Estudiantes y docentes de todo el país se movilizan en defensa del sistema público universitario, desfinanciado por Javier Milei, con un fuerte apoyo de distintos sectores de la sociedad. Desde el MUI de la Universidad Nacional de La Matanza, Ulises Sánchez sostuvo que “la Universidad no es sólo de los estudiantes, sino que realiza un aporte fundamental para toda la comunidad”. Y aseguró que “no estamos dispuestos a resignarnos”.
Mientras el gobierno nacional continúa recurriendo a todo tipo de artilugios para evitar cumplir con aquello que le impone la Ley 27.795, la comunidad universitaria se moviliza hoy martes en lo que al cierre de esta edición ya es una jornada contundente en todo el país para exigir el financiamiento adeudado. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, el estudiante de la Licenciatura en Ciencias Políticas y militante del MUI Ulises Sánchez, recordó que el recorrido que lleva a esta nueva edición de la Marcha Federal “es producto de una construcción que se viene gestando desde hace más de dos años, en una lucha que busca que el gobierno implemente una ley que se aprobó en el Congreso”.
Así las cosas, dejó en claro que lo que hay en juego no puede dejarse en manos del parlamentarismo, que con idas y vueltas en este caso ya hizo lo suyo, ni del Poder Judicial. Es por eso que la resistencia que nace desde los diferentes claustros universitarios vuelve a volcarse a las calles que “es el lugar en el que nos podemos organizar y, tal como se ha marcado en las marchas universitarias anteriores, desde ahí se puede ejercer presión por nuestros derechos”. De lo que se trata es de garantizar el sistema de educación público, universal y gratuito “que debe contar con salarios justos para los docentes y los no docentes”, así como con la posibilidad de que “los estudiantes podamos acceder a las carreras” que son “derechos básicos que el gobierno se niega a cumplir”, precisó Sánchez.
En tal contexto, sin dudarlo, definió que la jornada de hoy “es fundamental para marcar en las calles que no estamos dispuestos a resignarnos y que volvemos a movilizarnos con organización”, tras lo que subrayó que “lo que se ve dentro de las aulas es un criterio homogéneo respecto a que este gobierno debe cumplir con la Ley de Financiamiento”.
Durante los últimos días la judicialización de la Ley de Financiamiento Universitario tuvo un nuevo capítulo cuando luego de una demanda presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió conceder un recurso extraordinario federal que interpuso el Poder Ejecutivo Nacional, con lo que ahora es la Corte Suprema la que tiene que evaluar si prospera el reclamo de La Rosada contra la medida cautelar que ordena el cumplimiento inmediato de la norma.
Cabe citar que, en principio, la presentación del Consejo tuvo eco favorable en una medida dispuesta por la Cámara de Apelaciones que determinó que la Presidencia Milei debía cumplir con lo estipulado en los artículos 5 y 6 de la norma, que son los que imponen una recomposición salarial para docentes y no docentes que contempla lo que perdieron desde el 1° de diciembre de 2023, como también una actualización de forma mensual y conforme a la inflación informada por el Indec, algo que asimismo se hace extensivo a las becas.
La Universidad Nacional de La Matanza está ubicada en el corazón del Gran Buenos Aires y recibe estudiantes de buena parte del conurbano profundo que es, precisamente, una zona sumamente castigada por el ajuste y sus consecuencias, como la desindustrialización y la desocupación. Pero también es una región en la que la inflación supera a la media nacional y, en esto, mucho tiene que ver el precio del transporte público de pasajeros que de acá a septiembre va a registrar nuevos aumentos que ascenderán hasta un noventa por ciento sobre el valor actual.
Por eso es que el marcado retraso de los salarios docentes asociado al congelamiento de los montos de las becas Progresar, que se ubican en los mismos valores desde 2024, es letal para las posibilidades de muchos profesores y estudiantes a los que se les vuelve imposible continuar con las cursadas. “Todo esto tiene un impacto negativo muy concreto”, advirtió Sánchez y señaló que “esta situación se percibe en las aulas, pero a su vez moviliza saber que los docentes dan lo mejor de sí pese a que padecen una precarización en sus trabajos y lo difícil que es para muchos compañeros sostener la cursada con los aumentos del boleto de colectivos”.
Todos los datos son tan negativos como alarmantes. Días atrás se dio a conocer un un informe que hizo el Consejo Interuniversitario Nacional, en el que se revela que son más de diez mil los docentes que renunciaron a sus puestos en universidades nacionales. El ajuste que el gobierno está dispuesto a seguir profundizando hizo que en estos dos años les robaran a cada profesor el equivalente a alrededor de cinco meses de trabajo.
“La crisis económica que vive el país es muy desfavorable y hace que cada vez sea más complicado sostener el acceso a la Universidad”, reconoció Sánchez e insistió con que ante tal panorama “continuamos luchando por la defensa del acceso libre a la Universidad”. Por lo que frente a esta profundización del ajuste, retrucó que “debemos profundizar nuestra organización para construir iniciativas que como la de esta Marcha Federal permitan visibilizar esta grave situación”. Porque, en definitiva, “la Universidad no es sólo de los estudiantes, sino que realiza un aporte fundamental para toda la comunidad”.
