El régimen que encabeza Dina Boluarte, encarceló al titular de la Confederación General de Trabajadores de San Martín. “Se pasó de la represión de masas a la detención selectiva” de dirigentes”, alertó el Partido Comunista.
El Partido Comunista Peruano (PCP) advirtió que el régimen que encabeza Dina Boluarte pasó “de la represión de masas a la detención selectiva de dirigentes”, como modo de buscar intimidar y disciplinar de sectores que se oponen al gobierno que encabeza. Y, en este sentido, denunció que “en una acción arbitraria, las fuerzas represivas de la dictadura cívico militar han detenido al secretario general de la Confederación General del Trabajo de San Martín, Henry William Mena Salazar, como una desesperación de querer acallar a los líderes sindicales y sociales”.
Tras lo que puntualizó que “la historia ha demostrado que ni los crímenes de masas ni las persecuciones selectivas, podrán acallar la voz del pueblo ni impedirá la sanción a los asesinos de cincuenta peruanos en actos extrajudiciales que los derechos humanos no perdonan”.
Lo hizo en un contexto en el que, la semana pasada, el PCP participó de la jornada de lucha y resistencia en la que en Lima y en las principales ciudades del país, hubo diferentes marchas con las consignas “Fuera Dina Boluarte y la coalición golpista” y “Abajo la impunidad ni un muerto más”, así como para denunciar la presencia de efectivos militares estadounidenses en Perú.
Como se recordará, hace menos de un mes, el Congreso aprobó un proyecto de resolución legislativa, por el que se autoriza que durante el presente año ingresen tropas militares de EE.UU. a territorio peruano para adiestrar a personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (Ver Custodiada por expertos).
Cuando el PCP habla de “coalición golpista” no se equivoca y esto volvió a corroborarse hace dos semanas cuando los mismos sectores parlamentarios que se cargaron al Gobierno encabezado por Pedro Castillo, cerraron filas para proteger a la presidenta de facto de la acusación constitucional iniciada contra ella, el ministro de Defensa Alberto Otárola, el ex jefe de gabinete Pedro Ángulo y el ex ministro del Interior César Cervantes.
El tándem parlamentario de derecha, hizo valer su número para que la Comisión Permanente del Congreso rechazara por mayoría y archivara la acusación a estos individuos por su responsabilidad en los asesinatos perpetrados por la represión a las protestas antigubernamentales que se sucedieron tras el derrocamiento de Castillo.
Y, la semana pasada, Boluarte rechazó el informe elaborado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que califica a las muertes producidas durante esas protestas, como “ejecuciones extrajudiciales” que constituyen “asesinatos arbitrarios cometidos por fuerzas del orden peruanas”.
Así las cosas, envalentonada Boluarte anunció que ahora piensa seguir a cargo de la Presidencia de Perú hasta 2026, por lo que el adelantamiento de las elecciones generales es “un tema cerrado”. Hasta ahora, cada vez que se la consultaba sobre este tema, que es uno de los que se demanda en las movilizaciones que recorren el país, Boluarte había sostenido que asunto estaba en manos del Congreso.
