Pablo Moren es referente de la columna Juana Azurduy, que cada año marcha hacia Lago Escondido en un acto de reivindicación soberana, docente y dirigente de La Violeta de la provincia de Buenos Aires. En esta columna enumera diferentes episodios que dejan en claro que la entrega de la soberanía y de nuestros bienes comunes no va a cerrar sin una escalada represiva que el gobierno nacional ya puso en marcha.
Una práctica cada vez más común por parte de la ministra de Seguridad Interior, Patricia Bullrich, es perseguir a la militancia político ambiental, la cual es una militancia en defensa de la vida. Nuestro pueblo tiene una larga tradición en la protección de nuestros bienes comunes como lo son el agua y la tierra, pero sin embargo el gobierno nacional persigue a los luchadores que no se doblegan a la destrucción de dichos bienes que conlleva la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Rigi) como uno de los instrumentos que propician la entrega de soberanía a la que nos lleva Javier Milei.
A los defensores de la tierra, del agua, de los bienes comunes imprescindibles para la vida humana que son mal llamados recursos naturales, el gobierno nacional los llama “terroristas”. Ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que se organizan para defender lo consagrado en la Constitución Nacional que recalca lo que “poder vivir en un ambiente sano”, son perseguidos y encarcelados en la Argentina de Milei, quien encarna un proyecto político antisoberano el cual lo único que busca es que las grandes multinacionales puedan depredar lo que la naturaleza le ofrece a nuestro pueblo, en búsqueda de maximizar sus ganancias y enviarlas a sus casas matrices en el norte global.
Dos son los casos paradigmáticos en estos últimos tiempos: Mauricio Cornejo, Federico Soria fueron acusados de coerción ideológica en Mendoza, en la localidad de Uspallata, al pie de la cordillera de los Andes. Victoria Núñez sigue con prisión domiciliaria en la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut. Fue detenida en la comunidad de Corcovado, con el pretexto de detener a los responsables de los incendios que se dieron en la Patagonia y que arrasaron con aproximadamente 300 mil hectáreas de bosque nativo. La imagen de ella y de la comunidad Mapuche donde vive, fue utilizada por la prensa del Ministerio de Seguridad y el gobierno de dicha provincia que encabeza el dirigente del PRO, Ignacio Torres, en un claro montaje mediático.
Pero el trabajo de la defensoría oficial probó, gracias a la geolocalización de su camioneta, que el día de los incendios en la estancia Amancay en Trevelin, Victoria se encontraba en su comunidad de Corcovado a unos 80 kilómetros donde se dieron los incendios. El peso de la evidencia obligó al juez federal de Esquel, Jorge Criado, a otorgar la prisión domiciliaria que se hizo efectiva en Esquel a 100 kilómetros de Corcovado que es donde está su casa.
Por su parte, Mauricio Cornejo fue durante 23 días un preso político-ambiental, detenido en la estación transitoria de detenidos y aprehendidos en el Polo Judicial Penal de Mendoza. A Mauricio y a su compañero Federico Soria lo acusaron de pertenecer a una agrupación dedicada a la coerción ideológica mediante el miedo y el terror, basándose en un argumento del Código Penal que no se aplicaba desde la última dictadura cívico-militar. Pero a los militantes ambientales el Poder Judicial los acusa por su aguerrida defensa del agua.
En enero del corriente año, en medio de una nueva avanzada minera del gobernador radical Alfredo Cornejo, una patota golpeó a los vecinos y vecinas que se organizan desde 2007 para darle pelea a la instalación del proyecto minero San Jorge, que fue frenado hace quince años por la movilización popular y que pretende volver a instalarse bajo el Rigi, pero que genera impactos ambientales sobre la tierra, el agua y el aire. En Mendoza la protección del bien común agua es un asunto por el cual lucha toda la población que quedo demostrado en las masivas movilizaciones en defensa de la Ley 7.722 que revirtió el intento de su modificación para habilitar el uso de cianuro y acido sulfúrico.
La militancia político ambiental en estos tiempos de depredación de bienes comunes y negacionismo del cambio climático toma un rol central. Informarnos y dar la pelea como el Partido Comunista la da todos los años participando en la lucha por el Lago Escondido, es una innovación de la militancia popular y algo muy importante en estos tiempos.
