«Debemos discutir con los que quieren universidades serviles al proyecto del poder y pelear para resignificar todas sus estructuras», asevera en esta columna el integrante de la Mesa Nacional del MUI y vicepresidente del Centro de Estudiantes de Humanidades de la UnSaM, Lucas Alfieri, al hacer el balance de un año que fue clave para el sistema educativo.
El 2024 se vio marcado por un inicio del gobierno de Javier Milei que ya en sus primeros días de diciembre de 2023 realizó una doctrina del shock, en los términos más clásicos de la receta neoliberal planteada por el propio Milei en su discurso de asunción, y así profundizó la pauperización de la clase trabajadora argentina y el empeoramiento de las condiciones de vida. El ataque fue integral y, con el DNU 70-2023 firmado el 20 de diciembre derogó la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas y allanó el camino para una mayor transferencia de recursos de las clases bajas hacia unos pocos. Además, prorrogó las partidas presupuestarias del Estado y comenzó 2024 con un veinticinco por ciento de inflación en diciembre, asignando partidas a valores de 2023.
El paquete de ajuste, como única alternativa posible, puso en jaque a las universidades nacionales. La motosierra licuó por completo los salarios docentes, no docentes, congeló las Becas Progresar -que no funcionaron el primer cuatrimestre- y llevó a las universidades a limitar cualquier horizonte de posibilidad. En la Universidad Nacional de Quilmes, por acercar un ejemplo, se limitó la cantidad de materias a la que un estudiante podía acceder ante el recorte de comisiones. En otras instituciones se cerraron accesos, se recortó personal, se limitó el funcionamiento de comedores y el ahogamiento presupuestario empeoró significativamente las condiciones edilicias de los establecimientos, con casos como el de Medicina de la UBA que se vio obligada a establecer apagones por sector, siendo además de una Facultad, un hospital escuela.
Semejante ataque, no sólo presupuestario, sino ideológico hacia el sistema universitario y científico nacional, vino acompañado de una guerra subjetiva en la que se puso a las universidades como un centro de adoctrinamiento y se criminalizó al movimiento estudiantil, entendiendo el gobierno que ese potencial asociativo debe ser destruido y pauperizado para así garantizar su proyecto colonial. Frente a esto se vio una enorme respuesta de trabajadores, estudiantes e incluso de los rectores ante este plan de terminar con la educación pública y gratuita, que sería un primer paso para avanzar en su privatización.
La marcha del 23 de abril, la más grande en número e impacto político en el primer año del gobierno de Milei, fue una movilización histórica que llevó al gobierno a ofrecer un presupuesto de sostenimiento de actividades de un 270 por ciento inmediatamente después de la manifestación. La marcha se construyó por abajo en el calor de cada aula y cada pasillo, y también tuvo a los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales como un actor central para la organización de dicha movilización. La situación era alarmante, y que muchas casas de estudio se encuentren al límite del cierre llevó a una respuesta masiva que defendió el consenso de la existencia de dicho sistema público, no arancelado, y que su existencia debe ser financiada principalmente por el Estado Nacional.
Veto a la Ley de Financiamiento, un antes y un después
Pasada la marcha universitaria del 23 de abril y otorgado el presupuesto de sostenimiento de actividades, la centralidad pasó a ser la discusión salarial y de becas no resueltas de parte del gobierno, que si bien retrocedió en su plan inicial, continúo a rajatabla un plan de desfinanciamiento a largo plazo para seguir desgastando el rol de la universidad pública y la ciencia pública.
En la segunda mitad del año se tendió a una estrategia de marchas locales, con la marcha federal del 2 de octubre y la construcción de diversos sectores de una Ley de Financiamiento Educativo que obtuvo aprobación parlamentaria, pero que Milei vetó. Y el 9 de octubre, cuando los diputados ratificaron el veto, se vio una ruptura definitiva con las estrategias dialoguistas y el movimiento estudiantil irrumpió en la escena con mayor rebeldía lo que desembocó en la profundización de las asambleas, que ya eran masivas pero se ampliaron aún más, y se tomaron la gran mayoría de las universidades nacionales.
Hacer un balance del 2024 debe incluir que, como hace mucho no se veía, la organización estudiantil junto a los centros de estudiantes y federaciones que estuvieron a tono, y contra los mismos cuando no escucharon los reclamos de las bases, recuperó un músculo que no se le veía desde las marchas y tomas de 2018 contra el plan de Macri y el FMI. La espontaneidad se vio encausada y la colectividad fue de menos a más, con avances y retrocesos, como en toda lucha.
Cabe recalcar también que el saldo para el gobierno no es negativo: si bien no es favorable para Milei que el movimiento estudiantil lejos estuvo de quedarse callado, también agudizó su narrativa de criminalizar a los luchadores y además se salió con su estrategia al ensobrar a los diputados, vetar la ley y volver a gobernar sin Presupuesto en 2025, llevando así a negociar individualmente a los rectores para lograr acuerdos en mesas cortas. Todo esto con complicidad del CIN y los gremios de Fedun, Fatun y la Franja Morada, que configuraron un bloque que sólo apostó a golpear y negociar en pésimas condiciones.
Hacia 2025 todo indica que el conflicto seguirá, pero que ciertos actores buscarán frenar las iniciativas de lucha. Ojo, esta reflexión no implica que caigamos en el autonomismo que pretende quebrar los centros de estudiantes, las federaciones y todo tipo de encauce gremial a la lucha política e ideológica, llevándonos al fracaso con estrategias que culminan por diluir los conflictos en voluntarismos y acumulación política para el molino propio.
Debemos sostener la unidad contra Milei, como enemigo principal, y tensionar en las luchas ante los sectores que pretendan limitar la capacidad de discusión y decisión del movimiento estudiantil, y también contra quienes busquen solo ponerse adelante. Habrá que construir los lazos necesarios para empoderar e incluir a miles de compañeros en las batallas del porvenir. La verdadera unidad debe expresar una voluntad real, la que se vio tras la ratificación del veto, y abandonar las mezquindades políticas.
Desde el MUI llamamos a fortalecer agrupaciones de combate de ideas y a masificar la lucha con asambleas, comisiones por carreras, conversatorios, cátedras libres y diversos proyectos que nos pongan en terreno, visibilizando y denunciando a este gobierno hambreador, represor y entreguista: no apelar a los cálculos electoralistas, sino salir con audacia a dar la pelea política e ideológica. Salir a discutir contra aquellos que quieren asegurar universidades sólo serviles al proyecto del poder y pelear para resignificar todas sus estructuras.
Ni la pasividad, ni el silvestre sin rumbo, debemos dotar a los Centros de Estudiantes donde los conduzcamos, y pretender recuperarlos donde no. Buscando siempre, repetir una máxima gramsciana: «Instrúyanse, porque necesitaremos de toda nuestra inteligencia. Conmuévanse, porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo. Organícense, porque necesitaremos de toda nuestra fuerza».
