Impunidad nunca más

La Cámara de Casación ratificó que los hechos sucedidos en la madrugada del 8 de octubre de 1984, donde un grupo comando ingresó armado y decidido a sacar de los tribunales de Rosario todo lo que fuera necesario para que nadie tuviera que dar explicaciones ante la Justicia por los crímenes cometidos años antes, no pueden quedar impunes porque son imprescriptibles y continuarán investigándose en la justicia federal de Rosario.
Después, siguieron por una casa que se había allanado tiempo antes y en la que se habían encontrado no sólo papeles de gran valor sino elementos sustraídos en operativos durante la dictadura. Redujeron a la custodia y cargaron todo lo que pudieron. Fue un golpe comando de la estructura de inteligencia del Ejército en Rosario, pero fue también un golpe al proceso de juzgamiento que intentaba ponerse en marcha.
Cabe recalcar que en el juzgado se acumulaban las pruebas que se habían recolectado a instancias de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que involucran varios casos de violación a los Derechos Humanos.
La resolución fue firmada este jueves por la Sala IV de la Cámara de Casación Federal, integrada, para este caso, por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Los camaristas ratificaron así lo que habían resuelto tanto el juez federal de Rosario Carlos Vera Ramos como la Cámara de Apelaciones de esa ciudad, y en línea con la investigación que viene desarrollando la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, a cargo del fiscal Adolfo Villatte y del auxiliar fiscal Juan Murray.
Están imputados quien era el jefe del II Cuerpo de Ejército Víctor Pino Cano -aunque separado del proceso por enfermedad-, el jefe de Inteligencia del II Cuerpo (G2) Héctor Fructuoso Funes y Luis Américo Muñoz, que oficiaba de jefe del destacamento de inteligencia 121 de Rosario.
Son lo que podría definirse como las cabezas de lo que fue una de las dos operaciones especiales de inteligencia de las que se jactaba Muñoz cuando hizo un reclamo administrativo en pleno gobierno de Raúl Alfonsín porque se le negaba un ascenso al que él se creía con pleno derecho por sus aportes a la causa de la familia militar, ascenso que finalmente llegó en el gobierno de Carlos Menem.
Ese reclamo de Muñoz apareció y fue clave en el juicio que se realizó por los asesinatos de los militantes Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiaso, y de alguna manera reactivó la investigación por el robo de 1984 que sacudió a Rosario.
En este sentido, Norberto Champa Galiotti, secretario del Partido Comunista de Rosario ratificó que “estamos contentos y satisfechos con la decisión” y señaló que se trata de “una determinación positiva porque este hecho tenía que ver con cubrir a los delitos de lesa humanidad y a los actores de los mismos”.
De este modo, enfatizó en que “esto sienta jurisprudencia con todos los delitos vinculados no solamente con la desaparición y el asesinato de nuestros 30 mil desaparecidos, sino con los negocio de quienes apoyaban ese plan sistemático de desaparición y muerte de los militantes populares”.
Asimismo, el secretario del PC de Rosario destacó el trabajo del fiscal general Adolfo Villate y aseveró que “es uno de los que más trabaja en delitos de lesa humanidad” y, en esta línea, recordó que “la causa de nuestro camarada Sergio Silva, como la de tantos otros desaparecidos demuestra la convivencia de sectores de la justicia con los represores”.
Y recalcó que “no actuaron solo las fuerzas armadas, la justicia, la iglesia, medios de comunicación, médicos también”, tras lo que insistió en que “hay que seguir trabajando e investigando y encontrar las pruebas contra los actores de los robos y quemas de expedientes”.

"Quinta de los Comandantes"

El Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf), llevó a cabo un relevamiento donde funcionó el centro clandestino de detención denominado como "La Quinta de los Comandantes", ubicado en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, cerca de Rosario.
Héctor Chinche Medina, ex preso político y dirigente sindical de Santa Fe, impulsa como querellante la búsqueda del cuerpo de su hermano, Oscar, detenido desaparecido durante la última dictadura cívico militar y cuyos restos podrían encontrarse en este predio.
Asimismo, en agosto de este año, otra ex detenida desaparecida, Graciela Esperanza Villareal, reconoció La Quinta a los Comandantes como el lugar donde permaneció secuestrada en 1976, tras un trámite judicial que estuvo supervisado por el juez Marcelo Bailaque y el fiscal federal Adolfo Villate.
Los querellantes y organismos de derechos humanos estiman que en esos terrenos pueden encontrarse los restos de víctimas de los delitos de lesa humanidad que se investigan en la denominada causa Klotzman, cuyo juicio se reanudará en febrero en los tribunales rosarinos.
En este proceso oral y público se analiza la desaparición de 29 personas, de las cuales sólo una sobrevivió, y entre las víctimas se encuentra la beba presuntamente apropiada de Cecilia Beatriz Barral y Ricardo Klotzman.
Las víctimas en su mayoría pertenecían al PRT y tenían militancia en la zona del cordón industrial de Rosario y Gálvez, y permanecieron secuestradas en un centro clandestino que se encontraba en la localidad de Fisherton.
En este juicio, que se inició a fines de septiembre después de varias postergaciones, están acusados el excapitán de inteligencia Jorge Alberto Fariña y los ex miembros de la Delegación local de la Policía Federal Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López.
“Es muy importante el testimonio de los detenidos que reconocen que la casa quinta de comandantes habían estado presos”, aseveró Galioti y no dudó en afirmar que “es una de las causas que segura se va a seguir investigando”.
En este sentido, remarcó que “apoyamos a Medina como querellante de la causa que supone que puede estar enterrado su hermano” y también señaló que “la mayoría de la gente que pasó por La Quinta de los Comandantes eran trabajadores del cordón industrial”.