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Mié, Abr

Política

En sintonía con la propuesta concretada la semana pasada por el gobierno nacional a los acreedores externos, Kicillof presentó el plan de reestructuración de la deuda provincial. Más allá de la propuesta, que implica tres años de gracia, un recorte grande en intereses y otro, más modesto, en el capital, surge el interrogante sobre la posibilidad de terminar, de una vez por todas, con los ciclos de endeudamiento.

En sintonía con la propuesta realizada por el gobierno nacional a los acreedores externos, la provincia de Buenos Aires presentó su propia propuesta de canje para los tenedores de bonos en moneda y ley extranjera que implica, a grandes rasgos, una quita del 55 por ciento en los intereses de la deuda, una quita de 7 por ciento en el capital y tres años de gracias.
En resumen, la propuesta diseñada por el gobernador Axel Kicillof, que responde al altísimo grado de endeudamiento y deterioro presupuestario en la que quedó la provincia después del gobierno de Vidal, ratifica que la provincia empezará a pagar la deuda en 2023, al tiempo que propone extender la duración promedio de los nuevos títulos a trece años, a una tasa del 4,56 por ciento en dólares. En total, la reestructuración se realizó sobre poco más de 7 mil millones de dólares.
El plan trazado por el gobernador tiene el objetivo, según detallaron en su equipo económico, de reducir la carga total de la deuda bonaerense en 5 mil millones de dólares, acumulados entre capital e intereses, para el período 2020-2030. Para ello, la provincia diseñó la propuesta ya mencionada y que está en sintonía con el canje presentado la semana pasada por el gobierno nacional.
Vale recordar que la propuesta diseñada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y presentada por Alberto Fernández y Cristina Fernández, junto a los gobernadores, se realizó sobre una suma total de 68 mil millones de dólares y propone un recorte de 62 por ciento sobre el total de los intereses, que suman un monto total de 41.500 millones de dólares.
En definitiva ¿sobre qué escenario se realizó la propuesta del gobierno bonaerense? Si esta nota se hubiera escrito antes de la pandemia provocada por el Covid y el consecuente aislamiento social obligatorio, se habría puesto el foco en las consecuencias que significaron apenas cuatro años de gobierno de Cambiemos en la provincia. Pero hoy, bajo las nuevas condiciones, el escenario es mucho más delicado.
Pero si algo queda en claro es que las dificultades con las que se está enfrentando el Estado provincial en el marco de la emergencia sanitaria obedece, en gran medida, a las políticas implementadas por Vidal, entre ellas y la más importante, el endeudamiento externo masivo que acompañó al efectuado por el gobierno nacional en el período 2016-2019.
Vidal dejó una provincia endeudada y en bancarrota. En tan solo cuatro años, aumentó la ratio de la deuda en dólares con relación a la deuda total del 60 al 80 por ciento. En limpio, y siempre según datos de la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público de la provincia, la deuda en dólares superó los 11.900 millones, casi un treinta por ciento más que en el inicio de su gestión.
La cosa empeora cuando se compara la deuda en dólares con los ingresos fiscales de la provincia. Según un informe del Banco Mariva la provincia de Buenos Aires llega a casi 70 por ciento de stock de deuda respecto a los ingresos.
En simultáneo y como si fuera poco, Vidal destruyó las vías de financiamiento. Por ejemplo, entre 2018 y 2019, la recaudación creció por debajo de los niveles de inflación. En 2017 desde Nuestra Propuesta habíamos advertido sobre el difícil escenario en el que ingresaría la provincia. Al analizar el presupuesto que Vidal presentaba en la legislatura provincial para el año 2018, saltaba a la vista que por cobrar menos impuestos a los que más tienen, las arcas provinciales iban a resignar más de diez mil millones de pesos, y que ese déficit iba ser cubierto por medio de la toma de más deuda. Sin más, es lo que terminó ocurriendo.
Mediante este tándem de iniciativas diseñado en consonancia con Macri, Vidal aligeró la presión tributaria para el sector empresarial, por medio de una norma tributaria que contempló un generoso diagrama de reducción en los impuestos de Ingresos Brutos y Sellos. Nada fue un error. Vidal implementó este paquete de medidas al tiempo que la provincia ingresaba en 2018 al ranking de tomadores compulsivos de deuda elaborado por la estadounidense Bloomberg Limited Partnership, cuyo relevamiento ya daba cuenta en 2019 que la deuda externa en divisa de la provincia de Buenos Aires había crecido a ritmos altísimas, a casi 4500 millones de dólares por año. En el informe, la provincia compartía el ranking de Estados más endeudados en el mundo con estados nacionales del tamaño de México, Turquía y Corea del Sur. Todo en apenas cuatro años.

Factores claves

Lo que importa, en definitiva, es que ahora el Estado provincial se encuentra dirigido —al igual que el nacional— por un nuevo gobierno que implica, con relación al período 2015-2019, un giro de 180 grados. Pero también, esto hay que señalarlo, estamos en un escenario que indica que, a diferencia de otros cortos períodos históricos de este siglo XXI, como por ejemplo el 2003-2015, por primera vez la derecha logró condensar una representación política que se traduce, según las últimas elecciones, en apoyo electoral y, aquí un dato de relevancia, en una importante capacidad de movilización y apoyo entre los sectores conservadores y antiperonistas del país.
¿Cómo se relaciona esto con las propuestas presentadas por los gobiernos nacional y provincial respecto a la reestructuración de la deuda externa? Salta a la vista que hoy en la Argentina, tal como está configurado el escenario político, y cuando todavía resta analizar el impacto que la pandemia tendrá en las posibilidades y capacidad de movilización de los sectores populares, una medida tal como el desconocimiento de la deuda externa, requiere de grados de articulación y apoyo con diversos actores sociales, que garanticen el sostenimiento de una medida de alto impacto ante el terrorismo mediático y social que ejercerán —no hay que hacer esfuerzos para imaginarlo— los medios de comunicación y sectores concentrados y dominantes de la economía en alianza con la derecha política del país.
Empero, y tal como se planteó en ediciones anteriores de este diario, surge la incógnita respecto a si es posible, en el marco de la actual etapa de la Crisis de Larga Duración Capitalista, operar un corte en los ciclos de endeudamiento a los que es sometida la estructura económica del país desde que se instauró, con la última dictadura cívico-militar, la hegemonía del proceso de valorización financiera del capital.
Encima, a los factores locales y coyunturales que afectan a la economía argentina, hay que tener en cuenta también, no como dato menor sino como hecho concreto, de carácter más general que oprime la realidad nacional, los cada vez más complejos mecanismos de asedio y saqueo que desarrolla e implementa el capitalismo a escala global y que impactan de manera muy específica sobre los países en los que operan.
Porque insistimos, una vez más, la crisis lejos está de ser consecuencia de financistas avivados que se aprovechan de la ultra liberalización financiera a expensas de la economía real y productiva. La crisis es consecuencia de la dinámica propia que asumió y asume el capitalismo en la fase actual de acumulación. Esto explica, en gran medida, porque la única alternativa que puede proponer el capitalismo en la etapa actual de su propio desarrollo histórico es la de empapelar el mundo con papelitos de colores, mientras que a cambio de estos expolian la riqueza y el valor producido por las clases trabajadores de los países en cuestión, entre ellos, la Argentina. Así las cosas y mientras no se tomen medidas radicales, revolucionarias, para cortar el ciclo del capital, el sobreendeudamiento seguirá siendo uno de los factores claves de la dominación.

 

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Por DNU el presidente autorizó el ingreso al país de tropas estadounidenses para participar en ejercicios militares, algó que como  aseguró Jorge Kreyness “pone en riesgo la soberanía”. Todo esto representa para el Estado argentino un gasto de 895 millones de pesos, lo que equivale, por ejemplo, a la mitad de los fondos que el Ejecutivo se niega a disponer para garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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