Se demora el inicio del juicio a los responsables de crímenes atroces contra dos familias de trabajadores, incluidos niños, durante la última dictadura. Entre los llamados a atestiguar está Oscar Vázquez, quien no duda al aseverar que “como militante del PC tengo que estar ahí dando mi aporte en este juicio”.
Fue el lunes pasado integrantes de diferentes organismos de Derechos Humanos se pronunciaron ante la sede del Tribunal Oral Federal de Santa Fe para exigir que se concrete el inicio del juicio oral correspondiente a la causa Laguna Paiva II, un caso que es sin dudas emblemático, entre otras cosas porque investiga graves delitos que fueron perpetrados durante la última dictadura cívico- miliar en el que entre las víctimas aparecen personas que en aquel momento eran niños de uno a quince años.
Va a ser la primera vez que se juzgue como delito de lesa humanidad el abandono de niños en once casos y en el banquillo van a tener que sentarse represores que secuestraron, torturaron, provocaron abusos sexuales y abandonaron a pibes. Pero pese a esto el inicio del juicio se viene postergando, algo que propicia la impunidad ya que con el paso del tiempo van falleciendo victimarios y víctimas que, además, resultan revictimizadas por el propio Estado al sostener esta situación.
Y esto no es todo, porque los delitos que fueron perpetrados durante 1980 incluyen los casos del secuestro de dieciséis niños, niñas y adolescentes por parte de la patota que actuaba desde el centro clandestino D2 de Santa Fe, algo que tal como lo advierte la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) constituyen graves violaciones a derechos humanos de las infancias. Pero además el Tribunal Oral 1 de Santa Fe integrado por los jueces Osvaldo Facciano, Mario Gambacorta y Elena Beatriz Dilario, que es el que tiene que proceder a la etapa del juicio oral de esta causa, viene demorando injustificadamente el traslado a cárcel común del genocida Oscar Valdez, quien ya está condenado en otra causa y violó el beneficio de la prisión domiciliaria que oportunamente se le otorgó.
Vale recordar que el primer juicio de la causa Laguna Paiva tuvo lugar durante 2021 y ahí se juzgó la persecución a quien fuera el último referente del PRT en Santa Fe, Catalino Páez, su esposa y su hijo Mario que por entonces tenía quince años, además de ocho compañeros de militancia obreros del frigorífico Nelson, ferroviarios de esa localidad y de un supervisor de la planta de Acindar de Villa Constitución. Estos hechos sucedieron de febrero a abril de 1980 y la feroz cacería se hizo extensiva después a los dos hermanos de Catalino y sus respectivas parejas, como asimismo a dieciséis pibes y pibas de las tres familias.
Así las cosas, el 7 de julio de 2021 resultaron condenados todos los imputados. Germán Chartier quien presidía la D2 en esos años recibió una pena de dieciséis años de prisión, en tanto que al comisario Eduardo Riuli se lo condenó a seis años y medio, seis años para el sargento Rubén Insaurralde, mientras que de cinco años fueron las penas que recibieron el comisario Fernando Mendoza y los suboficiales Antonio González y Omar Epifanio Molina.
Pero los represores la sacaron barata y el escaso monto de las penas les otorgó la impunidad suficiente como para que poco tiempo después y pese a la gravedad de lo delitos por los que fueron condenados, lograran la libertad condicional y domiciliarias. En este contexto se llega al nuevo juicio en el que se amplió la cantidad de casos, en tanto que se pone el eje en los delitos que estos sujetos perpetraron contra los niños y niñas, todos crímenes aberrantes que fueron cometidos “para capturar, recluir y torturar a militantes del PRT y trabajadores del frigorífico Nelson, quienes en los años 70 se habían organizado para luchar contra las políticas de la burocracia sindical y patronal de hambre y persecución”, según sostuvo la Apdh.
Y uno de los trabajadores que protagonizaron esas luchas en Laguna Paiva es Oscar Vázquez. “En 1973 entré al Partido Comunista y trabajaba en el frigorífico Nelson desde los diecisiete años y a fines de 1973 soy electo delegado en la sección cargas, después de una lucha que dimos los veintidós compañeros de esa sección, en la que hicimos paros y bloqueo de camiones para exigir que quedemos como trabajadores efectivos”, recuerda Vázquez y con satisfacción señala que “a raíz de eso a fines de ese año la empresa nos efectivizó y en ese tiempo me eligen delegado”.
Ya durante enero de 1976 dejó de trabajar en el frigorífico para entrar al ferrocarril, “porque mis deseos grandes eran ser ferroviario…algo que siempre mantengo en mi corazón”. Fue ahí donde lo encontró el golpe de Estado del 24 de marzo. “Acá nos movilizamos y saliendo de los talleres marchamos hacia la Unión Ferroviaria, repudiando el golpe, hasta que en abril comenzaron las cesantías de los compañeros, entre ellos quienes eran entonces la cabeza del PC, pero también a otros que eran luchadores y nosotros comenzamos a juntar firmas para exigir que los reincorporen…y a juntar dinero para que puedan subsistir sus familias…todo para resistir y poder contrarrestar esa situación”.
Pero a principios de noviembre de 1976 Vázquez fue detenido ilegalmente. “Vino la policía de la seccional Laguna Paiva encabezada por el comisario Mendoza y otros efectivos que entraron a mi casa, la allanaron, revolvieron todo y me llevaron”, puntualizó y advirtió que “fui secuestrado y estuve desaparecido durante dos meses”, ya que “recién el 20 de diciembre aparezco blanqueado”. Después lo llevaron a la Guardia de Infantería Reforzada donde estuvo dos meses más y desde ahí al penal de Coronda donde permaneció hasta fines de 1978.
Vázquez atestiguó en varias causas abiertas por la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y también en la denominada Laguna Paiva II. “Corresponde que lo haga, por ideología y muchas otras cosas debo testimoniar contra los crímenes de lesa humanidad”, reflexiona y añade que el comisario Mendoza que participó en su secuestro “lo hizo en el de estos compañeros a quienes conocía, porque los adultos (los Páez) eran trabajadores del frigorífico y militábamos juntos en cuestiones reivindicativas de los obreros y en las cuestiones gremiales”.
En este sentido es claro al hacer hincapié en que “como militante del PC tengo que estar ahí dando mi aporte en este juicio, pero también porque los conozco” y en pocas palabras resume el la gravedad que tienen los delitos perpetrados por la patota de la D2. “A la familia Páez se llevaron…a todos, a los chicos chiquitos de dos familias completas, el mayor tenía catorce, después los otros tenían doce, seis, cinco…los tuvieron en la Guardia de Infantería donde pasaron cosas horribles, vejámenes a los adultos y a las chicas, por eso es el primer caso que se registró en el país donde los chicos fueron torturados, después se supo de otros casos y nosotros tenemos el del Negrito Avellaneda…que de una vez por todas comience el juicio y que vayan en cana la puta que los parió”.
