En un intento desesperado por sentar un precedente que le permita garantizar su propia impunidad, la presidenta de facto de Perú, Dina Boluarte, promulgó una Ley de Amnistía para los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto armado interno que tuvo lugar entre los años 1980 y 2000. Cerca de 70.000 víctimas, entre los que se estima 20.000 desaparecidos, son las cifras de las víctimas que produjeron el Estado peruano y Sendero Luminoso investigadas por la Comisión de la verdad y reconciliación, que publicó su informe final el año 2003.
“La ley es un retroceso terrible”, dijo Luis Gárate, dirigente del Partido Comunista del Perú- Patria Roja, en diálogo con Nuestra Propuesta luego de que la presidenta de facto, Dina Boluarte, promulgara una ley de amnistía. La norma beneficia a miembros de las fuerzas armadas, de seguridad y de los “comités de autodefensa” —comandos civiles— que cometieron crímenes de lesa humanidad entre 1980 y 2000, en el marco de la guerra sucia que el Estado peruano llevó a cabo contra la izquierda y los sectores populares de su país, bajo la excusa de la “lucha antisubversiva” contra Sendero Luminoso y otras organizaciones señaladas como “terroristas”.
La ley fue promulgada el 13 de agosto pasado y uno de sus efectos inmediatos fueron las solicitudes para acogerse a la libertad a varios de los condenados mayores de 70 años. La medida fue rechazada por organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas. En ese sentido, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que la ley transgrede los estándares internacionales y que implica un serio un retroceso en la búsqueda de justicia por las violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante el conflicto peruano. El funcionario calificó a la ley como “una afrenta a las miles de víctimas”.
En esta línea, Gárate afirmó que “la ley significa un retroceso enorme con relación a muchos años de investigaciones”. Incluso señaló que afecta a procesos judiciales en curso y a otros con sentencia firme en causas en las que se investigaron masacres de comunidades campesinas enteras. En efecto, Gárate recordó que en el marco de la guerra sucia “se asesinaron niños, mujeres y adultos mayores a la vez que se cavaron fosas comunes y se quemaron cientos de cuerpos luego de ejecuciones extrajudiciales”.
Vale recordar que el gobierno de Dina Boluarte promulgó la ley de amnistía que fue impulsada y discutida por el Congreso Nacional, en donde tuvo tratamiento en varias comisiones, entre ellas la de asuntos constitucionales. ¿Por qué la presidenta promulgó con celeridad y con bombos y platillos la normativa? El dirigente del PC-Patria Roja explicó que “en el Perú el poder no reside en el Poder Ejecutivo sino en el Congreso”, puesto que “en el Congreso están afincados los poderes fácticos del Perú”. Sucede que, como lo demuestra la historia reciente del país sudamericano, “el Congreso está controlado por una coalición mafiosa de ultraderecha”. Por ello Boluarte avala todas las leyes y medidas que salen del Congreso. Además, puntualizó Garate, “Boluarte quiere congraciarse con estos sectores porque sobre ella misma pesan también denuncias y se cursan investigaciones por la masacre de más de 50 peruanos entre 2022 y 2023, donde la represión de su gobierno durante la crisis fue muy similar a la de la guerra sucia llevada a cabo en los ochenta”.
La relación entre Boluarte y los responsables civiles y militares de la guerra sucia se pudo observar con claridad durante el acto de promulgación de la Ley de Amnistía. En este la presidenta homenajeó a los criminales y reivindicó la lucha antisubversiva. Para Gárate el acto resultó “nefasto”. Y agregó: “la presidenta se mostró al lado de congresistas que representan lo peor de las expresiones ultra reaccionarias y de derecha, exoficiales militares —altos mandos— de la Marina de Guerra, ahora devenidos parlamentarios”. Se trata de las fuerzas más reaccionarias y retardatarias de la ultraderecha peruana, entre ellas el Partido de Renovación Popular, uno de los principales impulsores de la amnistía junto al fujimorismo. Del acto también participaron altos mandos militares en retiro, expolicías y excomandos, responsables de los crímenes señalados. Entre los asistentes, por ejemplo, estuvo el exmiembro del grupo Colina, Juan Rivero Lazo, excarcelado en 2024 luego de haber sido condenado a 25 años de prisión, quien fue abrazado en esta ocasión por la presidenta Dina Boluarte. “Lazo fue nada menos que el responsable del grupo paramilitar 'Colina' formado en los años noventa por Fujimori y Montesinos, un grupo que practicó la guerra sucia y produjo masacres”, denunció el dirigente comunista. Por todo ello, “el acto resultó nauseabundo y repudiable”.
Si bien la Ley de Amnistía ya está vigente, Gárate remarcó que el Partido Comunista del Perú- Patria Roja rechaza todo intento de avalar los crímenes de ayer y de legitimar la impunidad de los crímenes del presente contra el pueblo peruano y sentenció: “la lucha está abierta y debe ser el pueblo peruano el que logre ponerle fin al gobierno de Boluarte y a las leyes de impunidad”.
