A instancias del gobierno nacional, y con un amplio apoyo del arco opositor parlamentario, avanza la reconfiguración de estamentos claves del Poder Judicial. “Tal como lo hace con la reforma del Banco Central, el poder real busca blindar este sistema reforzado del capitalismo”, se advirtió desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
La semana pasada la Cámara Federal reconfigurada con los nombramientos impulsados por el gobierno de Javier Milei y apoyados por gran parte de los bloques legislativos opositores comenzó a devolver favores. Entre esos apoyos al listado confeccionado por el oficialismo, se contó el del kirchnerismo, aunque con su objeción para el caso puntual de Pablo Beruzzi, protagonista del armado de la “Causa Cuadernos”.
Como retribución a sus designaciones, Mariano Llorens y Bertuzzi dejaron que se cayera una causa por espionaje ilegal que tenía como imputado a Mauricio Macri. De igual manera, procedieron respecto a la denuncia en la que se había pedido la indagatoria del actual ministro de Economía, Luis Caputo, por negociaciones incompatibles con la función pública en las que aparece involucrado durante su anterior paso por el Palacio de Hacienda.
Pero no sólo eso, ya que ni lerdos ni perezosos, con los votos de Eduardo Farah y Bertuzzi de nuevo, quedó anulado buena parte de lo actuado en una investigación contra Martín Aguirre, quien fuera socio de Martín Menem en la financiera HTECH, acerca de la contratación de esta empresa por parte de la intervenida obra social de los peones rurales. La causa quedó atravesada por la sospecha de que se trató de una tapadera del oficialismo para quedarse con los recursos de Osprera, obra social de los trabajadores rurales y estibadores.
Poco antes, la propia Cámara Federal había beneficiado abiertamente a Javier Milei cuando confirmó la exclusión de los querellantes del caso $LIBRA, que involucra al Presidente y a su hermana y “jefe” Karina por esta megaestafa cripto. Asimismo, ratificó el pase a archivo de la investigación que oportunamente se iniciara sobre el préstamo que contrajo la Presidencia Macri con el FMI, algo que favorece a Caputo y a otro miembro del actual staff gobernante, Federico Sturzenegger, la flor y nata de la casta tomadora serial de deuda externa para favorecer la bicicleta financiera y la fuga de dólares, a contraprestación de recetas de ajuste que terminamos pagando los mismos de siempre.
También la Cámara Federal firmó otro sobreseimiento por el que puede festejar Mauricio Macri. Se trata del que surge de un expediente sobre espionaje ilegal abierto en mayo de 2020, cuando la entonces interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, denunció que al hacerse cargo del área de Inteligencia (ahora Side), al hacer un análisis de rutina de soportes tecnológicos del organismo, se encontró un disco rígido en el que se pudieron recuperar archivos borrados de correos electrónicos interceptados durante el gobierno macrista que pertenecían a dirgentes opositores e, incluso, a varios funcionarios de aquel gobierno.
Por su parte, Pablo Yadarola, uno de los ilustres visitantes a la mansión del británico Joe Lewis en Lago Escondido en 2022 para afianzar la ingeniería del lawfare con espías, directivos del Grupo Clarín y fiscales en defensa de los intereses del poder fáctico argentino o “círculo rojo”; causa que fue declarada nula a apenas diez días de comenzado el gobierno de Milei por el juez federal Sebastián Ramos, se tomó unos días de licencia antes de incorporarse formalmente a la Cámara a la que llega con el aval del mileísmo y de los senadores kirchneristas. Pero antes de abandonar el Juzgado en lo Penal Económico que lo tenía como titular, archivó la causa sobre las valijas no declaradas en Aduana que llegaron en el avión procedente Miami de la empresa OCP Tech, propiedad Leonardo Scatturice, lobista del gobierno en los Estados Unidos con un pasado orgánico en los servicios de inteligencia y dueño también desde 2025 de Fly Bondi. Valijas que, de este modo, nunca se va a saber qué contenían.
“Este gobierno viene ocupando alrededor de trescientos cargos que estaban vacantes, entre jueces, fiscales y defensores, que es aquello que comenzó a hacer el de Mauricio Macri y que no pudo concretar el de Alberto Fernández a raíz de sus propias disputas internas”, se explicó desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH). Claro que todos los cargos de esta estructura alineada de poder no tienen la misma importancia. “Los de Comodoro Py son fundamentales y hay otros relevantes como los de jueces federales en las provincias”, se recalcó desde la LADH.
En ese mismo rango se encuentran los nombrados fiscales federales, “que cada vez son más importantes conforme se va aplicando en todo el país el nuevo Código Procesal Penal Federal”. Por eso es que, señaló la Liga, “vemos como algunos se van candidateando para ocupar la Procuraduría General de la Nación, que con este diseño va a pasar a ser un cargo, tal vez, más importante que el de miembro de la Corte, porque se trata de una persona que reúne todas las atribuciones de ese cargo, mientras que en la Corte la cosa se divide entre cinco”.
Si bien no se puede decir que este tipo de intercambio de favores sea algo nuevo en la restringida democracia argentina, “lo que hace es reconstruir un Poder Judicial profundamente conservador que tiene como objetivo garantizar la impunidad de todos los crímenes que están cometiendo contra nuestro pueblo”, denunció el organismo de Derechos Humanos. En esa misma línea, agregó que también persiguen un objetivo que va más allá de esta coyuntura y que pasa por “establecer trabas que sean capaces de obstaculizar e incluso frenar cualquier posible cambio que quiera llevar a cabo un futuro gobierno”. Al respecto, la LADH especificó que “cuando se nombra a un juez de cincuenta años de edad, como viene pasando en varios de los últimos casos, quiere decir que esa persona va a ser juez durante veinticinco años más, antes de que obligatoriamente deba jubilarse, lo que implica que va a estar al frente de un juzgado durante varios gobiernos”.
De este modo, la maniobra tiende a garantizar, entre otras cosas, todo aquello que la clase capitalista que actúa en el país impone a partir de la llegada del gobierno de Milei, desde el DNU 70/2023 en adelante. “Buscan blindar absolutamente todo lo que hicieron, tanto en el gobierno macrista como en el actual y eso es lisa y llanamente impunidad en algunos casos para el accionar de jueces, como en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y el lawfare”, remarcó la Liga. Por ende, lamentó la actitud de las bancadas no oficialistas del Senado que dieron luz verde al avance de estos nombramientos. “Indudablemente esto muestra el nivel de absoluta rendición de esas fuerzas que se dicen opositoras”, puntualizó y cuestionó “el hecho de que hayan abandonado, incluso, el gesto simbólico de votar en contra de una cantidad de estos personajes como Yadarola, que se hizo famoso por el Caso Lago Escondido, donde propuso hace maniobras delictivas para esconder el delito previo”.
Con este y otros tantos casos así como referencia, desde la LADH se recordó que en Argentina “tenemos un sistema de control difuso de constitucionalidad que permite que la oposición de un juez frene una norma, tal como hicieron en su momento con la Ley de Servicios Audiovisuales”. Esto quiere decir que “el sistema le brinda a cada juez un enorme poder y además, así como los fiscales, prácticamente no responden ante nadie”. Por eso es que si se recorre la historia de las últimas décadas, se advierte que “sólo echan a los jueces que cometen hechos delictivos que no favorecen a los grandes grupos económicos, pero a los que los sirven no les pasa absolutamente nada”.
A partir de estas maniobras denunciadas, la Liga Argentina por los Derechos aseveró que “lo que se está haciendo es fortalecer el status quo, porque la ambición de los grandes grupos económicos, del poder real, es sostener un status quo eterno, pero como nada es eterno la tarea para un futuro gobierno progresista va a ser muy difícil”. Frente a esa hipótesis, indicó que un eventual próximo gobierno que asuma la defensa de los intereses populares y soberanos “va a tener que analizar seriamente la necesidad de poner en comisión a unos cuantos jueces, porque si no cambia el sistema judicial, va a ser muy complicado lograr cualquier tipo de cambio, ya que lo que busca el poder real, tal como lo hace con la reforma del Banco Central, es blindar este sistema reforzado del capitalismo”.
