Lo hizo la Multisectorial Federal por la Democratización del Poder Judicial por la decisión del Supremo Tribunal de quedarse con la Presidencia del Consejo de la Magistratura.
“Manifestamos nuestro profundo rechazo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura en una clara maniobra intervencionista y ajena al espíritu republicano y democrático de nuestro país”, recalcó la Multisectorial Federal por la Democratización del Poder Judicial, al referirse a la asunción de Horacio Rosatti al frente del Consejo, algo que hizo a partir de una decisión que tomó la propia Corte que lo tiene como presidente.
Por tal motivo, la Multisectorial que entre otros integra la Liga Argentina por los Derechos Humanos, propuso “arbitrar todas las medidas y acciones políticas para impulsar el juicio político a la Corte ante el Congreso de la Nación”, algo que enviden corresponde hacer, también por el papel que le cabe “como promotora del Lawfare en la Argentina, de no escuchar la voz de las organizaciones sociales y de derechos humanos, de no atender a la situación de las víctimas de violencia o de persecución política y judicial”.
La resolución que desde diferentes sectores denuncian como una maniobra anticonstitucional, fue firmada por el propio Rosatti junto a Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, mientras que el cuarto cortesano, Ricardo Lorenzetti, no estampó su firma ya que se encuentra fuera del país.
Todo tuvo lugar ayer durante la misma jornada en la que la Corte recibió el expediente cursado por el juzgado federal de Paraná que otorgó la cautelar que frenaba la designación de integrantes del Congreso en el Consejo, con lo que la Corte señaló que va a avanzar con la jura de los nuevos integrantes.
Todo esto amparado por un fallo que fue emitido por la propia Corte durante diciembre de 2021 por el que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de trece miembros, tal como había surgido de la Ley del Congreso que llevaba más de una década de sancionada. Por ese mismo fallo, fijó un plazo de 120 días para ampliarla a veinte integrantes y decidió que la asunción de los nuevos consejeros debe ser de forma “conjunta y simultánea”.
La espuria maniobra acabó de consumarse ayer cuando Rosatti se quedó con la Presidencia del Consejo, bajo la excusa de superar la ausencia de los nuevos miembros representantes del Congreso. Esto implica, entre otras cosas, la posibilidad de que los cortesanos rosqueen la designación de jueces, al tiempo que controlan la llave de una formidable caja que ahora pueden abrir o cerrar con absoluta discrecionalidad.
“Lo decidido en el fallo de diciembre de 2021 viola la Constitución Nacional”, destacó la Multisectorial que añade que asimismo es “un hecho viciado de ilegalidad y de impunidad, dado que la Corte carece de facultades legislativas, sin embargo, ha derogado la Ley vigente, restituyendo una norma del año 1997, para lograr su dominio sobre el organismo de control del sistema judicial”.
Y, sin dudarlo, hace hincapié en que se trata de “un claro ejemplo de invasión en el ámbito legislativo y de acumulación de poder dos hechos incompatibles con el principio de división de poderes”.
También resalta que el presidente de la Corte no debe presidir el organismo que nomina, sanciona y remueve a los magistrados y que administra el Poder Judicial. “Hay conflicto de intereses y falta de independencia”, indica y recalca que si no funcionan los controles cruzados entre los tres órganos de Poder del Estado, tal y como lo prevé la Constitución Nacional, “el Pueblo no tiene Justicia”.
