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Jue, Mar

Política

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe le devolvió al Fabián Lorenzini la causa del concurso de acreedores que pesa sobre la empresa Vicentin ¿Se viene el salvataje?

La semana pasada y por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió que la causa del concurso de acreedores que pesa sobre la empresa Vicentin, iniciado el 5 marzo de 2020, vuelva a la competencia del juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini.

Cabe recordar que este concurso de acreedores se corresponde a una deuda de 1.573 millones de dólares, de los cuales el 64 por ciento son con entidades financieras nacionales y e internacionales, entre las que la de mayor volumen es con el Banco Nación a quien la empresa le adeuda 340 millones de dólares.

También vale mencionar que durante la Presidencia Macri, cuando Javier González Fraga presidía el Nación, este banco le dio a Vicentin casi ochocientos millones de dólares y más de dos mil millones de pesos. Y que lo hizo entre agosto y diciembre de 2019, esto es tras las Paso en las que se comenzó a advertir que el Gobierno Cambiemos estaba de salida.

La cosa fue tan grosera que, por ejemplo y tal como está documentado, el 26 de noviembre de 2019 González Fraga habilitó en menos de una hora un pedido de los empresarios Herman Vicentin y Máximo Padoán, por un nuevo crédito por seis millones de dólares que pasaron a engordar el pagadiós que, ya por entonces, venía haciéndole esta empresa al Banco Nación.

Por cosas como esta, es que el fiscal Gerardo Pollicita solicitó, hace más de dos años, la inhibición general de los bienes de González Fraga y de otros tres ex directores del Nación durante su gestión, en el marco de la causa abierta por el otorgamiento irregular de créditos. Y también hizo el mismo pedido respecto a los directores y otras personas jurídicas vinculadas al Grupo Vicentin. Pero el juez federal, Julián Ercolini, acotó la medida a Algodonera Avellaneda, que es una de las firmas que poseía el holding.

Con estos antecedentes, en junio pasado, la Corte de Santa Fe atendió una presentación de la firma Commodities S.A., que es acreedora en el Concurso de Vicentin, en la que se pedía la avocación del máximo tribunal provincial, con el fin de “resguardar los derechos de los acreedores y la conservación de la concursada y sus bienes”.

A casi seis meses, la Corte rechaza meterse en el tema, con lo que la causa vuelve a manos de Lorenzini quien, vale señalarlo, es un magistrado que desde que estalló Vicentin, se mostró sumamente permeable a los pedidos y posiciones de los integrantes del Directorio de la empresa que ni lerdos ni perezosos, aprovecharon estos largos meses para vaciar buena parte del patrimonio de la firma.

Así las cosas, la decisión de la Corte habilita la posibilidad de que se vuelva a poner sobre la mesa la alternativa del salvataje, lo que abre la puerta para que el Estado Nacional haga aquello que insinuó en 2020.

Argumentos sobran, ya que durante estos meses quedó claro el lobby del “todos somos Vicentin”, sólo buscó apartar al Estado Nacional de la posibilidad de intervenir en la situación. Y que lo hizo para fomentar el vaciamiento de la empresa y favorecer la entrega de su cartera de negocios al puñado de multinacionales que constituyen el oligopolio que actúa en la elaboración de aceites y la agroexportación.

Pero también para esconder debajo de la alfombra los negociados financieros por los que fue denunciado el Grupo Vicentin que, entre otros delitos, incluyen la triangulación de exportaciones con empresas fantasma con sedes ficticias en Paraguay y Uruguay.

Todo esto es apenas una parte de lo que explica por qué es importante que el Estado Nacional pase a tener una participación activa en el salvataje de Vicentin, algo que puede hacer a partir del reclamo de la deuda que el holding tiene con el Banco Nación.

Porque, en ese escenario, estaría recuperando una herramienta que puede ser fundamental para intervenir el comercio exterior de granos, algo que incide de forma determinante a la hora de fijar precios de alimentos en el mercado interior, pero también a la de facilitar que el Estado se haga con buena parte de las divisas que hoy se evaden y acaban en cloacas fiscales.

 

¿Y dónde está la plata?

 

¿Pero qué pasó con tanta plata que todos los argentinos le dimos al Grupo Vicentin, merced a la generosidad de González Fraga? Esto también se lo preguntan algunos pesos pesado de las finanzas globales como el Banco Mundial por medio de su Corporación Financiera Internacional, Rabobank, Natixis y Credit Agricole.

Es que este pool de bancos reclamó el pago de deudas por acreencias de 99.345 millones de pesos, y lo hizo de forma independiente al concurso preventivo que se tramita en el juzgado de Reconquista.

En este caso la demanda fue presentada ante los tribunales de Nueva York, que autorizaron los dos procesos de descubrimiento (Discovery) de activos que comenzaron a llevarse a cabo a mediados de 2020, con los que se busca establecer qué ruta siguió el dinero y, así, determinar dónde está y si se puede, cobrar. Pero, más allá del éxito que pueda tener ese procedimiento, lo que exhibe con claridad el Discovery autorizado por el Poder Judicial de EE.UU., es que en esos tribunales se tiene la certeza de que el holding Vicentin y sus socios de la política, forman parte de una maniobra para esconder la plata.

Pero mientras tanto, en nuestro país, el Poder Judicial se sigue pasando la pelota mientras los trabajadores de las empresas del holding están agarrados del pincel, los pequeños acreedores siguen haciendo fila para ver si cobran y el Estado Nacional mira como al negocio de Vicentín (incluida la evasión), se lo reparten entre un grupito de vivos.

Y, entre estos vivos, aparece el holding de capitales suizos Glencore, al que el 2 de diciembre de 2019, Vicentin le vendió el 16,7 por ciento de las acciones que poseía en Renova, en una operación que le dio hegemonía a la multinacional sobre una la principal planta productora de harina y aceite de soja ubicada en Timbúes y la de biodiesel de San Lorenzo.

Como se ve, los meses de 2019 posteriores a las Paso, fueron sumamente intensos para el Grupo Vicentin, a punto tal que -por algún motivo- se perdió el asiento contable que debería explicar qué hicieron con lo que recibieron por la venta a Glencore. Y también se ve que, ahora mismo, el Gobierno Nacional tiene una nueva oportunidad.

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“Con el Fondo de Asistencia Laboral no sólo le pegaron a la Anses sino también a todos los trabajadores que están bajo relación de dependencia”, denunció Claudio Cabrera desde el Movimiento de Jubilados Liberación y agregó que de esta manera “se desfinancia al sistema previsional para favorecer al mercado financiero”. 

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Con profundo pesar hay que comunicar que murió el camarada Mario Zonschain, quien entre otras cosas, fuera uno de los organizadores de la distribución del periódico del Partido Comunista en las empresas de concentración y las células clandestinas durante la última dictadura cívico-militar en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

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En San Luis los Jubilados Autoconvocados celebraron medio centenar de movilizaciones. “Continuaremos con las marchas, porque intentamos ser la gotita que horada la piedra, por eso es que nuestra lucha continua y va a seguir así todo el tiempo que sea necesario”, recalcó desde el MJL, Roberto Clark.

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En la madrugada de hoy, con mayoría en general y en particular, el gobierno de Javier Milei consiguió en la Cámara de Diputados la sanción de la reforma laboral. Lo hizo con el respaldo del PRO, la UCR y gobernadores y legisladores peronistas que garantizaron quórum y aportaron votos a favor de la reforma. Pese al paro de la CGT y las CTA y a la masiva movilización en todo el país, el oficialismo avanzó sobre el orden jurídico que estructuró durante décadas las relaciones laborales en la Argentina, ampliando el margen de ofensiva del capital sobre el trabajo. La disputa, en consecuencia, continúa ahora en la calle, las fábricas y en cada lugar de trabajo.

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Se trata de una norma que fue construida desde los distintos claustros y con un amplio consenso social. Para avanzar contra ella el oficialismo prolongó hasta fin de mes las sesiones extraordinarias del Congreso. “Docentes y no docentes tenemos en claro que la Ley 27.795 es el piso que no debe modificarse, sino cumplirse”, advirtió desde Neuquén la Secretaria de Prensa de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, Melina Schierloh.

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Durante la previa al tratamiento del proyecto oficialista contra la clase trabajadora se profundiza la crisis con más fábricas cerradas, despidos y ajuste salarial. El reciente caso de FATE, que anunció el cierre de su planta en San Fernando y dejará en la calle a más de 900 obreros, es un caso paradigmático de esta Argentina de remate. “No son solo números (como nos quiere enseñar Milei), son familias y años de trabajo. Es industria nacional que se apaga en concordancia con la reforma laboral esclavista que se busca aprobar en el Congreso”, sostuvo el Partido Comunista de la Provincia de Buenos Aires.

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Con la mejora de su estado de salud,  Pablo Grillo va a sumarse a la querella que ya integran sus padres y su hermano. Tal como anticipó la abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Claudia Cesaroni, se va a intentar que se investigue a toda la cadena de mando que actuó durante la represión del 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso Nacional. 

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El fin de semana de Carnaval, la Federación Juvenil Comunista se encontró en Miramar, Provincia de Buenos Aires. Durante tres días, más de cien compañeros de PBA y CABA discutieron sobre los desafíos venideros en este 2026. 

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Se fue Montenegro pero dejó como intendente a Agustín Neme, un individuo de su misma calaña, que profundiza el esquema de terror impuesto por medio de la Patrulla Municipal que sale por las noches a cazar personas en situación de calle. “Ante una crisis económica profunda, la única respuesta que tienen es la represión y buscan imponer un clima policíaco en las calles de la ciudad”, denunció desde el PC local, Pedro Ferrer.

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En La Pampa una multisectorial conformada por ambas CTA, organizaciones ambientalistas y políticas, entre las que está el Partido Comunista, viene llevando a cabo una campaña que sale el cruce del intento de modificar la Ley de Glaciares que impulsa Javier Milei a instancias del lobby de las transnacionales mineras.

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Por todo el país se hizo pública la oposición al proyecto que obtuvo media sanción del Senado.  “Debe quedar bien claro que este pueblo no va a negociar ni un tantico así de nuestros derechos, como dijo el Che Guevara”, recalcó el Secretario General de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, Rogelio de Leonardi.

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Como ocurriera en 1933 con el Pacto Roca-Runciman, ahora Javier Milei lleva a la Argentina a otro pacto ominoso con una potencia en decadencia a la que le entrega todo a cambio de poco y nada. En esta columna, el historiador Horacio López analiza los puntos en común y las diferencias que existen entre aquella etapa entreguista con Inglaterra y la actual sumisión a Estados Unidos que termina de afianzarse a través del acuerdo comercial recientemente anunciado.

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Un colectivo militante del PC, integrante del agrupamiento Flor Gómez, participó de la columna de montaña Juana Azurduy en un acto reivindicativo de nuestra soberanía nacional y arribó, luego de varios días de marcha, a Lago Escondido, las tierras que usurpa el empresario inglés Joe Lewis, socio local de Mauricio Macri y beneficiario de las políticas de Javier Milei.

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La empresa textil Emilio Alal cerró su planta de Goya, dejó en la calle a sus trabajadores y despidió otros doscientos de la hilandería que tiene en Villa Ángela. El Partido Comunista y La Fede se movilizaron en apoyo a los operarios.

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Bajo la cáscara de un supuesto “acuerdo comercial”, el gobierno de Javier Milei consagró un alineamiento incondicional con Estados Unidos, aceptando obligaciones que profundizan la dependencia económica, regulatoria y geopolítica de la Argentina. Con la ampliación de cuotas para exportaciones primarias como contracara de la apertura indiscriminada de bienes industriales y tecnológicos, el entendimiento configura, tal como denunció el Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, Marcelo Rodríguez, “una nueva etapa de sumisión a una potencia en declive que busca recomponer su hegemonía en la región”.

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