Así se pronunció la Mesa de Organismos de Derechos Humanos por medio de una carta pública dirigida a los legisladores que deben comenzar a tratar el denominado proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada este jueves, el que aún no reúne los votos necesarios para su aprobación. En ella se les recuerda que están en el Congreso “para responder al pueblo y no para someterse a presiones de grupos económicos”.
De cara al tratamiento que el oficialismo pretende comenzar a darle el jueves 6 de agosto en Senadores al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la reforma a la Ley de Tierras y al marco protector del medioambiente que rige también en la Ley de Control del Fuego, organismos de Derechos humanos hicieron un pronunciamiento público poniendo el acento de su repudio en la extranjerización del territorio nacional que favorece esta iniciativa entreguista. En tal sentido, emitieron una declaración dirigida a los 72 senadores nacionales en la cual les exigen rechazar de manera enfática este proyecto redactado por Federico Sturzenegger.
Al cierre de esta edición, cobraba fuerza la versión de que la jefa de bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pugnaba con el ministro desregulador y autor del texto a votarse, por una posible modificación en el artículo que levanta todo tipo de restricciones para la compra por parte de capitales extranjeros de nuestro territorio nacional, incluyendo a las zonas de frontera. Claro que esto no se debe a ningún repentino reflejo soberanista de Bullrich, sino a una cuestión exclusivamente pragmática. En el poroteo de los votos a favor del remate de la patria que eufemismo más, eufemismo menos; plantea el proyecto en cuestión, LLA no tiene todavía asegurado el acompañamiento de todos sus aliados parlamentarios habituales. En esa lista de indecisos habría también algunos senadores del PRO y la UCR, como los de la provincia de Chubut. Por lo que, a partir de este frío cálculo político y considerando la enorme presión social que se viene manifestando contra la iniciativa, la ex Ministra de Seguridad habría presentado un borrador para establecer un tope, siempre con un límite más alto al actual quince por ciento, para la compra de tierras nacionales a manos de personas físicas o jurídicas del extranjero.
El documento al respecto de la Mesa de Organismos de DDHH lleva la firma de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, así como de la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.
Ahí se advierte que si prospera el proyecto que impulsa la Presidencia Milei se va a consumar un “desguace de la Nación” y una “entrega territorial en favor de corporaciones multinacionales y potencias extranjeras”, por lo cual, y apelando a la histórica proclama del General José de San Martín, señalan que “cuando la Patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”. La carta pública destinada a los legisladores es taxativa al puntualizar que con la aprobación del marco legal que se impulsa quedaría abierta una vía para la compra masiva y concentrada de tierras y recursos estratégicos, algo que profundizaría la vulnerabilidad del patrimonio público y la “desintegración territorial”.
Asimismo, la declaración conjunta hace hincapié en que existen “enormes presiones de grupos económicos extranjeros” que son capaces de quedarse no sólo con tierras, “sino también con la voluntad de quienes gobiernan nuestras provincias y la de sus representantes en el Congreso Nacional”. En este caso, les recuerda a senadores y diputados que fueron elegidos “para responder al pueblo y no para someterse a presiones de grupos económicos”, por lo que los insta a “responder al mandato popular, recordando que democracia significa que el poder y la autoridad provienen del pueblo, al que deben honrar”.
También sostiene que el proyecto forma parte del modelo de saqueo que intentan imponer Javier Milei, Luis Caputo y Federico Stuzenegger, que incluye además otras herramientas como el Rigi, el Súper Rigi y las reformas a la Ley de Glaciares. Con claridad política, su texto advierte que el movimiento de Derechos Humanos “nunca fue complaciente con los poderes instituidos, menos aún con los poderes fácticos” y muestra de ello “son los 30.000 y el ejemplo de nuestras Madres que nos enseñaron que los ideales se defienden inclaudicablemente en todo momento y lugar”.
Por eso es que reafirman que “por esta historia y por el compromiso irrenunciable que hemos asumido ya hace más de cincuenta años, como parte del movimiento de Derechos Humanos, es que les reclamamos enfáticamente que rechacen el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que, de aprobarse sólo servirá para engrosar las arcas de los grupos concentrados de poder económico, abrirá el camino para la desintegración territorial y social de nuestro país y le traerá más dolor y miseria a nuestro pueblo”.
