El gobierno anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar Vicentín y que se incorpore al paquete accionario de YPF Agro. El Partido Comunista de Santa Fe, dónde está radicada la empresa, celebró la medida: “a nuestro entender, es una primera medida de carácter estructural”.
El presidente Alberto Fernández anunció que el gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para declarar a Vicentín como “empresa de interés público”, lo que le permitirá al Estado nacional -en caso que el proyecto sea rubricado- recuperar de la bancarrota privada a una de las principales empresas agroalimentarias del país y una de las mayores exportadoras de la economía nacional.
Según anunció el presidente en una conferencia de prensa junto al ministro de Producción, Matías Kulfas, la vicepresidenta del Bloque del Frente de Todos en el Senado, Anabel Fernández Sagasti, y el flamante interventor Gabriel Delgado, el paquete accionario de Vicentín se incorporará al de YPF Agro, por lo que la administración de la empresa asumirá el formato mixto seguido en otras empresas estatales, como YPF o Aerolíneas Argentinas, en las que el Estado es el principal accionario, con el 51 por ciento de los valores en su poder, pero en el que se admite la participación privada.
La decisión de incorporar a Vicentín, forma parte de una decisión estratégica adoptada por el gobierno nacional y fundamentada en un documento interno en el que se puede seguir la estrategia del gobierno. Según cree el gobierno, YPF Agro con la incorporación de Vicentín podría acaparar alrededor del cuarenta por ciento del mercado agroexportador, lo que convertiría a esta en la principal empresa en un sector estratégico debido a que es una de las principales fuentes de divisas para el país.
¿Por qué es importante Vicentín para garantizar, por ejemplo, la soberanía alimentaria y ordenar el mercado agroexportador en Argentina, tal como adelantó Fernández? Para José Luis Livolti, dirigente del Partido Comunista de Santa Fe, donde está instalada Vicentín, y coordinador del MCL “Vicentín en tanto empresa estratégica en el mercado de agroalimentos, podría jugar un gran papel fundamental en la regulación del comercio externo e interno de granos y carnes y través de estos mecanismos el Estado estaría en condiciones de garantizar la soberanía alimentaria”.
A su vez, mediante un comunicado, el PC de la provincia afirmó que “apoya positivamente, la decisión política del gobierno”, al tratarse de la empresa “más importante productora y procesadora de agroalimentos de Santa Fe y la sexta agroexportadora a nivel nacional”.
También, expresó que “a nuestro entender, se trata de una primera medida de carácter estructural, que debe ir en dirección de la creación de una moderna y eficiente Junta Nacional de Granos y Carnes para lo que se necesitará bien el respaldo del conjunto de los trabajadores como parte indivisa del campo popular de nuestro país”.
¿Qué pasó con Vicentín?
La decisión del gobierno de expropiar Vicentín y de quedarse con el 51 por ciento de su paquete accionario, antes de una estatización es un salvataje, es decir, se trata más de una política reactiva frente al desfalco de una empresa de suma importancia en el sector exportador antes de una política proactiva de reformas estructurales frente a los resortes fundamentales de la economía.
La situación de Vicentín era difícil de sostener, tanto financiera como políticamente. En diciembre de 2019 cuando Vicentín no tan sorpresivamente declaró el default, el dato sobresaliente era que su principal acreedor, según los registros del Banco Central, era el Banco Nación al cual le debía más de 18.300 millones de pesos.
Pero eso no era todo. Además, mantenía deudas gigantescas con 37 bancos que dejaron de cobrar préstamos, como el Internacional Finance Corporation de Holanda, ING Bank NV de Japón y el Banco de Provincia de Buenos Aires, como así con cantidad enorme de proveedores, especialmente del sector agro de Santa Fe, lo que inmediatamente puso en riesgo a la cadena de producción provincial y a centenas de pequeñas y medianas empresas y, por ende, comprometía las fuentes laborales de miles de trabajadores.
Lo que siguió en febrero, cuando la empresa se presentó en concurso de acreedores en los juzgados de Reconquista, Santa Fe, fue la evidencia de un fraude fenomenal al Estado nacional llevado a cabo por la empresa y financiado y avalado políticamente por el gobierno de Mauricio Macri.
Según consta en los informes del Banco Central, el principal soporte de Vicentín era el Banco Nación, que conducía Javier González Fraga. Lo llamativo es que la empresa había presentado el concurso de acreedores después de haber recibido varios préstamos del Banco Nación por una suma superior a los 18 mil millones de pesos, al tiempo que se constataba que había sido uno de los principales aportantes privados a la campaña de Juntos por el Cambio y que promovía con entusiasmo la reelección de Macri.
Como si fuera poco, también se constató que pese a que la cerealera no cumplió con ninguna de las reglamentaciones bancarias del Nación y cuando faltaban días para que Macri dejara el gobierno, la entidad que conducía González Fraga desembolsó un nuevo préstamo por 5.785 millones de pesos, cuando la empresa ya estaba en cesación de pagos.
Además, Vicentín tenía abierta una línea de crédito de “prefinanciación de exportaciones” de hasta trescientos millones de dólares. De esta manera, Vicentín gozó de una facilidad crediticia que ninguna Pyme ni trabajador pudo tener durante la administración de Cambiemos.
Y, como si fuera poco, Vicentín no pagaba a las empresas agropecuarias que le entregaban granos para abastecer su producción, hecho que se constata cuando entre los acreedores se cuentan casi 2.500 empresas proveedoras.
En total, se estima que la deuda de Vicentín supera los 1.350 millones de dólares, de los cuales unos mil millones corresponden a préstamos bancarios y el resto a empresas del sector agrícola.
Ahora bien ¿Qué hizo la empresa con semejante liquidez inyectada por el Estado, además de financiar la reelección felizmente fallida de Macri? La quiebra de Vicentín es en este sentido un caso resonante por los condimentos que tiene. Porque no solo recibió una impresionante suma de dinero por parte del gobierno de Macri y no pagó a proveedores, sino que además mantuvo sus ingresos en alza.
En 2019, las exportaciones de la empresa —que se estiman a partir de “declaraciones juradas” y de la facturación que de ellas se desprende— en lo que se refiere a granos y derivados rondaron las diez millones de toneladas, lo que representó un ocho por ciento del total nacional y ocupó el sexto lugar detrás de gigantes como Cargill, Cofco, ADM, Bunge y AGD ¿Qué pasó entonces?
En enero de este año la Afip investigaba a Vicentín por sobrefacturación y fuga de capitales. Estas investigaciones, se suman a otras relacionadas a los delitos de triangulaciones hacia otros países, especialmente Uruguay, la evasión de impuestos y el comercio ilegal de granos desde la Terminal de Embarque, en San Lorenzo, junto al río Paraná, que administra también Vicentín.
Es decir, se trata de una verdadera organización de robo y saqueo típica de esta etapa del capitalismo en Argentina.
