Lo formuló la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja que quiere que la Legislatura analice las conductas que Ricardo Quintela a quien acusan de haber incurrido en mal desempeño de sus funciones.
Los trabajadores de la educación agrupados en la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja (AMP) se movilizó hacia la Legislatura provincial para solicitar que se inicie un juicio político al gobernador Ricardo Quintela, bajo la acusación de haber incurrido en mal desempeño de sus funciones, lo que afecta severamente al sistema educativo de su jurisdicción.
Como se recordará, la AMP viene llevando adelante un plan de lucha que se extiende desde hace más de diez semanas para demandar que se incorporen cien mil pesos al Básico Docente de forma retroactiva a agosto, así como que el piso salarial no baje de los quinientos mil pesos, se dejen de descontar los días de paro y que quede sin efecto el Ítem Aula que estableció el gobierno.
Al respecto, el secretario general de la AMP, Rogelio de Leonardi, explicó que además Quintela “usufructuó el avión sanitario de la provincia de La Rioja en su gira proselitista”, al tiempo que volvió a insistir con el maltrato al que la Gestión Quintela somente a los maestros. “Un dato no menor es que cada vez que peticionamos algo en los organismos públicos, no hay funcionarios que nos reciban como pasó ahora en la Legislatura, donde la petición fue recibida por una secretaria”. Y lamentó que “en la casa de gobierno ni en la residencia oficial, aún no nos han recibido”.
Entre los motivos por los que la AMP pide el juicio político a Quintela, también aparece la acusación de ser el responsable de haber ordenado actos de “represión sindical y discriminación contra los docentes”, ya que adoptó una serie de medidas que afectaron negativamente las condiciones laborales y salariales de los maestros riojanos.
Entre otros puntos destacados en la denuncia, se señala que el mandatario provincial ordenó descuentos por días de huelga sin contar con una declaración judicial que determine que la medida de fuerza era ilegal, algo que afecta hasta un 45 por ciento de los salarios de los docentes. Y recuerda que ante la queja de los trabajadores de la educación, Quintela respondió “a trabajar, vagos”.
Asimismo, el gobernador derogó disposiciones previas para imponer nuevas condiciones salariales y laborales, por lo que vulneró el derecho de los docentes “a la protesta y al sindicalismo”, promoviendo una persecución que contraviene normativas vigentes a nivel nacional e internacional en materia de derechos laborales.
