El sistema al rescate

Javier Milei sigue rompiendo mitos y, paradójicamente, lo hace con algunos que aparecen como banderas del liberalismo del que el ahora presidente intenta presentarse como una suerte de principal campeón global, ya que con la botonera que le suministra La Rosada lejos de ponerse al margen del proceso económico, encabeza una gestión que interviene con fuerza, por supuesto, siempre a favor del universo del capital.

Se trata de la misma persona que apenas investido como primer magistrado, derogó la Ley de Alquileres porque recalcó que “hay que entender que es un contrato entre partes”, pero que por medio de su ministro de Economía, Luis Caputo, se niega a homologar cualquier paritaria que decida una recomposición salarial superior al doce por ciento, con lo que se mete de lleno en un contrato suscripto entre privados.

En la misma línea se inscribe la emisión monetaria que sigue gozando de buena salud, ya que sólo durante el primer mes del Gobierno Milei, la base monetaria se amplió en alrededor de seis billones de pesos que el Banco Central empleó para pagar interés de sus pasivos remunerados, rescatar leliq y la compra de divisas para acumular reservas tal como lo instruye el FMI.

Además, quien como candidato que prometió cortarse un brazo antes que firmar un aumento de impuestos, ahora lo hace y a dos manos, algo que se verifica con sólo leer el proyecto de Ley Ómnibus que originalmente contaba con más de seiscientos artículos que después de la primera zaranda que le dio el Congreso se redujeron a 350 y que, tras su naufragio, ahora se pretende reflotar en un formato de 190 que es lo que se quiere presentar bajo el ostentoso título del Pacto del 25 de Mayo.

Y fue respondiendo a tal convocatoria que, algunos entusiastas y otros no tanto, un grupo de una veintena de gobernadores y algunos vices concurrió a la primera reunión preparatoria del Pacto, en la que se encontraron con el jefe de Gabinete y el ministro del Interior, Nicolás Posse y Guillermo Francos, que son los designados para lograr que los mandatarios provinciales instruyan a los legisladores sobre los que puedan tener influencia, para que antes de la fecha Patria, aprueben lo que hace menos de un mes rechazaron cuando le bajaron la persiana al proyecto de Ley Ómnibus.

Esta vez, aunque durante las doce horas previas a la reunión Milei no amenazó con mearlos ni insistió con que los senadores y diputados son ratas, tampoco pasó a saludar a los gobernadores, algo que en la lógica que el Presidente le impone a su relación con la humanidad, puede considerarse un honroso empate.

Más allá de esto cabe preguntarse hasta dónde puede más el pragmatismo que la autoestima y también hasta dónde esa falta de autoestima puede mellar la imagen de estos gobernadores y legisladores. Pero asimismo hasta dónde pesa en esa actitud sumisa, la abierta instrucción que el FMI viene dando cada vez de forma más explícita, al reclamar que sea el propio esquema de representación del Estado Liberal Burgués el que salga en auxilio de un presidente que disfruta ninguneándolo y humillándolo. Entre las exigencias del Fondo aparece la reimplantación de la cuarta categoría de Ganancias, lo que de efectivizarse llevaría a que vuelvan a pagar este impuesto, alrededor de ochocientos mil trabajadores, entre ellos, algunos de ingresos que hoy son medio-altos.

Sobre este punto, Francos fue incluso más allá que el propio Milei, cuando advirtió que en caso de que no puedan retrotraer la situación de Ganancias a octubre de 2023, la Anses va a descontarlo a quienes quedaron exentos durante el último trimestre de ese año al haber quedado afuera de la cuarta categoría, por la decisión adoptada oportunamente por Sergio Massa.

Esto incluye a cerca de un millón de trabajadores y de acuerdo al cálculo que hizo público el propio titular de la cartera de Interior, en ese escenario, a cada uno de los afectados le van a descontar algo así como medio millón de pesos, lo que equivale a porcentajes que van de la mitad a un tercio del salario mensual, según sea el caso.

Así las cosas, a la salida del encuentro, flanqueado por Osvaldo Jaldo y Rogelio Frigerio, Franco reiteró que las provincias no van a volver a recibir el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) ni el Fondo Compensador del Transporte. Eso fue el viernes, pero dos días antes el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, había recibido a los titulares de las carteras económicas provinciales, que reclamaron por la supresión de partidas para educación, transporte y obra pública. Ahí, el segundo al mando de Luis Caputo, fue claro cuando dijo que el Fonid fue eliminado y no hay macha atrás.

Pero nada de esto no alteró el rictus complaciente de los que cumplieron con su parte en este capítulo inicial de la historia del Pacto del 25 de Mayo, en la que no queda del todo claro qué es lo que ganan los mandatarios provinciales, pero sí se pone en evidencia que la Presidencia Milei gana tiempo (Ver El Pacto del 25 ¿viene asomando?), ya que dilata el momento en el que el Congreso trate el DNU 70/2023 que hasta la semana pasada tenía amplias probabilidades de ser rechazado por ambas cámaras. Y, así, puede continuar avanzando con todo aquello que ese decreto le autoriza a hacer, por lo que quienes siguen perdiendo son los trabajadores activos, jubilados y desocupados.

De momento Milei consiguió bastante: quedó acordada la conformación de un espacio de articulación política y económica entre gobernadores y Presidencia, en la que se pretende consensuar una síntesis del proyecto de Ley Ómnibus. A cambio, la zanahoria que se llevaron los gobernadores consiste en la promesa de medidas fiscales que podrían ayudar a mejorar las cuentas de algunas provincias, pero nada de fondo.

La propia cuenta de la red social X que posee la Oficina del Presidente, señala que ese paquete incluye una moratoria impositiva, modificación impuestos internos al tabaco y eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas. Y otro punto que quedó sobre la mesa, es el inherente a la puesta en marcha, desde abril, de una nueva fórmula de actualización jubilatoria, establecida en base a un ajuste mensual por inflación a lo que se prevé sumar un diez por ciento de recomposición, lo que va a situar el haber por debajo de la inflación registrada durante los primeros tres meses del año (Ver Pegarle al más débil).

La cuenta es sencilla, si de acuerdo al Indec de enero dejó un IPC del veinte por ciento y según el gobierno el de febrero fue de quince y el de este mes va a andar por ahí, el total de la inflación del primer trimestre ascendería al cincuenta por ciento, lo que va a implicar una pérdida de más de un treinta por ciento para los jubilados. Esto es porque a cambio de la inflación de enero, febrero y marzo, en el mejor de los casos los jubilados van a recibir sólo un diez por ciento de recomposición.

Además de la crueldad que representa esto, sobre todo en el caso de los adultos mayores a los que se empuja a la miseria, esta reformulación de la fórmula de actualización jubilatoria, más lo que quiere hacer el gobierno con la cuarta categoría de Ganancias, no es ni más ni menos que echar más combustible a las llamas de la recesión.

Y esto junto a la suspensión de la obra pública y la caída de los ingresos de los trabajadores a raíz del límite que le impone a las paritarias, va a profundizar más aún la merma en el consumo con la consiguiente afectación del comercio y la industria en el sector pyme, y la multiplicación de despidos. Este camino no puede llevar a otro lado que no sea la depresión de la economía, pero también a la profundización de un escenario de caída de la recaudación, ya que si se consume menos comida se paga menos IVA y, además, porque cuando el cinturón se ajusta hasta los límites que alcanza en estos días, pagar impuestos deja de ser una opción.

El corazón y la billetera

¿Pero y si le sale bien la movida? De acuerdo a lo que pudo saberse, hasta ahora lo que ofreció La Rosada a los gobernadores es poco y nada, pero en el universo de la política liberal burguesa siempre va a haber un roto para un descosido y no faltan quienes ven su oportunidad en un río tan revuelto como el actual.

Sin Presupuesto 2024, con un staff de gobierno que el Ejecutivo todavía no completó y un Congreso con dificultades para arrancar, la norma suprema de la que se vale la Presidencia Milei para gobernar es el DNU 70/2023 que está vigente desde fines de diciembre, salvo en el capítulo inherente a las reformas laborales, algunos artículos referidos a las Sociedades Anónimas Deportivas y modificaciones al Instituto Nacional de la Yerba Mate sobre los que pesan medidas cautelares.

Por complicidad o por falta de decisión de buena parte de los partidos que intervienen en el esquema de representación política del Estado Liberal Burgués, el DNU 70/2023 aparece como el pedestal desde el que La Rosada pretende imponer un barajar y dar de nuevo en el diseño socio-político del país. Y para esto cuenta con el visto bueno de la clase capitalista que actúa en Argentina, pero también con el FMI y otros actores globales que esperan su oportunidad de rapiña como las sociedades de inversión y gestión de activos con Black Rock a la cabeza.

De ahí que, tras los intentos fallidos que hizo con el proyecto de la Ley Ómnibus, es que la propia clase capitalista tomó el timón de la situación y no disimula sus gestos hacia La Rosada, pero también hacia una oposición friendly a la que le exige transigencia y que fundamentalmente aporte a la tarea de apuntalar un programa de gobierno diseñado desde el propio corazón de ese esquema de negocios, pero que es ejecutado con altos niveles de improvisación y falta de expertiz.

En esta tarea también se involucró el Fondo y el propio gobierno de EE.UU. quienes coinciden en advertir que si Milei sigue tirando mucho de la cuerda, se puede romper y como pasa cada vez que sucede algo así, una vez abierta la Caja de Pandora, podría peligrar el actual esquema que presenta a un gobierno amigable con la toma y el pago de deuda a cualquier costo.

En esta línea recientemente se pronunciaron Kristalina Georgieva, así como la subdirectora gerente y la titular de Comunicaciones del organismo, Gita Gopinath y Julie Kozack, pero también la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen. Y hasta el propio Domingo Felipe Cavallo, instó a que La Rosada busque descomprimir un poco la situación social, cuando reconoció públicamente que merced a las desregulaciones que impuso la Presidencia Milei, hay un puñado de empresas que “pegaron un saque exagerado a los precios”.

Se trata de los conglomerados que poseen el ochenta por ciento de la industria alimenticia, que mediante una estrategia de integración vertical y horizontal construyen una posición dominante desde la que imponen los precios, y son los mismos con los que -con algo de cinismo- se reunió la semana pasada el ministro Caputo para “hablarles con el corazón” aunque, claro está, que la respuesta siempre va a ser “con la billetera”.

Pero lo cierto es que mientras que pour la galerie, Caputo apela a la mesura del zorro en el gallinero, durante el primer trimestre del Gobierno Milei, en el conurbano bonaerense el precio de los alimentos se catapultó un 69,72 por ciento, de acuerdo a un reciente relevamiento del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana que se hizo sobre 850 comercios de cercanía de veinte distritos del esa región, donde una familia integrada por dos adultos e idéntico número de pibes precisaba 183 mil pesos para alimentarse durante noviembre de 2023 y ahora necesita 310.431.

Con este telón de fondo lo que quedó claro en la reunión a la que asistieron el viernes los mandatarios provinciales es que, más allá de tanta ida y vuelta, el gobierno no está dispuesto a negociar el ADN de lo que fue el proyecto de Ley Ómnibus, lo que se resume en estos puntos:

• Delegación de facultades del Legislativo hacia el Ejecutivo.
• Liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.
• Reformas Laboral y Previsional.
• Ley de Hidrocarburos que facilita que yacimientos de YPF pasen a manos privadas (Ver El Pacto del 25 ¿viene asomando?).
• Liquidación de los fondos fiduciarios.
• Blanqueo de capitales.
• Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones con el que se espera abrir a sociedades multinacionales de inversión y administración de fondos, como Black Rock, los sectores económicos más importantes del país como son la agroindustria, gas, petróleo, otros tipos de energía, minería, pesca e infraestructura.
• Declaración de la educación como servicio esencial con el consiguiente condicionamiento al derecho de huelga.
• Privatización de empresas estatales.

En este punto, vale señalar que el paquete de privatizables está conformado por Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio e Intercargo, mientras que en el caso de Nucleoeléctrica Argentina, Banco Nación y todas las empresas del grupo y Arsat lo que se pretende es la incorporación de capital privado. Y también se abre la posibilidad de que el Estado se deshaga de Aysa, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Sofse y Corredores Viales.

Mientras tanto, en la calle, la semana que acaba de pasar dejó varias señales claras. Una, la principal, sin dudas fue la movilización que una vez más tuvo como protagonista al movimiento de mujeres y disidencias que con epicentro en Buenos Aires se hizo sentir en todo el país (Ver La Plaza se iluminó de verde).

Este 8M, tal como antes lo fue la jornada de paro y movilización del 24 de enero, muestran que hay una respuesta en las calles y hablan de que de cara al 24 de marzo, es preciso trabajar y mucho en la tarea de construir una articulación que sea capaz de coordinar y concatenar las luchas en un programa que pueda sintetizar una salida que responda a las necesidades de un sujeto social agredido que cada vez es más amplio y dispar.

En este sendero, mientras que desde las dos CTA y la CGT comienza a hablarse sobre la posibilidad de un paro antes del 24 de marzo, se confirman datos alarmantes de cara a los próximos meses. Sobre esto da cuenta un reciente infirme que hizo pública la Unión Industrial Argentina, donde se indica que durante enero más de dos de cada diez fábricas cesantearon obreros, en lo que fue el segundo mes consecutivo con destrucción neta de puestos laborales, tendencia que se consolidó en febrero y tiende a profundizarse para los meses venideros.

Estos datos son corroborados por los que dio a conocer el Indec por medio de su Índice de Producción Industrial Manufacturero que en enero registra una caída interanual del 12,4 por ciento, algo que habla de la recesión que a sabiendas perpetra la Presidencia Milei. En este sentido, como era de esperarse, el rubro Alimentos y Bebidas se derrumbó con una caída del 6,4 por ciento, en tanto que Sustancias y Productos Químicos cayó un 12,1 y en el caso de Industrias Metálicas Básicas la merma fue de 19,3, Productos de metal 15,2, en Vehículos Automotores y autopartes 12, y en Prendas de vestir, cuero y calzado llega a casi el catorce por ciento.

Por su parte, en el caso de la construcción enero fue trágico, ya que la caída del índice de actividad exhibe una baja del 21,7 por ciento respecto a igual mes de 2023. En algunos casos como el del asfalto la cosa fue peor aún con un derrumbe del 61,9, en el del yeso un 40,6 y en el del hierro y aceros para la construcción del 38,6, mientras que para el hormigón la merma fue de casi el veinte por ciento.

Romper los límites

“Hay grandes posibilidades de que salga la Ley Ómnibus”, dijo entusiasmado quien hace dos semanas lideró la efímera rebelión de las autoproclamadas “Provincias Unidas del Sur” contra el poder central y “unitario” encarnado por La Rosada. Ignacio Torres, anticipó este punto tras salir del encuentro del viernes y sin dudarlo celebró el “cambio de actitud” del presidente que dos días antes había amenazado con mear a los gobernadores, lo que incluía a Nachito, pero también con cerrar el Congreso en caso de que los legisladores no hicieran aquello que el mandatario chubutense evalúa como muy probable que suceda.

Sin que la intención sea cargar las tintas sobre el gobernador de Chubut, su caso pero también el de la mayor parte de los mandatarios provinciales y del propio presidente Milei, exhiben con patética realidad hasta donde los gobernantes de las formaciones estatales liberal burguesas, no son más que cuadros intermedios puestos por y al servicio del capital. Y esto, incluso, va más allá de los enfrentamientos y conflictos que puedan aparecer a raíz de las disputas que se dan entre facciones de la clase capitalista (Ver El Pacto del 25 ¿viene asomando?).

Y esto es así ya que, a partir de que el capitalismo se convirtió como una economía-mundo, política y economía se mueven al ritmo de las necesidades de acumulación de la clase capitalista, esto es, de su afán por explotar recursos, personas y mercados. De ahí que aunque ahora mismo en Argentina se verifique una batalla en torno a la reformulación del esquema de representación política del Estado Liberal Burgués, ninguno de sus actores está dispuesto a sacar los pies fuera del plato y, lejos de eso, ante cualquier peligro de desmadre todos corren en auxilio de la estabilidad del sistema.

Queda claro entonces que lo que se pone sobre la mesa es la puja alrededor de un esquema de negocios, pero también que existe coincidencia en lo señalado en septiembre pasado un documento público de la Asociación Empresaria Argentina titulado “El sector privado es clave para el desarrollo”, en el universo del capital más concentrado que actúa en Argentina dibujaba su mundo ideal que se parece mucho al que intenta imponer la Presidencia Milei.

Ahí se hablaba de desregulaciones, libertad de precios, fomento del extractivismo, reforma laboral y jubilatoria, pero sobre todo de ajuste y todo esto forma parte también de la hoja de ruta que el FMI diseñó para nuestro país ¿Puede sorprender entonces que sean ese organismo y las corporaciones empresariales quienes se esfuercen en estos días por intentar que el gobierno exhiba una versión menos deschavetada que le permita evitar descarrilar, al menos, por errores no forzados?

La Libertad Avanza, más precisamente Milei y su núcleo duro, irrumpen y se hacen con las herramientas de Gobierno como consecuencia de cuatro décadas en la que el esquema de representación se fue vaciando desde la propia política liberal burguesa, cuyos actores lo redujeron apenas a un papel de gestor de lo existente que no es capaz de imaginar más allá de los límites que impone el capitalismo que son serios y crecientes.

Desde ese lugar, es desde donde se plantea que la actual situación de degradación, puede superarse perfeccionando el sistema político, algo que presumen que puede ser viable a partir de la recomposición del esquema de representación por medio de los partidos de orden, que son los partidos de Estado. Por eso es que mientras que las corporaciones empresariales reafirman el carácter simbiótico que poseen con el Estado Liberal Burgués, las centrales sindicales y el propio movimiento social presentan dificultades para articular un plan de lucha y un programa que sea capaz de agrupar todo lo que, con bastante espontaneidad, está apareciendo como resistencia que se construye desde abajo.

Pero también es por eso que el esquema de representación política busca reorganizarse, incluso, más allá o a pesar de Milei y, para ello, se apoya en referentes de su núcleo más estable como Miguel Ángel Pichetto. Y que, en esa búsqueda de certezas, tenga posibilidades de estabilizarse un proceso que amplía como pocas veces antes al sujeto social agredido y que, si se consolida, habrá retrotraído a la sociedad argentina a una situación similar a la de hace un siglo.

Entonces si el DNU puede continuar haciendo estragos y aunque sea retocado, en su esencia, el proyecto de Ley Ómnibus puede ser sancionado favorablemente, es porque hay un esquema de representación política que está dispuesto a viabilizarlo. Y esto es así porque ninguno de sus actores, jamás, va a problematizar las contradicciones y formas de dominación del sistema capitalista.

¿Es posible entonces romper con la cooptación que legitima las secuencias que impone ese modelo de dominación capitalista? ¿Será que sólo queda aspirar a que el objetivo sea perfeccionar la democracia liberal burguesa por medio de un esquema más participativo que acabe legitimado al Estado Liberal Burgués?

¿O será que acaso es momento de aportar a la reorganización de la lucha de clases, lo que implica un esfuerzo por devolver subjetividad política en un sentido colectivo a la clase trabajadora? Y reorganizar la lucha de clases no a partir de un criterio cuantitativo, ya que el concepto mismo de clase es cualitativo, ya que deviene de un carácter identitario forjado desde un desarrollo histórico, intereses comunes y prácticas colectivas.

Y esto puede ser clave cuando de la mano de fenómenos como el precariado, las fábricas y el espacio de trabajo en general dejan de ser el espacio de resistencia y lucha, al tiempo que la idea del individuo aislado y ensimismado ante la frustración y su propia consideración de los derechos conduce a la construcción de una masa crítica tan atomizada como efectiva, que es la que llevó a Milei a Casa Rosada.

Más allá de las contradicciones que entre discurso y gestión exhibe el actual gobierno, buena parte del esquema de representación sale a apuntalar al sistema político que está en una crisis que provoca una deslegitimación del Estado Liberal Burgués y sus instituciones, por lo que como otras veces, buscará salir del atolladero, modernizarlas y resetearlas. Esto está en su ADN ¿acaso también está en el nuestro o será mejor imaginar que es posible construir más allá de los límites del capitalismo? Y hacerlo, sobre todo, en un momento como el actual, en el que por más que se esfuercen en emparcharlo, resulta más fácil identificar las contradicciones últimas de los sistemas de dominación, algo que puede ser sustancial para encontrar sus fisuras y actuar sobre ellas.