Movilización en Perú

El Partido Comunista Peruano (PCP) fue parte de la marcha nacional realizada en protesta contra el modelo económico neoliberal que impone el gobierno encabezado por Dina Boluarte, pero en la que asimismo se demandó aumento de sueldos y pensiones. Y otro de los puntos convocantes fue un fuerte pronunciamiento contra el crimen organizado, pero también la exigencia de justicia por el asesinato del titular de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, Arturo Cárdenas.

La convocatoria que tuvo su epicentro en Lima fue amplia y contó con una contundente participación de la Confederación General de Trabajadores del Perú (Cgtp), puso en superficie una situación grave que se vincula directamente a la violencia política que se objetiva fundamentalmente sobre dirigentes sindicales, sobre la que la organización rectora de los trabajadores peruanos responsabiliza directamente al gobierno encabezado por Dina Boluarte.

Cabe citar que Cárdenas fue asesinado el pasado jueves 15 de agosto en un ataque perpetrado por un sicario en las puertas de la Federación de Trabajadores en Construcción, ubicada en la capital del país. Pocas horas después, otro sicario le quitó la vida al dirigente de la Cgtp, Américo Román Camilo Gonzales Palomino con lo que ya suman veinte los referentes sindicales de primera línea que fueron ultimados en pocas semanas.

Para las central de trabajadores el gobierno nacional no es ajeno a este clima de violencia que se desata contra el universo del trabajo sindicalizado, por lo que no oculta su posición en momentos en que la presidenta Boluarte debe enfrentar una nueva denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la muerte de 49 personas durante la feroz represión a las protestas que, contra su gobierno, se desataron tras el golpe de Estado que desde el Congreso se perpetró contra Pedro Castillo.

Se trata de asesinatos que tuvieron lugar cuando personal del ejército y la policía dispararon contra manifestantes en una actitud que fue celebrada públicamente por la presidenta de facto. Esta masacre que también dejó un saldo de al menos 344 heridos, es la que ahora provoca esta denuncia ante la CPI que fue avalada por dieciséis personalidades peruanas que incluyen cuatro ex ministros, reconocidos juristas, ex legisladores, diplomáticos y activistas de derechos humanos.

En junio pasado fueron la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú quienes presentaron una primera denuncia contra Boluarte ante la CPI, también por los crímenes perpetrados durante las mismas jornadas. Pero pese a la gravedad de lo denunciado, la causa parece haber quedado dormida y esto es algo en lo que pone énfasis la nueva presentación que alerta sobre la injustificada demora en las investigaciones fiscales en el fuero interno y en que esto trae aparejado el riesgo de impunidad.

Como se recordará, a poco de que se cargara al gobierno que encabezaba Castillo, el Congreso de Perú descartó la posibilidad de adelantar las elecciones y decidió darle a Boluarte facultades para legislar sobre economía y reformas estructurales del Estado que, por supuesto, fueron orientadas a beneficiar a la clase capitalista que actúa en aquel país, que fue el actor clave a la hora de financiar la caída de Castillo.

Yen ese contexto, una de las primeras medidas que adoptó fue la sanción de una norma que endureció las penas por delitos tales como el desacato a la autoridad, lo que les brindó a las fuerzas represivas más herramientas e impunidad para reprimir a quienes se manifestaban contra el golpe de Estado.

Hay que recordar que aunque con el fujimorismo la clase capitalista dejó poco sin apropiarse, Perú posee una reserva registrada de litio de 4,7 millones de toneladas, lo que plantea una oportunidad excelente para la economía nacional o para el sector privado, a raíz de la demanda que este mineral tiene como consecuencia de la transición energética global impulsada por la electromovilidad.