Mientras guarda silencio por las amaenazas de intervención de Donald Trump en su país, la ultraderecha colombiana quiere cerrar la Jurisdicción Especial para la Paz, que recintemente determinó que la campaña criminal que se montó desde el Estado durante la década del 80 para destruir a la Unión Patriótica, fue un genocidio político.
Ante las propuestas de cierre o reforma de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por parte de sectores políticos como el Centro Democrático y líderes del esquema más rancio de la derecha como Álvaro Uribe, el presidente de la JEP Alejandro Ramelli Arteaga, sostuvo que si se avanza en tal sentido, se vulnerarían severamente los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia, por lo que se perpetraría un retroceso en la búsqueda de justicia y reparación para alrededor de diez millones de personas que fueron afectadas.
Cabe recordar que la JEP es una institución surgida a partir de los Acuerdos de Paz celebrados entre el gobierno colombiano que por entonces encabezaba Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc-EP, que dejó las armas y se reconvirtió en el Partido Comunes, aunque distintos grupos disidentes reivindican su continuidad armada. Por medio de este mecanismo de justicia transicional, se investiga y juzga a los integrantes de las partes involucradas en el conflicto armado interno que se extendió durante varias décadas por este país, producto de la desigualdad estructural de un sistema gobernado históricamente por la derecha, hasta la llegada de Gustavo Petro a la presidencia en 2022.
En este escenario hay que citar que, sobre el fin del año pasado, la JEP declaró que la campaña sistemática de exterminio con la que fueron asesinados militantes de la Unión Patriótica (UP), una coalición entre las FARC y el Partido Comunista, fue un genocidio político y, en este sentido, atribuyó responsabilidades a cinco ex integrantes de alto rango del Ejército colombiano. Se trata del general Iván Ramírez Quintero, el brigadier general Rito Alejo del Río Rojas y los tenientes coroneles Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez.
La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad, puntualizó que hubo un patrón sistemático diseñado para erradicar a UP a mediados de los años 80, así como a su espacio de influencia.
La “Operación Baile Rojo”, como la denominara el propio Ejército, intensificó el genocidio desde 1986 hasta entrados los 90. La JEP contabilizó en su informe presentado en 2022, 5.733 militantes de la Unión Patriótica asesinados entre 1984 y 2016, cuando se alcanzó la firma del Acuerdo de Paz, incluyendo dos candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo.
Hay que recordar también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado de Colombia por imposibilitar ese acceso a la vida política de la UP, a partir de llevar a cabo un “plan de exterminio” contra esa fuerza política y en idéntica dirección va lo determinado por la Jurisdicción Especial para la Paz al calificar como genocidio a estos crímenes.
“Es un reconocimiento a que el ataque criminal estuvo dirigido conscientemente a destruir el partido político (Unión Patriótica)”, dijo Catalina Díaz quien es vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP. Y recordó que, hasta ahora, “estos crímenes habían sido calificados en Colombia como exterminio, como crímenes de lesa humanidad, pero no se había llegado al reconocimiento como genocidio”.
Así las cosas, lo que pronuncia la JEP no deja lugar a dudas, ya que aclara que la conducta de los militares responsables de este genocidio fue guiada por un patrón macrocriminal que consistía en la destrucción sistemática de la Unión Patriótica, de la que además participaron organizaciones paramilitares.
Adicionalmente, la JEP atribuyó a los cinco militares en cuestión los delitos de homicidio en calidad de crimen de guerra y los crímenes de lesa humanidad de exterminio, deportación forzada y traslado forzoso de población, entre otros actos inhumanos y aberrantes.
Para ello identificó tres modalidades dentro del patrón criminal que fue utilizado: la primera afectó a campesinos, obreros bananeros y sindicalistas que sufrieron asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados tras redadas y ataques a los lugares en los que habitaban, algo que tuvo un resultado devastador sobre la base social de la UP.
La segunda modalidad se apuntó contra referentes políticos, funcionarios públicos y líderes comunitarios y, en ese caso, se trató principalmente de asesinatos y desplazamientos en zonas urbanas con la finalidad de eliminar a los liderazgos de la Unión Patriótica. Y la restante correspondió, lisa y llanamente, a las masacres y desplazamientos de poblaciones en zonas en las que contaba con un fuerte arraigo, para intentar modificar la intención del voto de izquierda, aterrorizar a la militancia y desintegrar los procesos de construcción colectiva que protagonizaba este frente, que pese al genocidio político del que fue víctima, pudo sobrevivir y al día de hoy sigue siendo un actor protagónico de la política colombiana, luchando por profundizar el cambio iniciado en 2022.
Mientras esa misma derecha que alentó y celebró aquel genocidio hoy busca sabotear los caminos de paz y calla frente a las reiteradas amenazas de Donald Trump contra el gobierno de Petro y la soberanía colombiana, el pueblo y sus organizaciones continúan reafirmando la autodeterminación de su destino ante la prepotencia imperialista y sus lacayos de siempre.
