Derechos Humanos

Sigue la amenaza de desalojo del edificio ubicado en la calle Santa Cruz 140 que fue recuperado por familias que estaban en situación de emergencia habitacional.

El juez Fernando Césari hizo lugar a su pedido del empresario hotelero Leonardo Ratuschny, quien pretende que se desaloje el edificio ubicado en Santa Cruz 140 de la ciudad de Buenos Aires, recupero durante 2002 por 106 familias que estaban en situación de emergencia habitacional que lo convirtieron en su hogar.
Vale recordar que en el edificio funcionó la fábrica textil Selsa y ocho años después, en el marco de una quiebra, fue subastado y al precio vil de un millón y medio de pesos fue adquirido por Ratuschny, un especulador inmobiliario que posee varios hoteles.
Desde ese momento estas familias viven bajo permanente amenaza de desalojo, algo que tuvo un punto culminante cuando en septiembre de 2019 se los intentó sacar del lugar por medio de un operativo de policial y judicial que resistieron con el apoyo de organizaciones populares, entre las que estaban el PC y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
El magistrado dio luz verde al pedido de Ratuschny y, así, habilitó la feria judicial para reactivar el proceso de desalojo que podría dejar a las familias en la calle.
Todo pese a la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 320/20 que suspende los desalojos, algo que de acuerdo a la Ladh “en una interpretación amplia e integral no puede dejar afuera a nuestra casa y familias”.
Tras lo que señala que, en el contexto de la pandemia, el Poder Judicial “está consintiendo proseguir con un juicio que pretende dejar en la calle a las 106 familias”.
Y recuerda que los moradores del edificio “son un total de aproximadamente 350 personas de las cuales 131 son adolescentes, niñas y niños, muchos de ellos contagiados por Covid-19 en proceso de recuperación y sin posibilidades de ganar su sustento”.

Lucha

En este sentido, Iliana Llanos, presidenta de la Cooperativa Papa Francisco y una de las personas que vive junto a su familia en el edificio aseveró que “no vamos a abandonar la lucha”.
En este contexto de pandemia y asilamiento social y obligatorio, Llanos aseguró que “cuando deberíamos abarcarnos a preservar la salud de las personas y poner energías en las ollas populares y cosas relacionadas a la pandemia, se suma que tenemos estar preocupados por esta situación inminente de desalojo”.
Asimismo, no dudó en afirmar que la vía usada por el gobierno de la ciudad es el autoritarismo, ya que “vienen y te reprimen y no les interesa que las familias accedan a vivienda digna”. Por lo que dejó en claro que “los ocho mil pesos de subido habitacional no alcanzan para nada”.
A su vez, la presidenta de la Cooperativa Papa Francisco remarcó que “sabíamos que podía llegar a suceder porque venimos afrontando un juicio desde una década”, tras lo que dejó en claro que “se pudo resistir el desalojo porque logramos generar los vínculos suficientes para que muchos espacios la protejan”.
Tras lo que hizo hincapié en que el ejecutivo de la Ciudad, desde 2007, priorizó la especulación inmobiliaria y calificó a Ratuschny como “un inescrupuloso que aprovecha esta situación de pandemia para sus intereses empresariales”.
Además, dejó en claro que “hoy nuestra causa sigue su camino como si estuviésemos en una situación normal, como si todos pudieran salir a trabajar y la legislatura este abierta para todos, y eso no sucede”.
Respecto al decreto 320, Llanos aclaró que “solo establece los desalojos para quienes tienen contratos formales, y hay situaciones como la casa Santa Cruz que están como judicializaciones previas al 20 de marzo”, tras lo que opinó que “debería estar aquietado por la feria judicial”.
El comunero Ignacio Álvarez presentó un amparo en mayo para que se establezca un protocolo que no solo integre a barrios populares y que se contemple a distintas vulnerabilidades.
“Si bien no somos un barrio popular cumplimos con muchas de características”, señaló Llanos y recordó que “más de cien familias y más, trescientas personas vivimos en un edificio con baños compartidos y cocinas compartidas, y el flujo de gente que entra y sale es importante y por eso necesitamos los testeos”.
Por otra parte, destacó “la solidaridad de tantas organizaciones con la casa Santa Cruz” y aseguró que “esto se da porque entendemos que la lucha es colectiva”.
Para finalizar, habló del rol que juegan en las cooperativas en este contexto donde la pandemia golpea primero a los sectores más vulnerables. “El cooperativismo en contexto de pandemia es y es poder materializar que puede llegar un plato de comida a las familias que lo necesitan” sostuvo y aseveró que “vamos a poder encontrar la solución colectiva definitiva a nuestro conflicto”.

 

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Los dos principales responsables de la Masacre del Pabellón Séptimo recibieron penas de veinticinco años. “Fue una verdadera masacre”, señaló Iris Avellaneda, quien en ese momento, como presa política, estaba alojada a pocos metros del sitio de la matanza. Y puntualizó que “para que ningún genocida quede fuera del alcance de la ley, hay que seguir luchando y resistiendo, siempre por Memoria, Verdad y Justicia”.

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Con epicentro en Plaza de Mayo ayer jueves se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. En este contexto, el vicepresidente de la Liga, Gerardo Etcheverry, fustigó la designación de Joaquín Mogaburu como subsecretario de DDHH, ya que “es una persona que justifica lo hecho por la dictadura con el argumento falaz de ‘la historia completa’”.

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Así lo definió desde Agmer el integrante de la CoNaT, Leandro Pozzi, al referirse a la campaña lanzada por Cetra para exigir que se juzgue a los responsables del crimen de los hermanos Arancibia. Y añadió que “estos delitos son imprescriptibles por ser de lesa humanidad”.

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En Quilmes, militantes del Partido Comunista y la Corriente Nacional Lohana Berkins restauraron un mural que honra la memoria de Florencia Gómez.  Y coincidieron en afirmar que, a través del arte y el muralismo “renovamos nuestro compromiso de seguir exigiendo verdad y justicia por Flor”.

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Fue en Avellaneda,  donde se pintó un mural y se festejó el cumpleaños del fotorreportero herido de gravedad en marzo pasado por la gendarmería al mando de Patricia Bullrich en el marco de una protesta de jubilados. Mientras continúa con su recuperación, Pablo envió un saludo a quienes estuvieron presentes en la jornada, en la que participaron el Partido Comunista y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.  

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La Sociedad Rural de Corrientes bautizó la plaza central de su predio como Juan Carlos De Marchi, en homenaje a un ex capitán que fue condenado dos veces por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. “Hay una relación estrecha entre quienes hoy gobiernan y los condenados por los delitos de lesa humanidad” sostuvo el titular de La Fede de esa provincia, Jeremías Giordano. Finalmente, el repudio popular hizo que la placa en homenaje al genocida fuera retirada. 

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La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la condena a prisión perpetua que pesaba sobre el ex policía federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray por el secuestro y desparición del abogado y militante boliviano Gustavo Medina Ortíz y llamó a dictar una nueva pena, en una decisión que cuestiona el alcance que tuvo el Plan Cóndor.

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El jueves 11, Plaza de Mayo va a volver a pintarse de resistencia para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. “La idea es reforzar el proceso de construcción de Memoria, Verdad y Justicia y reafirmar el compromiso que hemos hecho durante las últimas cuatro décadas”, puntualizó Malena Silveira desde la Liga.

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Fue en Tafí Viejo, Tucumán, en un nuevo aniversario del fallecimiento de este joven militante de la Fede, baleado por una patota de Antonio Domingo Bussi en 1987. Ante su tumba, integrantes del Partido Comunista y familiares lo recordaron, exigiendo justicia y reafirmando el compromiso de seguir levantando sus banderas.

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Se sustanció en Resistencia un nuevo Juicio por la Verdad. En este caso se pudo establecer qué pasó con el militante misionero Carlos Tereszecuk. “Estos procesos son un aporte contrario a la corriente de crueldad que parece imperar, porque si por el poder fuera, nombres como los de Tereszecuk y tantos otros seguirían en el olvido”, sostuvo el abogado querellante, Duilio Jorge Ramírez.

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Un docente de bioquímica fue sancionado por reivindicar el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Índice de Abuelidad, instrumentos científicos que han hecho un aporte clave para devolverles su identidad a decenas de Nietes recuperados por Abuelas. Contundente reacción solidaria por parte de organizaciones de Derechos Humanos y políticas, entre ellas el Partido Comunista.

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Un represor organiza una marcha hacia Plaza de Mayo para pedir que larguen a los genocidas condenados. Por primera vez desde 1983 un militar va a estar al frente del Ministerio de Defensa y el subsecretario de Derechos Humanos defiende en la ONU el “Protocolo Antipiquetes” y la “memoria completa”.

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“Frente a un gobierno que desprecia el sistema democrático y busca silenciar opositores, es indispensable organizar una activa oposición a este proyecto, para evitar este nuevo ataque a nuestros derechos y garantías”, advirtió la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

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Lo dijo desde La Violeta Emanuel Ríos, al referirse a la campaña nacional por la que Ctera exige que se juzgue a los responsables del asesinato de los hermanos Arancibia. “La dictadura los asesinó pretendiendo cortar de cuajo aquello por lo que luchaban”, puntualizó.

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El gobernador de Salta paraliza el Comité contra la Tortura que es una instancia autárquica que monitorea el accionar de fuerzas policiales y penitenciarias en la provincia. La Mesa de Derechos Humanos advirtió que peligra su funcionamiento ya que el ejecutivo no llama a concurso para cubrir los cargos que vencen dentro de tres meses.

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El Tribunal 1 de Rosario absolvió a los acusados por delitos de lesa humanidad perpetrados contra obreros durante la represión del Villazo. “Es un hecho vergonzante por parte del Poder Judicial que se mostró obsecuente con un clima de época que sopla desde la derecha”, lamentó desde el Partido Comunista de Villa Constitución, Matías Pereyra.

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Comunidades mapuche radicadas en la zona de Bahía Blanca alertaron sobre el daño ambiental que pueden provocar los ejercicios que tropas estadounidenses llevan a cabo en las Bases Navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano.

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Se llevó a cabo en Rosario el cuarto Encuentro Provincial de Derechos Humanos en el que participó la Liga junto a otros organismos como Hijos, Familiares y la Apdh. En el debate también estuvo presente la causa Villazo y la demanda de justicia por Florencia Gómez.

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Mientras mañana va a tener lugar en Rosario el Encuentro de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, el martes se prevé que en los Tribunales Federales se lea la sentencia en la Causa Villazo. Por su parte, la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación confirmó este miércoles que recibirá al PC para responderle a su reclamo de información en la investigación sobre el femicidio de Florencia Gómez, una conquista que es consecuencia de la lucha militante sostenida a lo largo de cinco años.

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Avanza la campaña que lanzó Ctera para demandar que comience el juicio que debe poner en el banquillo de los acusados a los responsables del asesinato de Isauro y Arturo Arancibia. “Es primordial explicar a la sociedad el porqué de la lucha de aquellos militantes y dirigentes, que como Isauro y Arturo dieron sus vidas”, sostuvo Pablo Moren desde La Violeta de Lanús. 

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Sigue la campaña nacional de Ctera para exigir que inicie el juicio por el asesinato de los hermanos Arancibia. “Es preciso que esta campaña culmine con el juzgamiento y condena de los responsables del fusilamiento de nuestros compañeros”, subrayó desde La Violeta, la secretaria de Derechos Humanos integrante de Amsafé, Maru Regué.

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Con los votos de Rosatti y Rosenkrantz el máximo tribunal anuló la prórroga de la prisión preventiva que pesaba sobre el integrante de la CNU, Carlos Castillo. La Liga y otros organismos de Derechos Humanos repudiaron tal decisión.

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Se espera que en el banquillo se sienten veintitrés ex militares y ex policías que deben responder por su responsabilidad en la comisión de 63 delitos de lesa humanidad cometidos contra 71 víctimas de la ciudad de Río Cuarto.

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Esto es lo que reclamó Rogelio de Leonardi, secretario de Derechos Humanos de Ctera, ante el lanzamiento de la campaña nacional para sumar firmas en apoyo al pedido de inicio del juicio oral por los asesinatos de Isauro y Arturo Arancibia.

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