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06
Vie, Mar

Política

Fue ante la sede tribunalicia de Comodoro Py a la espera del fallo que condenó a la vicepresidenta. “No se podrá confrontar semejante conspiración sin el pueblo en la calle”, dijo Jorge Alberto Kreyness tras lo que denunció que “quedó a la vista el entramado empresarial, mediático y judicial que conspira contra la democracia”.

“En defensa de la democracia contra el cogobierno del FMI, patria o partido judicial”, es la consigna con la que el Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista se movilizaron ayer hacia la sede de los tribunales federales ubicada en la calle Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, durante la jornada en que el Tribunal 2 condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión a lo que se añade la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al encontrarla penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa abierta por la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, al tiempo que la absolvió por el delito de asociación ilícita.

Si bien el fallo se hizo público de forma remota cuando faltaba poco para la hora 18, desde la mañana comenzaron a arribar a la zona de Comodoro Py distintas columnas de organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y partidos políticos que integran el kirchnerismo.

La sede tribunalicia apareció esa jornada con un doble vallado, pero esto ni el sol abrasador y el calor agobiante, fue obstáculo para que los manifestantes esperaran que se leyera el veredicto de la causa en la que se acusa a Cristina Fernández de Kirchner de haber desviado de fondos correspondientes a 51 obras públicas de la provincia de Santa Cruz.

Así las cosas y todo lo cerca de la explanada del edificio de Comodoro Py que pudieron estar, se vieron banderas donde podía leerse consignas que instaban a “Parar el golpe de Estado en la Argentina” y se pronunciaba en defensa de la vicepresidenta mediante leyendas como “Todos con Cristina”, “Basta de lawfare”, “Basta de perseguir a Cristina”, “Basta de jueces y fiscales macristas” y “Reforma judicial ya”, entre otras.

Ahí también se hicieron presentes integrantes de la Federación de Tierra y Vivienda, Miles, la Asociación Trabajadores del Estado, la Asociación del Personal Legislativo, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, el Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburíferos y Soberanos.

En este contexto, el secretario de Relaciones Internacionales y secretario general adjunto del PC,

Jorge Alberto Kreyness, hizo hincapié en que “no se podrá confrontar semejante conspiración sin el pueblo en la calle”, tras lo que denunció que “quedó a la vista el entramado empresarial, mediático y judicial que conspira contra la democracia”.

Y, en este sentido, fue claro cuando destacó que “no alcanza con respuestas institucionales”, tras lo que recalcó que “no ayuda para nada el cogobierno con el FMI que acogota la economía macro y el bolsillo de los trabajadores y el pueblo”.

En el mismo juicio, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a seis años de prisión a Lázaro Báez por administración fraudulenta y en el caso del ex secretario de Obras Públicas José López, la sentencia fue de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del erario público. Y absolvió a Julio De Vido y a otros acusados.

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Se trata de una norma que fue construida desde los distintos claustros y con un amplio consenso social. Para avanzar contra ella el oficialismo prolongó hasta fin de mes las sesiones extraordinarias del Congreso. “Docentes y no docentes tenemos en claro que la Ley 27.795 es el piso que no debe modificarse, sino cumplirse”, advirtió desde Neuquén la Secretaria de Prensa de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, Melina Schierloh.

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Durante la previa al tratamiento del proyecto oficialista contra la clase trabajadora se profundiza la crisis con más fábricas cerradas, despidos y ajuste salarial. El reciente caso de FATE, que anunció el cierre de su planta en San Fernando y dejará en la calle a más de 900 obreros, es un caso paradigmático de esta Argentina de remate. “No son solo números (como nos quiere enseñar Milei), son familias y años de trabajo. Es industria nacional que se apaga en concordancia con la reforma laboral esclavista que se busca aprobar en el Congreso”, sostuvo el Partido Comunista de la Provincia de Buenos Aires.

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