¡Estalló el verano!

La semana con que se larga 2022, comienza con dos hechos que anticipan bastante de lo que va a tener centralidad durante este año. La reunión pautada para el miércoles por el ministro Martín Guzmán con los gobernadores -cuyo convite se amplió ayer a sindicalistas y empresarios- junto a la convocatoria a Extraordinarias, señalan dos escenarios clave para un Gobierno que pretende que 2022 sea el año de la puesta en marcha del plan de desarrollo que debió postergar por la irrupción de la pandemia.

El encuentro que pasado mañana va a tener Guzmán con los gobernadores con los que Alberto Fernández firmó el Consenso Fiscal tiene una dimensión política muy fuerte. Aunque suene desagradable plantearlo de esta forma, con la racionalidad en una mano y con la billetera en la otra, el Gobierno sabe que es entre los mandatarios provinciales -incluidos los tres radicales- donde puede construir los acuerdos que necesita para que el Consenso Fiscal avance cuando sea tratado en el Congreso.

Es que con razón, La Rosada interpreta que un consenso fiscal acordado por el espectro político más amplio que pueda conseguir, suma a la hora de la definición de las negociaciones que lleva adelante con el FMI. Por eso junto a la presentación sobre el actual estado de esa negociación, el ministro y los gobernadores le van a sacar punta al lápiz para pelear por la mejor tajada que cada quien pueda conseguir y, sobre todo, para poder volver a sus provincias con certezas respecto a cuánto van a tener durante este año en la bolsa, después de que el Congreso rechazara el Proyecto de Presupuesto que envió el ejecutivo (Ver El año de la deuda).

De todos modos, el que crea que la va a tener sencilla se equivoca. La Unión Industrial (UIA) y la Cámara de Comercio y Servicios (CAC) saben que su capacidad de lobby llega hasta los rincones más inesperados y pusieron el grito en el cielo por Consenso, pero sobre todo ante la posibilidad que se abre para que se legisle un incremento sobre las imposiciones a la riqueza obtenida por herencias, legados, donaciones y anticipos de herencia (Ver ¡A brindar que se acaba el año!).

¿Pueden sorprender estas actitudes? Los empresarios que integran la UIA y la CAC, están entre los beneficiarios del esquema de subsidios estatales que el gobierno profundizó durante la pandemia a partir de instrumentos como los ATP y los Repro 2, pero también fueron sumamente críticos cuando la intervención estatal puso el ojo sobre los precios de la canasta básica.

Y si para muestra basta con un botón, viene bien recordar que cuando en octubre la Secretaría de Comercio Interior dispuso la Resolución 1050, el titular de la CAC, Mario Grinman, amenazó con desabastecer las góndolas, en una postura similar a la que tuvo Horacio Rodríguez Larreta. Este mismo tándem se opone ahora al Consenso Fiscal (Ver ¿Cuánto tiempo más llevará?).

Por eso en este punto cabe recordar que por medio de diferentes mecanismos de ayuda económica, el Estado Nacional transfirió al universo empresarial, de forma directa o indirectamente, el cuatro por ciento del PBI durante 2020 y el dos por ciento en el año que acaba de terminar.

Así las cosas, también para esta semana se espera que esté listo el paquete de proyectos que el ejecutivo va a enviar para su tratamiento en sesiones extraordinarias.

La Rosada sabe que en el Congreso no le sobra nada, así quedó demostrado cuando vio naufragar el Proyecto de Presupuesto y cuando sacó adelante el de reforma la Ley de Bienes Personales en una definición sobre la que la que el macrismo está pidiendo VAR. Por eso es que es fundamental todo lo que pueda porotear entre los bloques que tienen pocos integrantes, pero también entre aquellos legisladores que aún formando parte del multiverso macrista, responden a gobernadores que saben que sin la aprobación del Presupuesto 2022, a la hora de pedir recursos deben juntar orina en la Jefatura de Gabinete.

Y es que el Consenso Fiscal debe ser refrendado por el Congreso y, por eso, es uno de los proyectos que se espera que se manden a Extraordinarias. Pero también aparecen otros que podría incluir en la convocatoria y que serían piezas de negociación, como el de ley de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS y el de Humedales, que sin pronto tratamiento perderían estado parlamentario.

Pero el plato fuerte y donde más van a tener que trabajar el ejecutivo y el bloque del Frente de Todos (FdeT), esta en las iniciativas que prevén la reforma del Consejo de la Magistratura y Plan Plurianual que aparece concatenada a otros proyectos de Ley como el de Hidrocarburos, el Agroindustrial, el de Electromovilidad y el de Compre Argentino.

Esta parte del paquete es fundamental para que el Gobierno pueda contar con los instrumentos que precisa para retomar el programa del FdeT, basado en un acuerdo policlasista y transversal, que se apuntale desde una matriz de crecimiento, acumulación y redistribución basada en un modelo exportador  (Ver ¿Al Fondo? ¡Mejor a fondo!).

Pero para ello, todos en el Gobierno saben que es preciso alcanzar un preacuerdo con el Fondo que contemple un calendario de pagos de deuda, acordados y sustentable, que entre otras cosas facilite que la industria argentina cuente con la posibilidad de acceder mediante el crédito internacional, a los dólares que precisa para financiar la compra de insumos y partes que no produce.

El año de la deuda

¿Pero desde dónde arrancamos 2022? “Argentina está lista para avanzar, pero aún falta trabajo de comprensión por parte de la comunidad internacional”, dijo el ministro Guzmán la semana pasada en una entrevista concedida al diario español El País, en un tácito reconocimiento del empantanamiento en que entró la negociación con el Fondo, principalmente a raíz de la postura que tienen los negociadores que representan a EE.UU., respecto a la proyección del crecimiento de la economía Argentina para 2022 (Ver El año de la deuda).

Pero no sólo esto. Como consecuencia del Stand-By firmado por la Presidencia Macri, este año Argentina debería pagar vencimientos por 19.100 millones de dólares al FMI, cifra que va acollarada con los alrededor de 34 mil millones que vencen con acreedores privados. Pagar todo esto resulta imposible.

Por eso la posibilidad de que arribe a un Programa de Facilidades Extendidas es clave para acomodar ambos frentes, al tiempo que daría previsibilidad a una economía en la que aunque hubo catorce mil millones de superávit comercial, las reservas del Banco Central siguen en el mismo rango que cuando comenzó 2021.

Queda claro que el “mejor acuerdo posible” al que pueda llegar Argentina con el FMI, al menos hoy y aquí, es aquel que otorgue más plazos y flexibilidad de pago, pero que asimismo permita que el techo del crecimiento se coloque lo más arriba posible.

Pero también lo es que por más alto que esté ese techo, cualquier esfuerzo va a ser inútil si el Central no logra captar la parte del león del producto del superávit comercial. Esto es, si el Gobierno no consigue que en lugar de irse por la canaleta de la fuga de divisas, ese saldo se transforme en bienes de capital para la industria que multiplique exportaciones y consumo interno.

Pero sostener tasas de interés razonables y disciplinar a los actores que hacen negocio profundizando la brecha cambiaria, es una tarea ciclópea aunque, claro está, es fundamental para la idea gubernamental de ofrecer alternativas de inversión dentro de la actividad productiva, capaces de seducir a la clase capitalista que actúa en el país.

“Existe un clima de optimismo y de positividad para el 2022”, dijo Paolo Rocca a mediados de diciembre al disertar en el seminario del Programa ProPyme y tras reconocer que durante 2021 las casi mil empresas que forman parte de la cadena de valor de Techint crecieron un promedio del 36 por ciento y sus exportaciones lo hicieron en un 56, pidió que se apure el cierre del acuerdo con el Fondo, ya que esto “estabilizaría una visión a futuro para la Argentina”.

El optimismo de Rocca y del universo del capital en general está justificado. Es que la brecha de alrededor del cien por cien, que intencionadamente se alimenta entre el precio legal del dólar y aquello a lo que se vende en sus variantes blue, beneficia a quienes perpetran maniobras delictivas para evitar liquidar en el mercado oficial, tales como las que se vienen descubriendo durante las últimas semanas con la venta de granos (Ver Surfing en el Nyiragongo y ¿Al Fondo? ¡Mejor a fondo!).

Pero también lleva a que sea flor de negocio la sobrefacturación de importaciones y precios de transferencia, así como la importación de maquinaria que se paga con dólares adquiridos a precio oficial, pero que se capitaliza en dólares a precio blue, esto es, un cien por cien más caro.

Y, por encima de todo esto, esta brecha es una pieza clave para quienes alimentan constantemente el fantasma del salto cambiario que suma incertidumbre y sirve como excusa para que lo formadores de precios de la canasta básica, pongan en movimiento la maquinita remarcadora.

Entonces, el “mejor acuerdo posible” con el FMI es una parte del recorrido que, sobre el filo de una navaja, debe hacer el Gobierno y encima de forma apresurada. Y sabe que para transitar esta senda tiene que construir acuerdos sustentables, tarea para la que difícilmente pueda contar con el bloque de representación política que encabeza el macrismo, pero para el que le pone las fichas a otros actores como aquellos con los que hilvanó el Consenso Fiscal y con los que viene trabajando en espacios como el Consejo Económico Social y el Consejo Agroindustrial.

¿El año del trabajo?

Pero esta es sólo una parte de lo que aparece en el horizonte inmediato del año que acaba de comenzar. Diciembre anticipa un tres por ciento de inflación traccionado por el precio de carnes y lácteos que registran subas del cinco por ciento, con lo que 2021 cerraría en alrededor del cincuenta por ciento, esto durante un año en el que por decisión del ejecutivo las tarifas de los principales servicios estuvieron pisadas y se hizo lo propio con el precio de los combustibles durante seis meses. Y en un escenario en el que casi la mitad de quienes viven en Argentina, lo hacen bajo la línea de la pobreza, tengan o no trabajo conveniado.

Con este telón de fondo, el abordaje táctico y el estratégico, parecen estar más claros para un Gobierno que tiene dificultades para enfrentar la coyuntura donde el desafío es construir trabajo y de calidad, lo que quiere decir que de mínima el salario pueda recomponerse por encima de la inflación.

Esta semana termina el plazo establecido por la Resolución 1050 que puso en el freezer el precio de 1432 productos alimenticios, bebidas y de limpieza e higiene (Ver Hora de congelar). Durante estos meses la Secretaría de Comercio Interior avanzó con los representantes de las corporaciones que construyen la cadena de precios que acaba en las góndolas, con la idea de que se relance Precios Cuidados a partir de un esquema de aumentos escalonados que incluiría alrededor de 1300 productos.

Por su parte, el titular de la cartera de Agricultura, Julián Domínguez viene trabajando en un plan por el que se pretende desacoplar desde el inicio de la cadena, a los precios locales de los internacionales, especialmente en productos que como el maíz y el trigo tienen una incidencia central en casi toda la canasta básica.

La idea es establecer un mecanismo parecido al que se aplicó en la industria aceitera, a partir del establecimiento de subsidios cruzados hacia adentro del sector privado para el trigo y el maíz, por medio de fideicomisos en los que las empresas exportadoras subsidiarían los precios de las compañías que proveen al mercado interno.

El Gobierno se juega mucho, ya que pretende intervenir en la puja distributiva, esto es meter la cuchara en un episodio de la lucha de clases, con la idea de armonizar la disputa que existe por la hegemonía social, por medio de acuerdos que puedan acomodar a las distintas facciones del capital y garantizar pleno empleo y salarios que le ganen a la inflación.

Como se ve, todo un desafío para el acuerdo que pretende el gobierno sea algo más que de coyuntura. Por eso aunque sea ridículo soñar con un año de crecimiento parecido al de 2021 y sabiendo de dónde arrancamos, la pregunta es dónde terminaremos y por qué rumbos se va a transitar. Ya que desde que el capitalismo comenzó a manifestarse como una economía-mundo, economía y política reflejan las necesidades de acumulación de la clase capitalista y, por ello, son la misma cosa. Esto lo sabe el Gobierno, pero también tiene que claro que, a su vez, son escenario de tensiones internas. Y esto es algo que puede aprovechar.

Entre las principales herencias que dejó el Gobierno Cambiemos está la modificación regresiva que de facto se perpetró en la relación entre los universos del trabajo y el capital, algo que se plasmó en el precariado como forma que avanza sobre todo en el empleo que se va creando.

Esta forma representa, en parte, el éxito del “cambio cultural” que encabezó el macrismo que logró internalizar la naturalización del desempleo, la flexibilización y la precariedad prolongada en el tiempo, acompañada de una baja en el nivel salarial y una profunda incertidumbre que ensombrece todo el universo del trabajo.

Y en este punto aparece una de las cartas que tiene para jugar el Gobierno que para galvanizar al sujeto social en que se sustenta, tiene que lograr que lo que se crezca, incluso con el condicionante de la deuda, sirva para construir trabajo de calidad que permita romper con la lógica del precariado, lo que devolvería la certeza y estabilidad que le fueron arrebatas a miles de trabajadores.

Realidad alterna I

Queda claro por dónde viene la idea que tiene el Gobierno para pensar qué hacer con el producto del crecimiento de la economía, pero también de qué forma quiere intentar que ese producido se convierta en un plan que actúe virtuosamente sobre la coyuntura, brinde sustentabilidad táctica y solidez estratégica.

Y que este ese abordaje que espera acelerar durante este año, se quiere financiar con los dólares que genere la matriz exportadora, al menos con los que queden después de pagar los servicios de la deuda con la que ilegalmente nos embocó a los argentinos Mauricio Macri y su runfla.

¿Pero qué otras ideas sólidas que puedan coadyuvar con este diseño, aparecen hacia adentro del universo del FdeT? Desde el borde de este universo, llega la reflexión de Raúl Zaffaroni quien en una reciente columna que escribió para la revista La Tecl@ Eñe, plantea que es posible tipificar penalmente como economicidio al endeudamiento irresponsable que compromete el crecimiento del PBI, como es el caso del que contrajo la Presidencia Macri. Por lo que le cabría el mismo tratamiento que al delito de administración fraudulenta a lo que se le añadiría el correspondiente a la lesión de desbaratamiento de la economía nacional cuya pena tiene una expectativa de hasta seis años.

¿Pero es posible tipificar crímenes económicos contra la humanidad? ¿Qué dice la jurisprudencia global al respecto? El Acuerdo de Londres de agosto de 1945, adoptado por la ONU, define como crímenes contra la humanidad a aquellos delitos masivos que se perpetran por motivos políticos, culturales, religiosos, raciales, nacionales, étnicos o de género, pero no incluye a las conductas de origen económico.

La Evaluación Ex Post del préstamo que elaboró el FMI, explica sin ambigüedades que el Stand-By de 2018 no estuvo motivado por razones económicas y que, tal como ya lo había explicado el ex asesor de Donald Trump y actual titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver, el procedimiento excepcional del organismo, respondió a la necesidad política de que Macri gane las elecciones de 2019 (Ver Surfing en el Nyiragongo y ¿Y dónde están los dólares?). Esto quiere decir que la motivación fue claramente política.

La definición de la ONU también explica que la consideración de crímenes contra la humanidad, le cabe a los actos inhumanos graves que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de que ese acto provoca sufrimientos graves o daños físicos o mentales a las personas.

¿Cómo habría que calificar a la toma de una deuda por 46 mil millones de dólares, que no respondió a razones económicas pero sí a motivaciones políticas basadas en presupuestos ideológicos? ¿De qué forma se la debería calificar cuando en sí misma, esta conducta premeditada significa un ataque que provoca daños directos y colaterales sobre una población civil y cuando quien perpetra ese acto de agresión sabe a priori que va a provocar sufrimientos graves, daños físicos y mentales a las personas concretas?

Es muy difícil que alguien dentro del Poder Judicial de Argentina tome el guante que lanzó Zaffaroni y, más aún, que si eso ocurriera el destino de la causa pudiera ser otro que su naufragio en algún lugar del sótano de Comodoro Py. Pero no es menos cierto que, sólo por este hecho, Macri hizo mérito suficiente para estar sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Penal Internacional.

Realidad alterna II

Por su parte, desde otra de las realidades alternas coadyuvantes hacia adentro del universo del FdeT sobre las que resulta interesante poner la lupa durante este tórrido verano, aparece la propuesta que por separado pero coincidentemente, hicieron Agustín Rossi y Claudio Lozano, de establecer un ingreso básico universal.

¿Pero de qué va esto? La cosa es definir si se trata de un derecho o de un mecanismo de ayuda, ya que en buena medida, de esa definición depende de dónde se sacan los recursos para financiarla, algo que sería difícil con una estructura fiscal regresiva y muy conservadora como la argentina.

De diferentes formas, esta receta se aplica en varias formaciones estatales. Entre los países donde tiene más desarrollo, están Canadá y Finlandia donde se presenta como una política pública que permite que de una forma poco traumática, se absorba a quienes la automatización de la producción y la deslocalización fabril deja sin trabajo. Otro caso interesante es el que Irán, donde un instrumento de este tipo se financia con el ahorro fiscal que el Estado hizo cuando retiró subsidios a la energía y a productos de la canasta básica.

En nuestro país lo más cercano es la AUH, un instrumento constantemente atacado desde la derecha local, pese a que el propio Milton Friedman postuló que era necesario aplicar un impuesto negativo sobre la renta, que es una figura muy próxima a la idea de la renta básica universal.

En este punto vale recalcar que la AUH es un instrumento que en un país con el cincuenta por ciento de pobreza queda escaso, por lo que debe ampliarse a más personas y tiene que contar con más asignación de recursos que garantice que quienes accedan a este derecho, puedan utilizarlo para algo más que sobrevivir a duras penas.

Esto de la renta universal es más bien, un experimento de economías capitalistas que cercenan la posibilidad de que toda su población tenga empleo digno, fomentan formas de relación laboral basadas en el emprendedurismo y el precariado, al tiempo que tienen la capacidad de generar excedentes que les permitan subsidiar el consumo, esto es subvencionar de forma indirecta al mismo universo del capital que provoca el desempleo.

Es decir, un mundo ideal para el universo del capital, sin lucha de clases ni sindicatos ni proletarios: ¡el mundo feliz con el que sueñan los que quieren una Gestapo que persiga trabajadores!

Esta suerte de experimento social llega a su expresión más acabada en Alemania, donde desde 2014 dos ONG utilizan donaciones que reciben del sector privado, para el desarrollo del Programa Mi Ingreso Básico, por el que alrededor de 1500 personas perciben una cifra de hasta 1.200 euros por mes durante tres años, a cambio de que permitan que se analice cómo esta situación modifica sus conductas. Sí, algo así como el experimento de los hermanos Duke en la película De mendigo a millonario, sólo que aquí, el papel del mendigo no lo protagoniza Eddie Murphy.

Pero ya de vuelta de Hollywood y más allá del experimento neoliberal, esto de la renta universal es un intento bastante claro de la versión protokeynesiana del universo del capital, para descomprimir las tensiones que el sistema capitalista lleva en su propio ADN, que alcanza los límites que le impone el momento de la crisis a la redistribución de excedentes.

Pero es evidente que por la propia dinámica de la crisis capitalista, los períodos de este tipo de expansión “virtuosa” son cada vez más cortos y el volumen de lo que pueden repartir es cada vez más escaso. Y, de todos modos, para evitar errarle al vizcachazo, a la hora de analizar iniciativas de este tipo se debe tener en cuenta las miradas de coyuntura, táctica y estratégica, pero también la perspectiva ética y moral.

Porque desde una perspectiva ética y moral, como comunistas no podemos oponernos a una medida que le ponga dinero en el bolsillo a un sector social para el que, ese dinero, puede ser la diferencia entre comer o no comer. Pero debemos tener claro que se trata de una alternativa de coyuntura.

Un desafío sería hacer que esos recursos se transformen, por ejemplo en capital inicial de proyectos cooperativos de trabajadores libres que se asocien, capaces de reproducir riqueza en el volumen y escala posible. Esto es, en grupos que transformen el recurso proveniente de una renta de ese tipo, en capital social que les permita subsistir pero también tomar decisiones sobre qué hacer con el excedente que genere, por más mínimo que fuera.

Esto es intervenir de forma disonante en el proceso de producción y circulación -siempre a escala-, pero sobre todo en el de realización del capital. Y esta es una tarea que sólo los comunistas podemos hacer. Es decir, transformar desde una mirada estratégica, cualquier recurso que al Estado Liberal Burgués no le quede otra que conceder, esto es utilizar cualquier hendija de las pocas que deja el capitalismo, para seguir avanzando en una tarea que, por un lado, mejore la vida de trabajadores concretos, pero que también aporte a la construcción de un sentido común no capitalista y, por lo tanto, de masa crítica y organizada indispensable para actuar en un escenario como el del sistema capitalista que fabrica escasez y destruye trabajo, por lo que no tiene otro destino que el desequilibrio.