Se trata de la decisión que declara que declara esenciales la telefonía, internet y televisión por cable.
“La regulación de las grandes empresas de telecomunicaciones resulta justa e indispensable para el desarrollo con equidad”, recalca la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), al referirse al DNU 690/2020 que dispone el congelamiento de las tarifas del sector hasta el 31 de diciembre.
“La decisión del gobierno resulta auspiciosa en la medida en que recupera capacidades regulatorias del Estado en esta materia que habían sido derogadas por la anterior administración”, sostuvo Apyme tras lo que añade que “en ningún caso se trata de un avance sobre la libertad de empresa o sobre la titularidad de las firmas, sino del establecimiento de reglas de juego claras, democráticas y equitativas para la ciudadanía y el conjunto de los actores productivos”.
Asimismo recordó que “arbitrariedades y las injustificadas fallas de los servicios de estas empresas, que están a la cabeza de los reclamos de entidades de usuarios, resultan tanto más graves en cuanto las nuevas condiciones que impone la emergencia sanitaria obligan a trabajadores, empresas pequeñas y medianas, profesionales, docentes, estudiantes y familias a utilizar intensivamente estas herramientas”.
También celebró que la medida contemple el establecimiento de “tarifas básicas universales obligatorias y accesibles, garantizando la continuidad del servicio” y pide que “la reglamentación establezca una clara diferenciación entre las corporaciones concentradas y las Pymes y cooperativas que prestan servicios en diversas regiones del país”.
Por otro lado, Apyme hace hincapié en que la decisión del ejecutivo “avanza en un sentido que debe profundizarse en relación con las fundamentales regulaciones por parte del Estado hacia las empresas concentradas que proveen servicios esenciales y manejan a su arbitrio la provisión de insumos básicos, los que al mismo tiempo son recursos estratégicos para el desarrollo equitativo de la Nación”.
