Ladrillo a ladrillo

Una delegación de la CTA integrada entre otros por José Chapu Urreli se hizo presente en el acto que encabezó Alberto Fernández, donde se firmó un convenio que va a permitir asignar 1.200 viviendas del Programa Procrear II Cogestión Local con Sindicatos, que en este tramo consiste en unidades habitacionales para la Ciudad de Buenos Aires y las localidades bonaerenses de Ezeiza, La Matanza, San Miguel, San Nicolás, Lincoln, Bahía Blanca y Tandil.
La cita fue en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada y ahí también estuvieron el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi, junto a Hugo Yasky, Daniel Catalano, Edgardo Llano, Claudio Marín, Gustavo Rollandi, Roberto Baradel, Yamile Socolovsky, Alejandra Darín y Sandra Zapatero, al tiempo que la CGT fue representada por una delegación encabezada por Héctor Daer.
El convenio que se suscribió, busca involucrar activamente a los sindicatos en el desarrollo de los programas de viviendas que viene llevando a cabo el Ministerio que encabeza Ferraresi que se fijó el objetivo de construir más de 260 mil casas para familias, de aquí a 2023 y en todo el país.
Ahí, el presidente Fernández recordó el efecto que dejó la deuda contraída por el Gobierno Cambiemos con el FMI. “Con la mitad de lo que tenemos que pagarle al FMI el próximo año podríamos construir 260 mil viviendas”, recalcó e invitó a “reflexionar acerca de la irresponsabilidad con que se tomó esa decisión de tomar deuda y los costos sociales que significan”.
Pese a esto ratificó que se va a avanzar en el plan de construcción de 260 mil previsto parta los próximos tres años, lo que implica una inversión de diez mil millones de dólares. “Esto es la cuarta parte de la deuda que otros tomaron irresponsablemente con el Fondo en un año” destacó y añadió que “con la mitad de lo que deberíamos pagarle el año que viene al FMI podemos construir 260 mil viviendas”.

Datos que alarman

Estimaciones oficiales señalan que para satisfacer la necesidad de personas con problemas habitacionales, en Argentina faltan alrededor de 3,5 millones de viviendas. Pero relevamientos hechos por organizaciones no estatales ubican la cifra del déficit habitacional por arriba de los cuatro millones.
La extrema concentración de la propiedad individual de la tierra es estructural e ineludible a la hora de pensar esta problemática. Pero también lo es el precio de los materiales de construcción que, aunque resulte ridículo, en Argentina está dolarizado.
Si para muestra alcanza con un botón, en febrero los insumos para la construcción aumentaron 76,5 por ciento interanual, lo que prácticamente duplica a la inflación minorista interanual que fue de 40,7 por ciento.
Así las cosas, durante el bimestre inicial del año, la construcción creció un 8,2 por ciento. Y en marzo los listados de materiales arrancaron con una demarcación promedio del cuatro por ciento, lo que exhibe el arrastre de febrero cuando el relevamiento del Indec registra una suba del cinco por ciento.
Todo esto preocupa a La Rosada que sabe que la construcción implica precios clave de la economía. Por eso la industria de la construcción es uno de los sectores sobre los que el Gobierno habilitó una mesa sectorial para intentar acomodar precios y salarios, a partir de un control de la cadena que los construye.
Lo cierto es que el acceso a la vivienda es un paradigma de imposible cumplimiento para muchas personas y, fundamentalmente, a aquellas socialmente vulnerabilizadas como son los trabajadores empujados a relaciones laborales informales y la desocupación. Pero asimismo para sectores de ingresos medios, para quienes acceder a créditos para la vivienda se vuelve muchas veces como algo inalcanzable.
Todo esto constituye un universo de algo así como doce millones de personas, esto es una tercera parte de los argentinos.