Nuevamente la franja que va desde Rosario a Villa Constitución se ve afectada por las humaredas que provocan los incendios registrados en humedales.
Intendentes de la provincia de Santa Fe estuvieron ayer en la ciudad de Buenos Aires, para entrevistarse con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y con legisladores nacionales de esa provincia a quienes reclamaron colaboración que ayude a solucionar la recurrente situación que provocan los incendios intencionales de pastizales en la zona ubicada a ambas márgenes del río Paraná.
La visita tiene lugar en momentos en que, nuevamente, las ciudades ubicadas a la vera de ese río padecen los efectos del humo que ya provoca serios problemas sanitarios, algo sobre lo que tomó nota el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe que recomendó a la población que evite abrir puertas y ventanas, que utilice barbijo y no realice actividades físicas al aire libre.
Las quemas en la zona de islas es un problema de vieja data que durante los últimos años se profundizó y en él se conjugan intereses de propietarios rurales que de ese modo corren la frontera del territorio sembrado sobre zona de humedales, pero también los de desarrolladores inmobiliarios que ven en la margen este del Paraná, frente a Rosario, una zona apetecible para sus negocios.
En este contexto, las miradas se posan sobre el Juzgado Federal de Victoria que es el que tiene jurisdicción sobre esa zona de islas, pero también en el gobierno de Entre Ríos al que se le reclama que tenga más celeridad a la hora de suministrar información catastral que permita establecer quiénes son los dueños de las propiedades rurales donde comienzan los focos ígneos que después se expanden sin control. Como se ve, también en este caso aparece la sombra del agronegocio.
Pero también se posan sobre el Congreso de la Nación. Es que ahí duerme el proyecto de Ley de Humedales que si se aprobara, entre otras cosas, permitiría que se lleve a cabo un relevamiento serio de los humedales de todo el país, al tiempo que se pondría en marcha un plan de desarrollo territorial que los contemple con claras especificaciones de qué actividades se pueden realizar en esas zonas.
Así las cosas y en medio de un marcado empeoramiento de la situación en ciudades como Rosario y Villa Constitución, desde la Unidad de Delitos Complejos de Rosario, el fiscal Luis Schiappa Pietra, pidió que se cite a declarar a funcionarios de Entre Ríos a quienes, desde su mirada, podría caberle responsabilidad directa en el daño ambiental que provocan los incendios de humedales que aumentan desde 2020.
Precisamente ese año, el Movimiento Campesino Liberación (MCL), denunciaba que esta situación es provocada “por las sistemáticas quemadas entrerrianas en las islas, basados en la necesidad de algunos propietarios de adecuar esos ambientes para la cría de ganado vacuno, dado que el monocultivo sojero ocupa las mejores tierras”.
Asimismo, demandaba que funcione un espacio de coordinación interjurisdiccional e intersectorial que, contemplado en el Plan Integral Estratégico para el Desarrollo Sostenible del Delta del Paraná, “desarrolle acciones preventivas, avance en el ordenamiento ambiental del delta y controle los incendios de las áreas afectadas”.
Y, en la misma dirección, hizo público su “profunda preocupación por los daños graves que el fuego causa a los pastizales y a la biodiversidad asociada a los mismos”, al tiempo que alertaba que estos incendios son letales para el suelo y la vegetación superficial de los humedales, lo que “coloca en situación de vulnerabilidad extrema a las especies de vertebrados e invertebrados que deben huir para salvar sus vidas y arrasa con las poblaciones de controladores biológicos de los roedores transmisores de zoonosis, por ejemplo la hantavirosis”.
Pero también que a esto debe sumarse “los riesgos de las personas a padecer enfermedades respiratorias, dada la contaminación por el humo”, así como “las alteraciones en la visibilidad y la liberación ambiental de gases con efecto invernadero que agravan el calentamiento global”.
