Reforma judicial ¿ahora sí?

Finalmente y con la intención de mostrar iniciativa política más allá del contexto de la pandemia, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró que esta semana se presentará en el Congreso la propuesta de reforma judicial que impulsa el Frente de Todos.
El proyecto diseñado por el Ejecutivo no fue dado a conocer y se espera que trascienda luego de la presentación en Senadores. Sin embargo el presidente ya adelantó que entre los puntos más importantes, sobresalen la reforma del fuero federal; el traspaso de la justicia ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires; una tentativa de reforma de la Corte Suprema, su cantidad de integrantes y la creación de salas especiales; y el juicio por jurados.
La reforma del sistema judicial fue uno de los puntos fuertes en el discurso de asunción del actual presidente. También lo fue en el discurso de apertura del año legislativo. Cierto que, esto último, hace apenas cuatro menos y tres semanas antes de la primera cuarentena por la pandemia, pareciera que sucedió en otra vida.
Ahora y a pesar de las dificultades provocadas por la emergencia sanitaria, que se montó a la profunda crisis económica generada por el macrismo, el gobierno busca generar las condiciones favorables para avanzar con su propia plataforma de gobierno.
En ese trayecto, la reforma judicial parece ser el punto de inicio, la locomotora que empuje otros proyectos igual de importantes y que atañen a los sectores populares, como por ejemplo el impuesto a las grandes fortunas, una reforma tributaria estructural en un sentido progresivo y la legalización del aborto.
Pero ¿qué importancia tiene comenzar por la reforma judicial? ¿Es importante para los sectores populares, para la clase trabajadora, para los pequeños y medianos empresarios, para los géneros y las diversidades?
Alcanza con echar la vista atrás y repasar el comportamiento de la justicia federal, al menos desde 2008, cuando las tensiones entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín y la Mesa de Enlace, como dirigentes políticos de los grupos económicos, se profundizaron a partir de la crisis por la Resolución 125 y la posterior Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Sin embargo, estos últimos doce años lo que sucedió fue que al tensarse los antagonismos se develaron las tensiones de clase, quedaron al intemperie los intereses económicos y, especialmente, la estructura de poder en Argentina.
Gracias a ello quedó en evidencia cómo el poder judicial, un poder con características nobiliarias, con cargos vitalicios, exentos de impuestos y que cuenta con la última palabra sobre los asuntos denominados “constitucionales”, es un pilar fundamental para el sostenimiento del poder de los grandes grupos económicos, una tapadera para el funcionamiento impune de los servicios de inteligencia y una garantía para la intromisión de EE.UU. en asuntos internos.

La pata del Poder

Pero nada es nuevo en todo esto. El Poder Judicial es una pata fundamental del Estado liberal Burgués en Argentina. Este rol de la “corporación judicial” quedó más que claro durante el gobierno de Mauricio Macri y se evidenció también en el último tiempo, por ejemplo con la intervención de Vicentín, cuando un juez de Reconquista, con probados nexos con la empresa que fundieron sus accionistas junto al Banco Nación de Javier González Fraga, interpuso medidas judiciales que comenzaron por entorpecer una medida que todavía está en disputa.
Fueron muchos los guiños del Poder Judicial a la derecha y los grupos económicos durante el gobierno de Macri. En esos cuatro intensos años, en el que se operó una fenomenal transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital, es decir, desde los sectores populares a los grandes grupos económicos, la “corporación judicial” contribuyó a consolidar el perfil liberal burgués del Estado, que se compone de un conjunto de prácticas y normas que lo justifican.
Para ello, las fracciones políticas de la derecha y los medios de comunicación machacaron sobre la importancia de “la república” y de la “independencia judicial”, tratando de asociar ambos sintagmas a las fuerzas políticas que confluyen en el macrismo y a los jueces federales de Comodoro Py.
Estos son algunos de los elementos por los que resulta fundamental y necesario una reforma del poder judicial. Pero ¿qué reforma? En primer lugar, una reforma que enfrente el bloque de poder conservador enquistado en la Justicia Federal.
Para que eso suceda es necesario democratizar la justicia, esto es, una reforma que haga mella allí donde se asienta el actual poder de los jueces: en su carácter corporativo, que lo convierte en una “casta” política que opera como dique ante las medidas económicas, políticas, sociales y culturales que necesita el país para superar la dependencia y el subdesarrollo capitalista.
Una reforma en este sentido solo es posible construyendo relaciones de fuerzas favorables, aunque se comience con reformas que por ser parciales no dejan de ser importantes de cara al futuro.