Fue durante la ronda ante el anexo del Congreso. “Vamos seguir acompañando a las y los adultos mayores en sus reclamos reafirmando nuestro compromiso con la justicia social y la plena vigencia de los derechos humanos”, sostiene la Mesa de Organismos de Derechos Humanos que advierte que el gobierno nacional debe dejar de “criminalizar la protesta social y a los que defienden los derechos”.
El miércoles pasado, nuevamente, personal comandado por la ministra de Seguridad Interior Patricia Bullrich, reprimió brutalmente a jubilados que llevaban a cabo su ronda ante el anexo del Congreso Nacional y tal como había pasado siete días antes, atacaron con particular saña al padre Paco Olveira, quien junto a otros sacerdotes católicos del Equipo de Barrios Populares y Villas de la Argentina, así como a Curas en la Opción por las y los Pobres, se hicieron presentes para acompañar el reclamo.
Ahí también se dio cita el Movimiento Jubilados Liberación, junto a otras organizaciones y representantes del Partido Comunista, ente ellos su secretario Político en la Ciudad de Buenos Aires, Ariel Elger. Lo hicieron para demandar, entre otras cosas, la sanción de una nueva ley que habilite la moratoria previsional, también para exigir un aumento de emergencia para todos los trabajadores jubilados y que se restablezca la norma que permitía que adultos mayores que perciben haberes de hambre reciban medicamentos sin cargo.
Y, por supuesto, para repudiar la recurrente represión que la Presidencia Milei desata contra los trabajadores jubilados y pensionados, algo sobre lo que también se pronunció la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) que como parte de la Mesa de Organismos hizo hincapié en que es preciso que el gobierno nacional deje de “criminalizar la protesta social y a los que defienden los derechos”, al tiempo que rechazó “la represión sufrida por las y los jubilados en su legítima lucha por sus derechos”.
La Mesa también repudió el procesamiento al que es sometido el militante social e integrante de la Agrupación Flores Solidario, Roberto Asorey, quien fue detenido hace siete días cuando participaba en la ronda de los jubilados. Asorey permaneció encarcelado hasta el día siguiente en una celda de la Superintendencia Federal, hasta donde fue llevado tras haber recibido palazos y gases lacrimógenos, mientras intentaba ayudar a una mujer que se había caído al piso como consecuencia del accionar policial.
“Frente a estos hechos, denunciamos la criminalización de la protesta social y la persecución a quienes defienden los derechos de los sectores más vulnerados”, sostuvo la Mesa y destacó “el compromiso incansable de Flores Solidario, una organización que, junto a otras, trabaja día a día por la justicia social y la dignidad de los jubilados y las jubiladas”. Tras lo que por medio de una declaración insistió en que resulta preciso “seguir acompañando a las y los adultos mayores en sus reclamos, reafirmando nuestro compromiso con la justicia social y la plena vigencia de los derechos humanos”.
Junto a la Ladh, suscriben ese documento Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica y Social, APDH La Matanza, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Asociación Buena Memoria; Hijos Capital y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.
