Tarifas, una discusión que ya empezó

Se llevaron a cabo esta semana las dos primeras audiencias pública convocadas por el gobierno nacional, mediante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), para discutir el nuevo cuadro tarifario, que tendrá carácter “transitorio”, de las tarifas de gas, luego de un año de congelamiento dispuesto por el Ejecutivo en el marco de las políticas socioeconómicas para mitigar el impacto de la pandemia.
Todo con un telón de fondo atravesado por la preocupación que provoca el aumento de contagios de Covid-19, que ponen al país en el umbral de la segunda ola, y los datos relevados por el Indec que confirman un aceleramiento de la inflación durante el primer trimestre del año con una inflación en los precios mayoristas de 6,1 por ciento en febrero.
En las audiencias se debatió sobre el costo del precio del gas a boca de pozo, el margen para subsidios, la actualización del transporte y la distribución mediante un nuevo cuadro tarifario, de “transición”, tras casi dos años de congelamiento.
La primera tuvo lugar el lunes. Allí el eje estuvo puesto sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema (Pist), que representa aproximadamente el cuarenta por ciento de la factura que paga el usuario.
A partir de este valor, se discutió sobre el porcentaje que cubrirá el Estado nacional, mediante subsidios, y que porcentaje quedará a cargo del usuario, en el marco del Plan de Promoción del Gas Natural Argentino 2020-2024 lanzado el año pasado por el presidente Alberto Fernández.
Al día siguiente se analizó una serie de esquemas alternativos, sobre los que finalmente se diseñará el cuadro tarifario que el Estado nacional reconocerá a las empresas de transporte y distribución en las distintas regiones del país.
De las audiencias se desprende que las tarifas finalmente tendrán un aumento cercano al quince por ciento, que es el incremento demandado por las empresas y que el gobierno nacional no ve con malos ojos luego de casi dos años de tarifas congeladas. De acuerdo con lo previsto en la convocatoria a este proceso, una vez finalizadas las audiencias habrá un período de treinta días hasta que el Enargas se expida sobre el nuevo esquema tarifario.
La posición del gobierno nacional fue planteada por el interventor del Enargas, Federico Bernal, quién manifestó que el objetivo del Gobierno es alcanzar "tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva" y agregó que “el presidente Alberto Fernández nos encargó como objetivo cardinal en materia de servicios públicos de gas por redes y electricidad, tener en la Argentina tarifas justas, razonables y asequibles, esto es, que se puedan pagar; tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva".

Puja distributiva y tarifas

Las audiencias realizadas para definir los aumentos en las tarifas del gas no son aisladas. Luego de asumir la gestión después de cuatro años de políticas neoliberales y con la irrupción de la pandemia, que trastocó todos los plazos y prioridades trazadas por el Frente de Todos, el gobierno nacional decidió “descomprimir” ante las presiones de las empresas prestadoras de servicios públicos y de áreas estratégicas para la economía nacional, que demandan una actualización de precios frente a la inflación y el congelamiento de precios.
En esta dirección, el viernes pasado el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), abrió el proceso de inscripción para participar de audiencias públicas convocadas para tratar los regímenes de “transición tarifaria” de las empresas de transporte de energía eléctrica a nivel nacional, y de distribución en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
A su vez, YPF anunció un aumento del quince por ciento para el precio de sus naftas, a implementarse de forma escalonada en los próximos tres meses en el marco de la búsqueda de financiamiento de su plan de inversiones.
Pese a los controles de precios, el congelamiento de tarifas y la emergencia sanitaria y económica, la inflación de 2020 en Argentina fue del 36,1 por ciento. Y, en lo que va del año, contando enero y febrero, el incremento del IPC ya acumula 7,8 por ciento.
No caben dudas que los procesos de “transición” tarifaria, tal como los llama el gobierno, en los servicios de gas, electricidad y transporte, como así también el ajuste en los precios de los combustibles, se van a hacer sentir en los índices inflacionarios del semestre, en medio de un año electoral y de una puja distributiva creciente, en la que se entremezcla el afán de ganancia de los grandes grupos económicos vinculados a las actividades que definen los precios claves de la economía, como alimentos, vivienda, servicios públicos, transporte, telecomunicaciones, etc., y los vaivenes provocados por la pandemia.
Frente a la presión de las empresas, el gobierno está obligado a abrir el juego para acordar una nueva política tarifaria, de índole “transitoria”, lo que resuena lógico en el contexto de inflación y congelamiento pero que a su vez, y justamente por ello, resuena ilógico y perjudicial para el bolsillo de los trabajadores.
Así las cosas y ante la oportunidad de discutir una nueva política tarifaria en Argentina ¿no es momento de redefinir el rol de las empresas de servicios públicos? ¿No es acaso un momento propicio para que el Estado desplace a los grupos privados que lucran con el derecho fundamental de acceso a los servicios de agua, luz, gas, telefonía, televisión e Internet y tome el control junto a trabajadores de las empresas y los usuarios?
En el marco de las reglas de juego establecidas por el Estado liberal burgués, aun cuando es administrado por fuerzas políticas de origen nacional, popular y democráticas, resulta dificultoso contrarrestar el poder de las empresas cuando el punto de partida es la concesión a los grupos económicos de que las tarifas “hay” que aumentarlas, incluso cuando el poder adquisitivo del salario se derrumbó en los últimos dos años.
Desde esta perspectiva, resulta válido entonces preguntarse si alcanza con morigerar los aumentos frente a una inflación que no afloja en rubros sensibles para la economía popular.