Para hoy y mañana

“En este momento complejo de la Patria reafirmamos nuestra convicción de que sólo el ejercicio concreto de la soberanía nacional garantizará a nuestro pueblo una salida a la crisis global con independencia económica y justicia social”, recalca el documento firmado por 103 organizaciones sociales y sindicatos, entre las que está el MTL, que fue entregado a Alberto Fernández por el referente de la Utep, Esteban Castro.
El documento basa su mirada a partir de una propuesta referida a la soberanía alimentaria, monetaria y financiera, así como fiscal y energética, pero también plantea que es preciso que se avance en la planificación territorial y garantice el acceso a la vivienda digna.
La presentación de los movimientos sociales es oportuna, más aún en un contexto en el que el presidente comenzó a intensificar encuentros con representantes de los universos del capital y el trabajo, con los que pretende transitar la contingencia que impone la pandemia, pero asimismo avanzar en la construcción del Consejo Económico Social.
Durante los últimos días, Fernández almorzó con Roberto Lavagna y tuvo una reunión con empresarios de la industria, en el que estuvieron el titular de la UIA, Miguel Acevedo, Javier Madanes de Aluar, Luis Pagani de Arcor y Roberto Murchison de Grupo Murchison; mientras que por Accenture estuvo Sergio Kaufman, Luis Pérez Companc por Molinos Río de La Plata, Marcos Bulgheroni de Pan American Energy y Mariano Bosch de Adecoagro y por Toyota, Daniel Herrero.
En esta agenda, también se debe ubicar la reunión que próximamente va a mantener, según anunció ayer Fernández, con la cúpula de la CGT que hace poco acordó con la UIA la extensión por sesenta días el acuerdo marco que permite suspender personal con reducción salarial.

Para hablar claro

La propuesta de los movimientos sociales hace hincapié en la necesidad de construir políticas soberanas a partir de herramientas concretas.
Por eso habla de soberanía alimentaria que, recalca, es el núcleo “de cualquier principio básico de justicia social”, por lo que es preciso “independizar a la producción, transporte y comercialización de alimentos de las cadenas globales de especulación financiera”.
Para esto postula la creación de un millón de chacras mixtas combinadas con una estrategia de industrialización del campo, planificada y federal, lo que “daría soberanía alimentaria regional y capacidad de exportación de alimentos sanos, saludables, con trazabilidad y artesanales, que es lo que Argentina y el mundo demandan actualmente y a futuro”.
Por eso, para enfrentar la restricción logística, habla de “dar prioridad en el abastecimiento a la pequeña producción de cercanía” y en lo inherente a la comercialización, propone que en el mercado interno, se reemplace al “capital concentrado extranjero preponderante en los supermercados, por capital público que garantice el abastecimiento justo”.
Y, en lo que hace a la exportación de alimentos, destaca que es preciso que se declare de interés y utilidad pública aquellos sectores económicos que resulten centrales para enfrentar la crisis alimentaria. Por lo que señala que es necesaria la creación de una empresa estatal con capacidad reguladora de los precios internos.
Al referirse a la soberanía monetaria y financiera recalca que es imperioso “romper con la dependencia monetaria y financiera de los mercados especulativos de crédito” y que, por eso, hay que “recuperar capacidad de emisión propia de dinero estatal, definir nacionalmente el destino del crédito interno”.
Al respecto, demanda que se declare al sistema bancario como servicio público y aclara que “un servicio financiero público debería tener como prioridad reconstruir el capital de trabajo en los sectores más débiles de la producción, expropiado por la usura”.
Asimismo, destaca que debe garantizarse que los bancos reprogramen “todas las deudas que no puedan pagarse”, pero además “que se van a activar las líneas de crédito para garantizar el pago de salarios y el crédito para el capital de trabajo”.
De ahí que se vuelva preciso “una intervención más agresiva del Banco Central y, si es necesario, intervenir la banca privada para que opere por cuenta y orden del Central y cumpla con las regulaciones de la Autoridad Pública”. Y aclara que debe segmentarse esta iniciativa, “ya que grandes firmas están en condiciones de afrontar con capital propio o a través de la capitalización de sus propietarios, el pago de la nómina salarial e impuestos”.
También propone la creación de un fondo para promoción de la economía popular, por medio de créditos y subsidios, así como un banco federal de desarrollo “que impulse el crecimiento en los sectores estratégicos”.