Otro represor tras las rejas

“Esta detención sigue completando un circuito de centros clandestinos y de represores”, sostuvo Fernando Iglesias, al referirse a la captura por orden del juez Daniel Rafecas del represor Julio César Casanova Ferro, quien en el contexto del terrorismo de Estado actuó en los Centros Clandestinos de Detención (CCD) que dependían de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), bajo las órdenes de Aníbal Gordon.

Iglesias es miembro fundador de Hijos, integra el Espacio por la Memoria de Pompeya y su madre fue Carmen Román, militante del Partido Comunista que fue secuestrada y desaparecida por la banda que regenteaba los CCD Automotores Orletti, Bacacay y Pomar que es donde fue vista por última vez. En ese lugar también estuvieron otros integrantes del PC que fueron secuestrados en inmediaciones del Comité Capital del PC durante mayo de 1977: Juan Carlos Comínguez, Luis Cervera Novo, Isidro Gómez, Cesáreo Arano, Miguel Prado y Miguel Lamota.

Prado, Lamota y Comínguez sobrevivieron, el resto no tuvo la misma suerte. Y fue precisamente Comínguez quien, 46 años después, volvió al lugar junto con el juez Rafecas y el equipo del juzgado a su cargo, para reconocer el edificio de la calle Pomar 4171/73 como el sitio en el que había estado detenido. El dato para llegar hasta ahí surgió de la desclasificación de documentos de la CIA, que daban cuenta del secuestro extorsivo de un empresarios apellidado Zavalía, que esta banda había perpetrado durante 1977.

Esa fue la punta del ovillo que permitió que el juez Rafecas llegara hasta el galpón ubicado en el barrio porteño de Nueva Pompeya, pero también que se comenzara a dilucidar una historia de la que hoy, con la detención de Casanova Ferro, se escribe un nuevo capítulo, pero no el último ya que todavía quedan sueltos varios represores que integraron la banda que actuó en el circuito de esos tres CCD.

En la causa ya fueron detenidos el ex jerarca de la Side, Patricio Finnen, que también resultó condenado por su participación en el desvío de la investigación del atentado a la Amia, además de César Albarracín y Rubén Escobar que en 2025 deben sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgados. Y también cayeron Victorio Cerutti y Julio César Cartels.

Casanova Ferro fue mencionado por otro represor que pasó por la Side, Miguel Ángel Furci, quien testimonió que eran más de una veintena los que actuaban dentro del circuito que formaban los centros clandestinos de detención Pomar, Automotores Orletti y Bacacay. “Pomar forma parte del circuito con Bacacay y Orletti, en el que operaba fundamentalmente la banda de Aníbal Gordon, que tenía su origen en la Triple A y una total relación con los planes de la CIA y el Plan Cóndor para atacar en el Cono Sur de forma coordinada”, sostiene Iglesias y recuerda que por ese motivo es que por esos CCD pasaron uruguayos, chilenos, bolivianos, paraguayos y argentinos que habían sido secuestrados.

“Esta banda encuentra sus orígenes en lo que fue la Triple A que armó José López Rega, junto a Almirón y Villar que eran narcocomisarios exonerados de la policía, que López Rega reincorporó a la fuerza con rango de comisario general”, puntualiza y reitera que esa banda que tenía conexión con la CIA y la logia masónica P-2 de Ligio Gelli, “iba incorporando comisarios narco, gente de la derecha nazi, de Tacuara, y del bajo mundo”, así como miembros de las fuerzas policiales y militares como el teniente coronel Jorge Osinde “que coordinaba todo ese tipo de estructuras junto a Otto Paladino que fue jefe del Segundo Cuerpo del Ejército”.

Pero la banda de Gordon tenía una singularidad. “Todo ese paquete funcionaba como un todo, pero esta banda en particular, la de Aníbal Gordon, era clandestina dentro de la clandestinidad, porque operaba directamente en función de los planes de la CIA y de la Embajada de EE.UU.”, indica y destaca que la existencia del CCD Pomar fue descubierta “por un cable desclasificado de la CIA, donde aparecía el secuestro de un tal Zavalía, porque además de secuestrar a militantes del campo popular, esta banda se dedicaba a hacer secuestros extorsivos por plata y el de este financista quedó registrado”, ya que intervino la policía.

Por eso Iglesias remarcó la relevancia de la tarea que viene llevando adelante el juez Rafecas y también el proyecto que actualmente analiza la Legislatura que, si prospera, va a declarar de interés histórico a los edificios donde funcionaron estos tres CCD. Por otra parte, el magistrado dictó una medida de no innovar, que evita que estos sitios puedan ser vendidos, algo que “es importante, porque si no se puede preservar estos lugares, tampoco se podrá reconocer qué fue lo que pasó en ellos”, reflexionó Iglesias y fue claro al indicar que “esos lugares nos cuentan, junto con los sobrevivientes, la historia de lo que pasó”.

Ayer y hoy

Un dato tan interesante como preocupante que deja esta causa, es que muchos de los represores involucrados en el circuito que constituyeron estos tres CCD, continuaron operando hasta hace relativamente poco tiempo dentro de las estructuras de la Inteligencia del Estado. “Casanova Ferro siguió perteneciendo a los servicios de inteligencias hasta ahora, Finnen que fue el jefe del equipo que operó en Orletti, Bacacay y Pomar fue miembro de la Side hasta muy entrados los años de la democracia”, advierte Iglesias y agrega que Finnen además coordinaba “una Side paralela que se llamaba Sala Patria, que hacía operaciones entrenando a los contras de Nicaragua y a grupos paramilitares que actuaron en El Salvador”, al tiempo que disputaba con Jaime Stiusso la conducción de la Side.

“Esto duró hasta estos días”, reitera y acota que estos individuos también mantenían una red de negocios inmobiliarios con campos y construcciones urbanas, pero también “con elementos de las finanzas y del narcotráfico, porque siempre hasta el día de hoy estuvieron vinculados a los grandes negocios del narcotráfico”.

Con este telón de fondo, Iglesias señala que esto continúa y enlaza con la decisión de Javier Milei de ampliar el presupuesto de la Side en cien mil millones de pesos en carácter de fondos reservados, así como con la creación de una Unidad Especial de Agentes Encubiertos dependiente directamente de Patricia Bullrich, que se va a integrar con agentes provenientes de las distintas fuerzas federales.

De lo que se trata “es de financiar a esta gente que no sólo sigue operando, sino que también hizo escuela ya que formó  a otros y tiene equipo de trabajo que son los que participan en todas las operaciones de Patricia Bullrich y Milei, que están vinculados a la CIA y a los servicios de inteligencia israelíes que operan en la Argentina”.

Es en este marco que Iglesias enciende luces de alerta cuando señala que “este plan represivo que estamos enfrentando, con Milei y los servicios de inteligencia, es el sostén para un plan económico similar o igual al de Martínez de Hoz”. Y al respecto puntualiza que “alcanza con mirar los planes económicos de Martínez de Hoz y Milei para ver que en algunas partes hasta parecen calcados”.

Por eso es que, sin dudarlo, remarca que “estamos enfrentando al mismo enemigo económico que son las multinacionales, los grandes monopolios y la Embajada de EE.UU., pero también a un despliegue de los mismos mecanismos represivos”. Y sostiene que “todavía no existe la represión de los grupos de tareas, pero ya comienzan a operar con toda una estructura de represión que está dispuesta para enfrentar al campo popular cuando se ponga de pie”.

De ahí que en ese contexto no resulte extraño que los mismos sectores que formaron parte del esquema que estableció el terrorismo de Estado, pretendan ahora reescribir la historia. “Nos vienen a correr con el tema de la ‘memoria completa’ que reclaman los fascistas de la derecha”, resaltó Iglesias y con contundencia dijo: “no voy a hacer la larga lista de lo que ellos hicieron, pero voy a decir que hasta el día de hoy a nosotros nadie nos dice quién les puso la nafta a los coches en que secuestraron a los camaradas del PC, quién dio las órdenes operativas para secuestrarlos, quién fue el comisario de Callao y Corrientes que liberó esa zona para que los secuestraran, quiénes operaban en estos campos de concentración, quiénes los torturaron, quiénes les pagaban la obra social y los sueldos a los torturadores, quiénes desaparecieron los cuerpos, dónde están los cuerpos y, sobre todo, quiénes financiaron la estructura represiva”. Y finalizó recordando que “ellos tienen todos los archivos, cuidan sus secretos y se los están llevando a la tumba, entre ellos, la información que permitiría saber dónde están los centenares de hijos que les fueron arrancados a nuestras compañeras secuestradas embarazadas”.