En el proceso oral de la denominada causa Área Paraná II, se juzgó José Anselmo Appelhans, el reconocido abogado Jorge Humberto Appiani, defensor del represor Emilio Massera, Naldo Miguel Dasso, Gonzalo López Belsué, entre otros.
Ocho represores fueron condenados a penas que van de los cinco años a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 20 personas, en el proceso oral de la denominada causa Área Paraná II.
La jueza federal Beatriz Estela Aranguren determinó que se trataron de "delitos de lesa humanidad, ocurridos en el contexto histórico del Terrorismo de Estado que asoló al país en el segundo genocidio entre 1975 y 1983", y además ordenó iniciar nuevas causas.
En el recinto sólo estuvieron presentes el fiscal, Carlos Escalada; los querellantes Ana Tejera, Sofia Uranga, Juan Antonio Mendez y Marcelo Boeykens abogado de la Lahd y militante del PC; y los defensores José Ostolaza y Alberto Salvatelli.
En la causa se investigó la responsabilidad de los acusados en privaciones ilegítimas de libertad, tormentos, vejaciones, apremios ilegales y otros delitos cometidos contra 20 víctimas entre 1976 y 1977, todos agravados por sus calidades de funcionarios públicos.
Además, se investigó el secuestro, desaparición y homicidio del militante peronista Jorge Emilio Papetti, cuando revistaba como soldado conscripto del Ejército en Concordia.
La causa Area Paraná II, es un desprendimiento de la Causa Area Paraná I, que fue una de las primeras causas que se abrió en el país. En su reapertura en 2005, se logró la primera sentencia de la misma recién en 2015. Fue el juicio más grande de la provincia en cuento a la cantidad de víctimas e imputados, desaparecidos y la trascendencia que tuvo. Muchos de los hechos inconclusos fueron separados, y así se formó la causa Area Paraná II, para realizar nuevas investigaciones.
Además, Jorge Humberto Appiani fue considerado coautor de la privación ilegítima de la libertad con imposición de tormentos sobre Gloria Margarita Tarulli, torturada entre agosto y octubre de 1976; por lo que lo condenó a 13 años de prisión e inhabilitación por el doble de la condena.
Pero la jueza ordenó unificar la pena con la de la causa Área Paraná I, por lo que la nueva condena a Appiani, que se encuentra detenido en la Unidad Penal 1 desde hace 8 años 9 meses y 20 días, vencerá el 1 de octubre de 2024.
José Anselmo Appelhans fue condenado a prisión perpetua al ser considerado partícipe necesario en los delitos sobre ocho víctimas; autor en otros tres casos y de tormentos en otros tres.
Además, fue hallado responsable por la privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos, y homicidio doblemente calificado por alevosía y en concurso con dos o más personas de Jorge Papetti.
También Naldo Miguel Dasso recibió la pena de prisión e inhabilitación perpetua al ser "autor mediato" en tres hechos; imposición de vejaciones, severidades y apremios ilegales a dos víctimas, y de tormentos a otras dos. Appelhans y Dasso permanecerán con prisión domiciliaria en sus respectivos domicilios, debido a su avanzada edad.
Por ser "partícipe necesaria" en un hecho, Rosa Susana Bidinost fue condenada a cinco años de prisión, pero como permaneció más de 4 años con prisión preventiva y la condena se unificó con la de la Causa Área Paraná I, la pena vencerá el 7 de febrero de 2021.
Gonzalo López Belsué fue condenado a ocho años de prisión por ser partícipe secundario en tres hechos; autor de vejaciones, severidades y apremios ilegales sobre una víctima, y tormentos sobre otras dos; pero al cumplir casi 6 años de prisión preventiva la pena vencerá el 8 de abril de 2022.
Guillermo Quintana recibió la pena de 9 años de prisión por ser "partícipe secundario" en cinco hechos, y cumplirá casi la totalidad de la pena, ya que solo permaneció en prisión preventiva durante tres meses.
Alberto Rivas fue declarado "partícipe secundario" por los mismos delitos en cinco hechos, por lo que se dispuso la pena de 7 años de prisión, pero al cumplir 3 años y 3 meses de prisión preventiva y, unificada con la pena de la Causa Área Paraná, vencerá el 21 de febrero de 2024.
Hugo Moyano fue considerado "partícipe necesario" de las vejaciones y tormentos cometidos contra Gloria Tarulli, por lo que se lo condenó a ocho años de prisión, aunque como cumplió más de 7 años de prisión preventiva, la pena vencerá en noviembre próximo. Bidinost, Moyano, Belsué, Quintana y Rivas quedaron en libertad debido al bajo monto de las penas, y a que cumplieron parte de ellas en prisión preventiva.
En 1977 secuestraron a Pappeti, quien había terminado la colimba con honores, y estaba listo para irse de franco cuando es sacado de la fila diana y es secuestrado por Gonzalo López Belsué, bajo instancias de quien era el jefe de área en concordia Naldo Miguel Dasso, quien se encuentra condenado por dos casos de desaparición forzada en Concordia.
Allí es llevado hacia Paraná y en el traslado, supuestamente, Papetti pide para ir al baño y se fuga por los montes entrerrianos. Dicha teoría, bajo los juicios que promovió el gobierno de Raúl Alfonsín que llevaba a cabo el mismo ejercitó, se determina que esta historia era verosímil.
Sin embargo, cuando se realizan las denuncias ante la OEA y la Apdh, la causa empezó a moverse hasta las leyes de obediencia de vida y punto final. Posteriormente la causa se reabre en el 2005. En este año, se investiga los testimonios de quienes habían sido trasladados con Pappeti hacia Paraná, y los mismos confirmaban que estuvieron con él, tanto en el regimiento de Paraná como como en el batallón de comunicaciones y que fue torturado junto a ellos. Según estos testimonios, Pappeti mismo no superó las torturas y murió en Paraná.
En este sentido, Boykens remarcó que “después de 43 años de haberse sostenido institucionalmente, porque en definitiva el propio estado argentino quien decía que Pappeti se había fugado, se logró conocer la verdadera historia y que el estado argentino reconociera que el mismo fue secuestrado, torturado, muerto y desaparecido por el la última dictadura militar”.
Vale mencionar, que la Madre de Pappeti, Margarita Alegre Pappeti es una de las primeras madres de plaza de mayo en Entre Ríos y de Concordia, falleció en 2016 sin poder conocer la sentencia. “Una pena menos para los responsables que Margarita no haya podido estar en la sentencia”, señaló Boeykens.
A su vez, agregó que “la bandera de Margarita Alegre Pappeti la levantó su hermana, María Emma, militante por los derechos humanos de Concordia quien estaba muy contenta, porque no solamente recibió la reparación de la justicia, sino que también se conoció toda la verdad”.
Vale mencionar que, María Emma recibió la visita del gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet, quien también recordó en su cuenta de twitter a Margarita. “Es imposible no recordar en un día tan sentido para todos los entrerrianos, y para los concordienses en particular, a la entrañable Margarita Alegre de Papetti, la madre de Jorge, y a su incansable lucha por memoria, verdad y justicia”, expresó.
Por su parte, Boykens, destacó que “que desde la Liga valoramos mucho la sentencia porque, pregonamos para que se reconozca que no solo hubo terrorismo de estado, sino que hubo un genocidio.”
La sentencia avanzó en ese sentido ya que fue el mismo Boeykens quien le solicitó a la Jueza que se declare a los crímenes cometidos en el marco del “segundo genocidio nacional”. Vale aclarar que desde la Ladh, se refieren al primer genocidio, como el que se realizó contra los pueblos originarios. “Es una disputa dentro del movimiento de derechos humanos y de las disputas las representaciones sociales”, remarcó el abogado de la Ladh.
La causa se tramitó por el antiguo Código de Procedimientos Penal, por lo que las actuaciones son en su mayoría secretas y todas las decisiones, incluida la sentencia, las tomó un solo juez -en este caso Aranguren- y no un tribunal.
Esta situación no conformó a la querella. “Tuvimos que conformarnos con el viejo sistema que existe desde 1880 y es mucho más tedioso y trata cosas como la pena de muerte”. Por lo que recalcó que “esto hizo todo más lento porque diez años estuvo el juicio en investigación y el proceso plenario, que es el equivalente al juicio oral”.
Sin embargo, la aplicación del viejo código, se debe a que Jorge Humberto Appiani, reconocido abogado de la extrema derecha argentina e internacional, abogado de Emilio Massera y Carlos Guillermo Suarez Mason. “En su momento con su habilidades e influencias hizo que el juicio se lleve a cabo con el viejo sistema procesal penal y no con el nuevo”, explicó Boeykens.
Vale mencionar, que Appiani junto con Jorge Olivera defendieron a muchos militares que pretendían cobrar sus pensiones nacionales. Con ese dinero recaudado formaron un fideicomiso de más de diez millones de dólares que se investigó cuando Agustín Rossi era Ministro de Seguridad. Siguiendo esta línea, el militante del PC señaló que “había sospechas que con esos fondos se financiaban las fugas de los militares que escapaban al poder judicial”.
Bajo los protocolos sanitarios por la pandemia del coronavirus, el juicio fue transmitido en vivo por las plataformas online del Centro de Información Judicial (CIJ), la Cámara de Diputados y Legisladores de Entre Ríos.
“Se iba dictar a puertas cerradas pero exigimos que sea pública desde la querella y los organismos de derechos humanos haciendo visible en muchos medios y escritos judiciales”, resaltó Boeykens.
Así las cosas, aseguró que “logramos que se retransmita, no solo por la página del poder judicial en vivo para todo el país, que era lo que queríamos, sino que dos canales de la región transmitieron en vivo, las redes sociales de las organizaciones y la propia página del poder legislativo entrerriano”.
Sin dudarlo, afirmó que “tuvo una cobertura sin precedentes en la provincia, cuando la justicia quería que fuera a puertas cerradas con los abogados de los imputados y de las víctimas”. Por lo que fue contundente cuando dijo que “esta batallas hay que disputarlas en cada juicio”.
Una dura pelea
“A lo largo de la historia, el poder judicial federal ha sido mucho más reaccionario porque muchos jueces que estaban en la dictadura siguieron estando”, aseveró el abogado de la Ladh. A lo que agregó: “la justicia federal de Paraná no escapa a eso”.
En este sentido, contó que “en Paraná damos una dura batalla contra la secretaría de derechos humanos que existen en los tribunales federales para que se investiguen los hechos de lesa humanidad”.
Vale aclarar que, Paraná y Concepción del Uruguay son los únicos lugares en Entre Ríos hay tribunales orales federales. En esta sintonía, recalcó que “estos tribunales han ido muchas veces en contra de los reclamos de memoria, verdad y justicia”.
A su vez, contó que “tenemos el ojo puesto en que han cometido algunas negligencias procesales que tiene que ver con no informar nunca al registro nacional de antecedentes penales, por lo que en este estado ningún represor juzgado en la provincia tiene antecedentes penales”.
Esto surgió hace uno días cuando, Hugo Moyano, médico que cumplió diez años de condena se fue a renovar su matrícula con un registro de antecedentes limpio, algo que encendió las alertas en las organizaciones de derechos humanos.
“Logramos que se suspenda la matricula del médico pero ahí queda siempre la sospecha si fue delibrado por el secretario de derechos humanos o simplemente fue una negligencia judicial”, expresó Boeykens. Para finalizar dejó en claro que “el proceso de memoria y verdad y justica llego para quedarse pero hay que sostenerlo permanentemente”.
