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Dom, Oct

Política

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incumple la cautelar judicial que dictó el juez Andrés Gallardo que lo obliga a brindar elementos tecnológicos y conectividad para familias de barrios populares con escasos recursos.

“No hay ninguna intención de dar una respuesta por parte de la ciudad” sostuvo el responsable político del PC Villa 31, Martín Penalva, al repudiar la decisión de Horacio Rodríguez Larreta que recusó al juez Andrés Gallardo quien, a principios de junio, ordenó que el Gobierno de la Ciudad entregue a todos los estudiantes en condición de vulnerabilidad social, un dispositivo que le permita continuar con la educación a distancia.
La disposición judicial obligaba al ejecutivo de la Ciudad a instalar antenas que provean WiFi en todas las villas y asentamientos de su jurisdicción, así como telefonía móvil con datos a los estudiantes de primaria que los precisen para garantizar su educación en el contexto de las restricciones que impone la pandemia.
La decisión de Gallardo alcanza a alumnos que viven en las villas 31 y 31 bis-Padre Carlos Mugica, 21-24, 17, 15, 6, 26, 13 bis, 20, 16, 19, 1-11-14-Padre Ricciardelli, 3-Barrio Fátima-Villa Calacita, Los Piletones, Rodrigo Bueno, Saldías, Bartolomé Mitre, El Triángulo, Lamadrid, Pedro Luján, Magaldi, El Pueblito, Los Pinos, Portela, Scapino, Bermejo 1 y 2, María Auxiliadora, Barrio Obrero, Hubac, San Pablo, Biarritz, La Carbonilla, Fraga-Playón de Chacarita, Paredón Lacroze, Barrio San Martín, La Esperanza, Zavaleta y Avenida del Trabajo.
En este sentido, el secretario del PC Villa 31 aseguró que el gobierno de la ciudad niega “sistemáticamente los derechos a los sectores populares”, tras lo que al referirse al dictamen judicial que Larreta no tiene intenciones de llevar a cabo, Penalva remarcó que “estamos acostumbrados a que la única vía en la que el gobierno de la Larreta garantice derechos a través de la judicial, aunque este ni siquiera sea el caso”.
A su vez, contó que “el gobierno de la ciudad abrió un sitio para que se inscriban las familias que no tienen acceso a un dispositivo tecnológico, y donde si cumplen ciertos requisitos, el gobierno les entrega algún dispositivo”. Sin embargo, dejó en claro que “en la práctica ninguna de las personas que se inscriben tienen una respuesta”.
Esto se suma a otras intervenciones judiciales que, durante el último tiempo, instaron al ejecutivo de la Ciudad a garantizar vacantes escolares, el acceso al agua corriente y energía, ente otras. “En la 31 también hay un proceso judicial por el tema de la urbanización y el acceso a la vivienda digna” recordó Penalva.
Asimismo, planteó que “la suspensión de las clases era necesaria porque es la única forma de mantener el distanciamiento social, pero para eso es necesario garantizar el acceso la educación en condiciones igualitarias”.
Siguiendo esta línea, remarcó que “hay familias en los barrios populares que no tienen computadora y los chicos utilizan los dispositivos de los padres que en ocasiones se los tienen que llevar al trabajo y los tienen que compartir entre hermanos”.
“Desde las organizaciones del barrio seguimos exigiendo que se deben garantizar los dispositivos ya sea mediante una tablet o una netbook”, expresó el responsable político del PC Villa 31. Esto sumado a la conectividad, por lo que Penalva resaltó que “si las familias no tienen acceso a internet no tienen sentido”.
Un ejemplo de ello se da en que muchas familias tienen planes de internet por tarjeta, y por ejemplo una clase por zoom implica acabar el crédito de una tarjeta entera.
Ante esto, el gobierno porteño ha puesto antenas de wifi en las plazas, de las cuales muchas no funcionan. En este contexto, Penalva hizo hinca pie en que “es insuficiente porque si te dicen que te quedes en tu casa los chicos no pueden ir a la plaza donde está la antena a hacer la tarea”.
Otra de las exigencias si no se puede llevar a cabo la conectividad, según Penalva, es que “el estado se entregue chips si no pueden liberar el acceso a internet”.
Por otro lado, destacó el trabajo que las organizaciones sociales y políticas vienen realizando “ayudando a las familias contactándose con las escuelas donde acuden los chicos que no tienen una conectividad, y así buscar una alternativa ya sea por whats app o accediendo a las plataformas y llevándoles impresos los contenidos”.
Para finalizar, resaltó que “venimos acompañando la campaña de La Violeta en UTE respecto del acceso a dispositivos y conectividad, más la cuestión alimentaria que con las organizaciones sociales venimos articulando en el territorio”.

 

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El martes se moviliza hacia el Palacio de Tribunales junto al Cecim La Plata y para el jueves 15 se prevé una jornada nacional para que el Congreso derogue el DNU 70/2023, convocada por las dos CTA.

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En un fallo que ya provocó un amplio descontento social y desató el rechazo de los excombatientes de Malvinas y de los organismos de derechos humanos, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti revocaron la sentencia que había frenado la derogación de la Ley de Tierras. Así, el DNU 70/23 de Milei vuelve a dejar sin efecto los límites legales a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, después de que el Gobierno debiera retirar del Congreso una iniciativa que perseguía ese mismo propósito. La Liga Argentina por los Derechos Humanos denunció que la resolución favorece a los grupos económicos extranjeros y advirtió que todavía existe una salida legislativa. El PC denunció lo límites de esta “democracia” y llamó a unir y  profundizar las luchas en las calles porque “La Patria No se Vende “.

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A esto convoca Apyme y hace hincapié en que resulta preciso construir una hoja de ruta que sea capaz de ayudar a que la sociedad argentina salga del actual atolladero, caracterizado por “un shock antiindustrial que representa el salto cualitativo del proceso de concentración y extranjerización que fue iniciado durante 1976”. A la par, convoca a debatir un programa alternativo de país, junto a las pymes, los trabajadores, el cooperativismo, la economía social, las universidades, el sistema científico técnico nacional, entre otros sujetos sociales agredidos por el modelo.

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De cara a la Quinta Marcha Federal Universitaria, la antropóloga Melina Schierloh, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, sostuvo que el incumplimiento de esa ley “no le está saliendo gratis al gobierno” y que, a la vez, “le está abriendo las puertas a otros sectores para que hagan sus reclamos, porque con estos salarios de hambre no se puede vivir”.

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Ni siquiera manipulando el gobierno puede ocultar la terrible situación que pasan millones de argentinos. “Hay que construir un programa de lucha en las calles, porque Milei no se va a ir sólo por las urnas” destacó el coordinador nacional del MTL, Gustavo Muñoz y convocó a organizar “más lucha, más calle y unidad”.

Leer más…Crece la pobreza, pero también la lucha

El Partido Comunista y el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba repudiaron los agravios y amenazas que el presidente estadounidense lanzó ayer contra La Isla en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas y reafirmaron su solidaridad con el pueblo cubano, que viene resistiendo desde enero a un bloqueo extremo, y frente a la hipótesis alimentada por el imperialismo yanqui de una invasión militar.“Trump utilizó el escenario de la ONU para amenazar al mundo entero con su militarismo recalcitrante y para justificar sus crímenes contra la humanidad y Milei lo secundó”, manifestó el Secretario General del PCA, Jorge Kreyness. 

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La gestión encabezada por Juan Pablo Valdés aumentó el precio de la energía eléctrica y ya llegan boletas con incrementos de un cien por ciento. “Si ahora que todavía no llegaron los grandes calores las tarifas ya son impagables, hay que imaginar lo que puede pasar durante el verano” anticipó el Secretario Político del PC correntino, Diego Silva. Sobre la olla a presión en la que vive el pueblo de su provincia, describió que “la vida de las familias es cada vez más costosa” y consideró que esta situación puede derivar en “un estallido social”. 

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La presentación patrimonial de Manuel Adorni y las nuevas denuncias sobre el manejo de los recursos públicos en la Quinta de Olivos abren otro capítulo en la saga de investigaciones que comprometen al entorno presidencial. Las operaciones con criptomonedas, las contrataciones millonarias y los presuntos desvíos de mercaderías hacia emprendimientos privados colocan bajo examen los mecanismos de control del Estado. El escándalo alcanza ahora a colaboradores directos de Karina Milei, mientras el gobierno reorganiza la administración de la residencia presidencial.

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