La desaparición de Maia Yael Beloso vuelvo a poner sobre el tapete la situación de miles de personas a empujadas a vivir en la marginalidad de un sistema que sólo los considera como mercancía para incrementar el rating.
Después de dos días de intensa búsqueda, en los que paralelamente se desató una obscena maratón massmediática alrededor del caso, fue encontrada en Luján, Maia Yael Beloso.
La niña de siete años que había sido secuestrada el lunes en Villa Cildañez apareció junto al hombre que se la llevó, quien fue identificado como Carlos Alberto Savanz, quien tal como Maia y su familia, es una de las más de siete mil personas que viven en estado de calle, sólo en la Ciudad de Buenos Aires.
Los relatos que los protagonistas de esta historia hicieron públicos durante estas dos jornadas, hablan de una familia empujada a la marginalidad crónica, una característica que también alcanza Savanz.
Hablar de quienes son arrastrados a la marginalidad, es hacerlo de personas concretas a quienes se les cercena derechos humanos fundamentales. Y se lo hace desde la propia institucionalidad del Estado Liberal Burgués que debería garantizarlos, según sus enunciados formales.
Por eso aparecen como bastante cínicas algunas de las posturas públicas que se vieron durante estos días a la hora de explicar el caso, sobre todo aquellas propaladas desde los principales conglomerados massmediáticos.
Propiedad
A falta de cifras oficiales que brinden certeza, los datos que permiten cuantificar la cantidad de personas que sobreviven en este estado en la Ciudad, son los que aporta el segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle que se hizo en abril de 2019.
De ese relevamiento se desprende que, entonces, había 871 niños y adolescentes y medio centenar de mujeres embarazadas a quienes no les quedaba otra que habitar en la calle. Y que del total de las personas sin hogar que fueron registradas, 5.412 dormían en la vía pública.
Por otra parte, de acuerdo al Censo que tiene el aval de la Defensoría de la Ciudad y la Auditoría General, la cifra total ascendía en ese momento a 7251 personas.
Dos años antes, un trabajo similar puso señaló que había 4.394 personas viviendo en la calle, cifra que ascendía a 5.872 al sumarle a aquellos que pernoctaban en paradores.
Así las cosas, el relevamiento de 2019 permitió establecer que más de la mitad de los encuestados ni siquiera podía acceder al subsidio habitacional, como consecuencia de trabas a administrativas. Y que entre las causales que los llevaron a la calle, prevalece la pérdida de empleo.
Pero asimismo, que alrededor de un tercio padece problemas de salud y una cuarta parte fue víctima de hechos de violencia durante los meses previos al censo.
Pese a esto, el Gobierno de la Ciudad reconoce una cifra ocho veces inferior de personas en situación de calle y, a partir de esa base, establece las estrategias de abordaje a esta problemática que tiene como zona más caliente al territorio gobernado por Horacio Rodríguez Larreta.
Por eso a nadie sorprende que, a la hora de la verdad, todas las herramientas dispuestas por la Jefatura de Gobierno, resulten insuficientes.
En este puto, vale recordar la forma en que históricamente se estigmatiza a las personas que atraviesan esta situación. Y que esta estigmatización propicia situaciones de terribles como los casos de violencia institucional que se perpetraron por medio de la Unidad de Espacio Público creada en 2008 por Mauricio Macri, que debió ser cerrada un año después por la rechazo social que provocó su accionar.
Aunque no hay datos precisos, todo indica que con la pandemia empeoró sustancialmente la situación de las personas que el sistema arroja a la calle.
En este contexto, resulta todavía más imperdonable que la Legislatura donde tiene mayoría el oficialismo de la Ciudad, siga cajonenado el proyecto que facilitaría herramientas para que el Estado asista a familias en situación de calle, así como otro que prevé que se impida desalojar a familias inquilinas, sin que antes se brinde una solución habitacional alternativa.
Así las cosas y como corolario de la maratón massmediática de estos días, es probable que la familia de Maia reciba algún tipo de ayuda que la saque –al menos momentáneamente- de la situación de calle. Savanz va a ir a parar a una cárcel de donde, si sale algún día, lo hará peor que como estaba al entrar.
Mientras tanto va seguir incrementándose la cantidad de personas empujadas a vivir en la calle y sin derecho a la vivienda, pero tampoco a la salud, la educación ni a alguna de esas cosas que contiene el concepto de “vida digna”, que es algo que difícilmente pueda garantizarse sólo con las herramientas que provee la formalidad de la democracia política.
Porque la propiedad que, entre otras cosas, es ese lugar en el se vive, no es una idea neutra y menos abstracta. Lejos de eso resulta de una irracional puja de intereses y de relaciones de fuerza que legitiman y aseguran derechos para algunos pocos, siempre en detrimento de otros que suelen ser muchos.