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Jue, Mar

Política

Los supremos aceptaron expedirse sobre la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia 241 y le marcaron la cancha a la Cámara de Apelaciones de la Ciudad. Mientras tanto se sostiene el aumento de casos de Covid-19 positivos en la Ciudad.

Ayer, la Corte Suprema se declaró competente en el recurso de amparo interpuesto por el Gobierno de la Ciudad contra la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 241 en lo inherente al dictado de clases presenciales durante el periodo que va del 19 al 30 de abril.
De esta manera reclamó su “competencia originaria” para entender sobre esta demanda, que se va a sustanciar por medio del “proceso sumarísimo”, por lo que el Estado Nacional tiene ahora cinco días pata informar “los alcances del último DNU y los fundamentos del mismo para haber tomado tal decisión”.
Vale recordar que antes de reunirse con Alberto Fernández, el viernes pasado Horacio Rodríguez Larreta hizo una presentación ante la Corte, por la que solicitó que se declare la inconstitucionalidad del artículo 2 del Decreto 241, que es el que dispuso el paréntesis en el dictado de clases presenciales en la Zona Amba.
Rodríguez Larreta argumentó que el ejecutivo nacional violó la autonomía de la Ciudad. Por eso demandó que la Corte avance con la medida cautelar que le permitió que, ayer lunes, se hiciera la foto con edificios escolares abiertos.
Ante esto el Tribunal solicitó opinión a la Procuración que respondió con una inusual celeridad. El montaje para el que el bloque opositor al gobierno nacional no escatimó esfuerzos, tuvo sus frutos cuando, ya que tras una andanada de presentaciones en distintos juzgados locales, consiguió que la Cámara de Apelaciones de la Ciudad hiciera lugar al amparo presentado por dos ONG’s muy identificadas con el macrismo, y fallara a favor de que haya clases presenciales (Ver Educar a puro escupitajo).
“Sería bueno que la Corte Suprema actúe rápidamente y solucione este conflicto que es político”, señalaba el ministro de Justicia, Martín Soria, poco antes de que se decidiera la decisión adoptada por los supremos con votos favorables de Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, y la disidencia de Elena Highton de Nolasco.
Al respecto Soria calificó como “mamarracho jurídico” a la decisión de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad y advirtió que esto plantea una situación de gravedad institucional “extrema”. Esa decisión le mojó la oreja a una Corte que forma parte del mismo bloque de poder desde el que se la impulsó.

De visitante

Así las cosas, ahora propios y extraños miran hacia Talcahuano 550 con la expectativa de que los supremos le pongan un poco de sensatez a una controversia hace más de una semana dejó de tenerla ¿Podrán hacerlo?
Para ello es preciso que esta composición de la Corte, tan imbricada en mecanismos como el lafware, se abstraiga de la requisitoria de su bloque político de pertenencia, para arbitrar en un tema que es absolutamente sanitario, pero que JxC decidió arrastrar hacia la arena de la disputa político partidaria.
Los antecedentes que tiene la actuación de estos supremos, lejos está de ser alentadora a la hora de imaginar qué desenlace puede tener la controversia. Pero nuca se sabe.
Por otra parte, esta situación vuelve a exhibir las serias dificultades que presenta, a la hora de consolidarse, el esquema de representación política que comenzó a delinearse en Argentina, después de que a principios de este siglo, el estallido del capítulo local de la crisis capitalista se llevara puesto a aquel que lo precediera.
Esta vez el actual esquema de representación política, aparece como incapaz de resolver un abordaje sanitario de lo que toca de la pandemia por estos días. Y por eso es la Corte Suprema la que debe actuar como una suerte de Tribunal Constitucional que es una institución que no existe en Argentina, aunque sí en otros países.
Todo esto empodera a un Tribunal que es la cúspide del que quizás sea el órgano de poder del Estado Liberal Burgués, más refractario a cualquier revisión democrática.
No es la primera vez que la Corte es llamada a arbitrar en cuestiones de esta índole. Sin ir más lejos, para mañana se convocó a los representantes de Nación y Ciudad a una audiencia de conciliación dispuesta en el marco de la disputa judicial que comenzó la Jefatura de Gobierno, después de que Alberto Fernández decidiera reasignar 1,2 puntos de coparticipación que, por decreto, Mauricio Macri le había entregado a la Ciudad.
Como se ve esto de tocar la puerta del Poder Judicial para resolver temas políticos, forma parte del menú de JxC que en este caso puede darse por satisfecho, incluso más allá de lo que resuelva la Corte.
A partir de una situación que pudo y debió resolverse sin mucha complicación, provocó un hecho político con el que interpeló y movilizó a lo peor de su propia tropa. También instaló un casus belli a partir de una falsa dicotomía entre la adopción de medidas sanitarias y la educación. Con esto tienen tela para cortar por un rato largo.
El bloque que tiene al tope de su esquema de representación política a JxC, es especialista en fabricar berenjenales. Y sabe que habitualmente gana en estos escenarios.
Esta vez La Rosada cayó en la trampa y ahora debe ir a jugar de visitante y en una cancha atestada de barrabravas locales. Y, encima, con Rosenkrantz como juez, la dupla Rosatti-Lorenzetti de asistentes y Maqueda como cuarto árbitro. Ah, si esto parece poco, la banda Clarín-La Nación controla el VAR.
Hoy Fernán Quiroz admitió que creció el ritmo de contagios en la Ciudad, donde se registran más de tres mil casos positivos por día y el sistema hospitalario está al límite. Pese a esto, el ministro de Salud insiste con que la presencialdiad en las clases no incide en esta situación.
Mientras tanto un reciente informe del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, reiteró que si en una jurisdicción hay cien casos cada cien mil habitantes durante siete días, es preciso poner un paréntesis en la presencialdiad.
Y The Lancet alertó que reabrir la presencialidad en un escenario en el que crece el contagio, conduce a acelerar la pandemia de coronavirus. “Los cierres de escuelas primarias y secundarias se han asociado con sustanciales reducciones a lo largo del tiempo en el número de reproducción a través muchos países (incluida Inglaterra) y períodos de tiempo”, recalca la revista científica.

 

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En sintonía con el gobierno nacional, Rogelio Frigerio profundiza el ajuste en Entre Ríos y busca imponer una reforma previsional con la excusa de “sanear la Caja de Jubilaciones”. Desde La Violeta en Agmer, Leandro Pozzi advirtió que “quieren vaciar el sistema previsional”.

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“Con el Fondo de Asistencia Laboral no sólo le pegaron a la Anses sino también a todos los trabajadores que están bajo relación de dependencia”, denunció Claudio Cabrera desde el Movimiento de Jubilados Liberación y agregó que de esta manera “se desfinancia al sistema previsional para favorecer al mercado financiero”. 

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A medio siglo de que fuera secuestrado y desaparecido, y en un contexto actual de profundización de la ofensiva contra la clase trabajadora, desde el Partido Comunista de Córdoba el trabajador de Luz y Fuerza Rodolfo Leyría recuerda a quien fuera uno de los protagonistas del Cordobazo y hombre de confianza del Gringo Agustín Tosco: Alberto Caffaratti. 

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En la madrugada de hoy, con mayoría en general y en particular, el gobierno de Javier Milei consiguió en la Cámara de Diputados la sanción de la reforma laboral. Lo hizo con el respaldo del PRO, la UCR y gobernadores y legisladores peronistas que garantizaron quórum y aportaron votos a favor de la reforma. Pese al paro de la CGT y las CTA y a la masiva movilización en todo el país, el oficialismo avanzó sobre el orden jurídico que estructuró durante décadas las relaciones laborales en la Argentina, ampliando el margen de ofensiva del capital sobre el trabajo. La disputa, en consecuencia, continúa ahora en la calle, las fábricas y en cada lugar de trabajo.

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Se trata de una norma que fue construida desde los distintos claustros y con un amplio consenso social. Para avanzar contra ella el oficialismo prolongó hasta fin de mes las sesiones extraordinarias del Congreso. “Docentes y no docentes tenemos en claro que la Ley 27.795 es el piso que no debe modificarse, sino cumplirse”, advirtió desde Neuquén la Secretaria de Prensa de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, Melina Schierloh.

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Durante la previa al tratamiento del proyecto oficialista contra la clase trabajadora se profundiza la crisis con más fábricas cerradas, despidos y ajuste salarial. El reciente caso de FATE, que anunció el cierre de su planta en San Fernando y dejará en la calle a más de 900 obreros, es un caso paradigmático de esta Argentina de remate. “No son solo números (como nos quiere enseñar Milei), son familias y años de trabajo. Es industria nacional que se apaga en concordancia con la reforma laboral esclavista que se busca aprobar en el Congreso”, sostuvo el Partido Comunista de la Provincia de Buenos Aires.

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La empresa textil Emilio Alal cerró su planta de Goya, dejó en la calle a sus trabajadores y despidió otros doscientos de la hilandería que tiene en Villa Ángela. El Partido Comunista y La Fede se movilizaron en apoyo a los operarios.

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