Los asesinatos de Juan Gabriel González y Víctor Vargas a manos de la Policía de la Ciudad exponen, una vez más, la violencia institucional como política de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras el oficial que disparó a quemarropa a González en Lugano para navidad fue detenido y acusado de homicidio agravado, el asesino de Vargas continúa en libertad. Crecen las denuncias contra el gatillo fácil, el encubrimiento policial y la responsabilidad política del gobierno de Jorge Macri.
El 25 de diciembre, cerca del mediodía, la Navidad volvió a mancharse de sangre en la Ciudad de Buenos Aires que gobierna Jorge Macri y el PRO. Juan Gabriel González, vecino de 45 años del Barrio 20 de Villa Lugano, fue asesinado por Gastón Miño, un efectivo de la Policía de la Ciudad que le disparó a quemarropa y lo dejó morir sin brindarle asistencia. Su pareja también resultó herida. El hecho, presentado inicialmente por la fuerza como una intervención ante “disturbios”, fue rápidamente desmentido por vecinos y vecinas, por las imágenes que se viralizaron en redes sociales y por los primeros resultados de la autopsia.
En los videos se observa con claridad cómo el oficial primero Miño avanza sobre González y abre fuego a corta distancia, apuntándole directamente al pecho. La autopsia confirmó que la víctima murió por las lesiones provocadas por proyectiles en tórax y abdomen, que derivaron en una hemorragia interna y externa. No hubo enfrentamiento: hubo ejecución.
Tras la presión social y la acumulación de pruebas, Miño fue detenido en el partido bonaerense de San Martín y puesto a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 20, a cargo de la jueza Laura Bruniard, imputado por homicidio agravado. El policía, que había sido pasado a disponibilidad en la Comisaría Vecinal 8A, quedó alojado en dependencias de la Policía Federal. También es investigada la oficial Vanesa Valentini, quien efectuó seis disparos durante el operativo.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, el crimen de Juan Gabriel González se inscribe en una larga lista de casos de gatillo fácil en la Ciudad que desde hace casi dos décadas gobierna el macrismo. “Este caso ya lo vimos con Lucas González, el pibe de Barracas. Hace poco hubo otro caso de un chico que jugaba a la pelota en Miramar, Mar del Plata. Así podemos seguir contando los múltiples casos de gatillo fácil y abuso de poder que, incluso con la vuelta de la democracia, no se pudieron arreglar”, señaló Joaquín Beigbeder, Secretario Político de la Federación Juvenil Comunista (FJC), durante la movilización que reclamó justicia.
Los intentos de sectores mediáticos, políticos y judiciales ligados al macrismo por instalar un relato que criminalice a la víctima y desligue de responsabilidades al jefe de Gobierno porteño no son nuevos. Ya ocurrió con el asesinato de Lucas González, cuando la Policía de la Ciudad persiguió y mató al joven de Barracas. En ese caso, los policías Gabriel Alejandro Isassi, Fabián Andrés López y Juan José Nieva fueron condenados por homicidio quíntuplemente agravado, incluso por odio racial, y otros efectivos recibieron penas por encubrimiento.
Un ejemplo de este entramado de poder para avalar el gatillo fácil queda de relieve en el caso de Víctor Vargas en Constitución, acribillado 72 horas después que González. En esta oportunidad la versión policial, del gobierno porteño y del Ministerio Público Fiscal (amplificada, cuándo no por los medios monopólicos de comunicación) habló del crimen como una respuesta a un “atentado a la seguridad” y “averiguación de lesiones” buscando ceiminañizar nuevamente la víctima y describiendo como lesiones los balazos mortales que terminaron con la vida Vargas días después en el hospital Ramos Mejía.
Los datos confirman que la violencia policial no es un exceso individual, sino una práctica sistemática. Según cifras de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde la creación de la Policía de la Ciudad en 2017 se registraron ciento sesenta y ocho víctimas fatales, cuarenta y una de ellas en territorio porteño y el resto en el conurbano bonaerense, incluso fuera del horario de servicio. En total, la fuerza acumula doscientos cinco casos en todas las modalidades, con un promedio de veinticinco homicidios por año. Solo en los dos primeros años del gobierno de Jorge Macri se contabilizaron cuarenta y cuatro muertes. Además, hay que destacar que más del ochenta por ciento de los casos de gatillo fácil vinculados a policía porteña ocurren fuera del horario de servicio.
Para el secretario de la FJC de CABA, este escenario responde a una orientación política clara. “Habría que replantearse el rol de las fuerzas de seguridad. Actualmente tenemos un ministro de Defensa Nacional, Carlos Presti; general del Ejército que nunca condenó a la dictadura, una vicepresidenta que apoya a los genocidas y un jefe de gobierno que persigue y criminaliza totalmente la pobreza”, afirmó. Y agregó: “Es necesario seguir organizándose y luchando contra la criminalización de la pobreza y de la juventud, ya que van de la mano. Si sos pobre o sos joven, siempre tenés una oportunidad menos y todo en contra”.
Cuando la policía y el GCBA aún no le habían soltado la mano a Miño, la respuesta popular al asesinato de González se expresó en las calles. Vecinos, organizaciones sociales y políticas se movilizaron en Villa Lugano para exigir justicia y denunciar el gatillo fácil. Sin embargo, la Policía de la Ciudad volvió a mostrarse como parte del problema. “La actividad fue bastante multitudinaria, a pesar de los intentos de la Policía de la Ciudad de bloquear los accesos a Cruz y Escalada. Cortaron aproximadamente cinco cuadras a la redonda, impidiendo el paso, lo que dificultó que mucha gente de otros barrios pudiera acercarse”, relató Joaquín sobre esta reacción popular y pacífica inmediata, que contó con la presencia de La Fede y el PC y que sirvió para instalar rápidamente que el de Juan Gabriel González había sido otro de los tantos casos de gatillo fácil de esta fuerza represiva.
En las últimas horas, legisladores de Fuerza por Buenaos Aires y del FIT presentaron un pedido de interrelación al ministerio seguridad porteño, Horacio Giménez, por estos dos últimos crímenes.
