forma parte del modus operandi desplegado por el Jefe de Gobierno que estimula el negocio inmobiliario con amigos del Pro, tanto en terrenos fiscales —como en Costa Salguero o en Caballito al costado de Ferro— como en edificios y espacios privados. Para estos últimos, la Legislatura porteña viene realizando el trabajo fino de acomodar la normativa porteña a las necesidades de los grupos empresarios. Un fiel ejemplo de ello son las modificaciones del Código Urbano municipal realizada este mismo año en diversas sesiones.
Con las modificaciones al Código de Planeamiento Urbano y Edificación el larretismo-macrismo profundizó drásticamente el modelo de ciudad-empresa que viene imponiendo y desarrollando en la Ciudad de Buenos Aires. Diseñado a medida de las inmobiliarias y de las empresas constructoras, las sucesivas modificaciones al Código —la más importante votada en febrero de este año— habilitaron la construcción de departamentos de 18 metros cuadrados, cuando antes la medida mínima era de 28, y habilitó a la Ciudad a que autorice construcciones con materiales de inferior calidad. Por su parte, los consorcios ya no deben disponer de una vivienda para los encargados de edificios sino de un vestuario. Además, se reduce el tamaño de los baños y los sanitarios en shoppings, comercios y universidades y ya no será obligatoria la distinción por género.
El modelo de ciudad Pro no sólo configura un espacio público a disposición de los negocios de los empresarios inmobiliarios y de la construcción, sino que además profundiza —como era de esperar— la desigualdad histórica entre el sur y el norte de la ciudad. En la zona sur más del 20 por ciento de la población vive hacinada, casi el doble del promedio en el resto de Buenos Aires.
Es preciso recordar en este sentido un informe publicado por la Facultad de Ciencias Sociales (Fsoc) de la UBA en 2018, que confirmaba que bajo la gestión del Pro en la Ciudad las desigualdades entre el norte y el sur se profundizaron y que el déficit habitacional es una de las principales problemáticas que aquejan a los trabajadores porteños. El documento daba cuenta que, por ejemplo, en la Comuna I se da un fenómeno propio del modelo de ciudad Pro. En esta se registran, según datos de la investigación, los mayores índices de viviendas desocupadas y, al mismo tiempo, los mayores niveles de hacinamiento de la Ciudad.
En otras palabras, la Comuna I que comprende los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución, concentra en su seno la mayor cantidad de viviendas ociosas —que no pagan impuestos por ello y que su construcción se explica por el boom inmobiliario— y los mayores niveles de hacinamiento, especialmente en los barrios de Retiro, Constitución y Monserrat, que se explican por los precios de los alquileres y las condiciones leoninas impuestas por los propietarios a los inquilinos.
Así las cosas, el déficit habitacional es una problemática que se profundizó con la gestión del Pro, imponiendo un modelo de ciudad para pocos en un distrito cuyo PBI per cápita supera los 16 mil dólares, contra los poco más de tres mil dólares, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires.
