La obra inconclusa de la dictadura de 1976

La semana pasada acabó con una buena noticia para los hermanos Milei: el 10 de abril en Miami van a recibir la distinción como “Embajadores Internacionales de la Luz” que entrega el Centro Menachem Mendel Schneerson, por “su inquebrantable dedicación a difundir la libertad” y “sus incansables esfuerzos por Israel y la comunidad global” y, para ello, se espera que el presidente vaya a llevar a cabo un nuevo viaje a EE.UU.

El anuncio de este nuevo galardón que van a recibir en una ceremonia a la que espera concurrir acompañado por el embajador designado en Washington, Gerardo Werthein, y el rabino Axel Wahnish, a quien se señala como futuro representante diplomático de Argentina ante Israel, aparece como un bálsamo después del traspié que sufrió el viernes en el Senado y en una semana en la que crece el estado de movilización popular, que espera coronarse el domingo con una jornada de multitudinarias marchas en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Pero pese a las crecientes dificultades que tiene, se equivocan quienes pretenden dar por muerto a un gobierno que tras el revés que sufrió con la votación negativa que recibió el DNU 70/2023 en la Cámara Alta, demostró que aún tiene varias cartas para jugar.

Y, en este sentido, lejos de relamer sus heridas, fue el propio Javier Milei quien el sábado mismo sostuvo que confía en que Diputados le ponga luz verde al decreto, al tiempo que redobló la apuesta cuando públicamente declaró que “prontamente vamos a llegar a un acuerdo y reenviar una nueva versión de la Ley Bases” (Ver El sistema al recate).

¿Qué quiere decir esto? Sencillo. El Presidente espera poner sobre el paño verde nuevas cartas de negociación ¿Va a alcanzar esto para seducir a gobernadores y diputados a los que, hasta ahora, maltrató cuando intentaron señalarle un camino de racionalidad que vuelva más presentable el ajuste, sin que cambie la cuestión de fondo?

Difícil saberlo, pero lo cierto es que todo parece indicar que puede haber una luz de esperanza para encarrilar la cosa de manera tal que los mandatarios provinciales puedan sentarse a la mesa del Pacto del 25 de Mayo sin que parezca que están claudicando principios que, en muchos casos, ya perdieron hace tiempo.

Es que por más ruido que haya hecho el episodio que eclosionó el viernes para poner en el centro de escena a Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel, resulta evidente que ya sea con Plan A o Plan B, el proyecto que los llevó al Gobierno sigue contando con el apoyo de lo más concentrado de la clase capitalista que actúa en el país. Y también lo es que tienen motivos de sobra para apoyarlo.

“Compartimos los objetivos y la dirección de las medidas anunciadas, las búsquedas de resultados concretos, la generación de un entorno en pos de atraer inversiones como motor de crecimiento, la eliminación de trabas regulatorias y obstáculos para desarrollar sus actividades y la libertad a las empresas para decidir su plan de negocios”, recalcó al comenzar la semana pasada el presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU., en Argentina, Facundo Gómez Minujín, durante la apertura de AmCham Summit 2024.

En la misma sintonía, aunque no le quedó otra que cuestionar tenuemente la apertura de importaciones de productos de primera necesidad que anunció el gobierno, la UIA ratificó que está encolumnada detrás del Pacto del 25 de Mayo que, reiteró, debe ser “un acuerdo amplio que busque construir los instrumentos para tener una economía ordenada y previsible que es la base para desplegar el potencial productivo”.

Y uno de esos instrumentos que reclama la corporación presidida por Daniel Funes de Rioja, es el que la llevó a que el miércoles pasado, la entidad pidiera que la Corte Suprema la acepte como amicus curiae en la presentación que hizo ante el máximo tribunal la CGT, para que defina la constitucionalidad del capítulo laboral del DNU 70/2023, que es el que pretende imponer la flexibilización de las normas de contratación y despido, la extensión del período de prueba a ocho meses, la reducción de los montos indemnizatorios y que se eliminen las multas por mala registración, al tiempo que se limite el ejercicio del derecho de huelga.

Antes que la UIA, ya solicitaron lo mismo la Cámara Argentina de Comercio y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, pero también Sociedad Rural y Coninagro.

En esos casos no tuvieron éxito, habrá que ver qué pasa ahora. Pero pese al rechazo, las patronales del negocio agropecuario tienen razones para celebrar, ya que durante la semana que acaba, mientras la ciudad se desangraba entre el horror de las bandas narco y la irresponsabilidad temeraria de las recetas gubernamentales que le salen al cruce (Ver Que el ombú no tape el bosque), en la Bolsa de Rosario y en las oficinas de las principales cerealeras, se descorchó champán ante la firma del acta memorándum entre la Administración General de Puertos (AGP) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. para un trabajo conjunto sobre la llamada Hidrovía.

Por tal motivo se hizo presente el embajador estadounidense, Marc Stanley, quien no retaceó elogios cuando, tal como lo había aseverado pocas horas antes en el encuentro de AmCham Summit, puntualizó que para los intereses de su país, Argentina es clave a la hora de asegurar “la estabilidad en la región”.

Esto leído en clave imperial, es un correlato de los dichos que la titular del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson, viene reiterando desde que en el Atlantic Council de 2022 remarcó para Washington Latinoamérica es relevante “por todos sus ricos recursos” y añadió que a EE.UU. “le queda mucho por hacer en esta región que nos importa, ya que tiene mucho que ver con la seguridad nacional y por eso tenemos que empezar nuestro juego”.

Pero también lo es de la postura pública que adoptó, cuando en su reciente visita a Buenos Aires, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken no ocultó la intención de la Casa Blanca de supervisar el control de lo que se haga en Argentina con recursos tales como hidrocarburos y minerales críticos.

Y en este punto hay que remarcar que hablar de minerales críticos es hacerlo del litio, pero asimismo que hablar sobre litio, es hablar de Black Rock que con la derogación de la Ley de Tierras que contempla el DNU 70/2023 tiene las puertas abiertas para quedarse con la parte del león del negocio de la electromovilidad que es varias veces millonario y esencial en términos geoestratégicos, geoeconómicos y geopolíticos para Argentina.

El acuerdo con la AGP es idéntico al que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense celebró durante 2019 con Paraguay, y alcanza una vía fluvial que articula el tráfico de los ríos Paraná y Paraguay, por medio del Río de la Plata, con el Atlántico.

Por ahí pasa el ochenta por ciento de las exportaciones agroindustriales de nuestro país, al tiempo que es escenario del narcotráfico y otros delitos como la triangulación que facilita la evasión fiscal y el contrabando de granos, harinas y aceites.

Hace tres años la Unidad de Investigaciones Financieras recomendó al gobierno que por entonces encabezaba Alberto Fernández, que pusiera su mirada sobre el corredor litoral, la Hidrovía y sus puertos, así como sobre las rutas terrestres que convergen en ellos.

Pero La Rosada reculó en chancletas, tal como lo hizo entonces con Vicentin, y también en este caso fue a instancias de las presiones que recibió por parte de actores como el Consejo Agroindustrial Argentino, que componen las cerealeras que operan puertos rosarinos que fueron privatizados merced a normativas dispuestas años antes por Carlos Saúl Menem, en el contexto de la aplicación de las directrices del Consenso de Washington.

Ahí aparece una trama de la que no escapa Vicentin, y que en su intrincada urdimbre tiene entre otras a las estadounidenses Cargill y Bunge que se fusionó con Viterra (Ver Vicentin, tres años después), Aceitera General Deheza, la francesa Dreyfus y Cofco que tiene capitales chinos.

Ni Plan A…ni Plan B

Con este telón de fondo, el presidente reafirma su llamado a los mandatarios provinciales para el Pacto del 25 de Mayo, pero a su vez avala públicamente la convocatoria que José Luis Espert hace a los bonaerenses, a quienes insta a que dejen de pagar impuestos, mientras que su propio gobierno entra en una zona de turbulencias a la que la lleva un plan que comienza a hacer inocultable su propia inconsistencia.

Y entonces, el sábado Milei anuncia que tiene un conejo en la galera que todavía no sacó, cuando reconoce que está negociando con el FMI otro acuerdo por el que aspira que su gobierno nos endeude, esta vez, por quince mil millones de dólares.

Esto pese a que recientemente Kristalina Georgieva, Gita Gopinath y Julie Kozack, así como la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen, fruncieron el ceño cuando públicamente fueron consultadas por esta posibilidad.

La endeblez de esta idea del apoyo externo que el universo de las finanzas le brindaría por su hermoso corte de pelo, sirvió para que algunos inadvertidos confiaran en que era verdad lo que el entonces candidato por La Libertad Avanza, aseveró en junio de 2023 cuando sostuvo que a partir de diversas gestiones, sobre las que nunca suministró detalles, había conseguido 35 mil millones de dólares para dolarizar la economía.

Esa vez, con su habitual diatriba, desde la necrósfera de las redes sociales, puntualizó que “mientras nos atacan, difaman, operan, etc., nosotros estuvimos avanzando en negociaciones y ya conseguimos los dólares para dolarizar la economía al valor del dólar de mercado... Seguimos trabajando para resolver un gran problema de Argentina que es la inflación”.

Desde el mismo lugar, nueve meses más tarde y después de poco más de tres como presidente en los que hizo que, lejos de resolver el problema, la inflación se catapultara más de un cincuenta por ciento, Milei vuelve a prometer dólares, esta vez, sólo quince mil.

La sanata presidencial no tiene nada de nuevo, como tampoco lo tiene la receta del sobreendeudamiento que con algunas caras diferentes, pero con los mismos actores estructurales, idéntico libreto e impunidad es la que viene atravesando un ciclo histórico de cuya inauguración, por fijar una fecha clave en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, se cumplen 48 años el próximo domingo.

Se trata de una secuencia en la que, antes como ahora, aparece como actor central una clase capitalista que junto con el actual gobierno, reivindica cada vez con menos pudor a esa dictadura.

Y en esto aparece dispuesta a redoblar su batalla por la construcción de la subjetividad social que necesita para sustentar su programa político y económico.

La dictadura y su genocidio hubieran sido imposibles sin un determinado contexto internacional, pero tampoco si no hubiesen tenido como correlato a una clase capitalista local dispuesta a ir por todo, algo en lo que hoy por hoy, se corrobora un sentido histórico y de continuidad.

Un ejemplo de esto es que, sin que se le despeine el jopo, Milei puede decir que va a volver a pasar la gorra por el FMI para ver qué le dan, aunque queda claro que lo que le den, va traducirse en más ajuste para el sujeto social agredido que hoy ya excede las fronteras de la clase trabajadora ocupada y desocupada, para impregnar crecientes sectores medios que se aferran desesperados a la pantalla de La Nación+ para encontrar esa “la luz al final del camino” que, según el propio Presidente, “ya están viendo el setenta por ciento de los argentinos”.

Pero lo cierto es que si Milei consigue algo, lo hará en base a una nueva ronda de cesión de soberanía política, económica y nacional, así como de recursos estratégicos, de esos que no tienen repuesto.

Y que todo va a ser, para continuar pagando vencimientos de la deuda por 45 mil millones de dólares que contrajo la Presidencia Macri y que el hoy súperministro de Economía, Luis Caputo, ayudó a diluir en una fuga que por su carácter delictivo debería haberlo llevado a Villa Devoto.

El sobreendeudamiento contraído por Mauricio Macri, además de favorecer negocios propios y de sus amigotes, cumplió con aquello para lo que había entrado a La Rosada, que fue el mismo mandato que llevó a que en marzo de 1976, hicieran lo propio Videla, Massera, Agosti y José Alfredo Martínez de Hoz, con una dictadura que encontró una deuda externa de siete mil millones de dólares, sólo seiscientos millones más que cuando asumió Héctor J. Cámpora, en 1973.

Lo que provocó que cuando Bignone le pasó el Bastón Presidencial a Raúl Alfonsín, la deuda ascendía 43 mil millones.

La historia de la Dictadura es la del sobreendeudamiento generado para favorecer a la clase capitalista, reprimarizar la economía y destrozar derechos laborales, sociales, políticos, ciudadanos y humanos.

La vigencia que tiene esto reside en que casi medio siglo después, el programa que se lleva adelante desde La Rosada es el mismo.

Y peor todavía es que, en lo esencial, es el programa en el que coinciden varias expresiones políticas que actualmente disputan hegemonía, presentándose como alternativa al actual esquema de gobierno en el diseño de representación política.

“Había que hacer un ajuste”, es una frase que se repite y no sólo dentro de la estructura del actual gobierno y sus propaladoras, lo que habla del impacto cultural que tuvo el proceso inaugurado en marzo de 1976 y que todavía causa estragos en la subjetividad colectiva de buena parte de nuestra sociedad.

Es que si es verdad que la crisis que atraviesa al capitalismo es sistémica porque, entre otras cosas, opera en todos los niveles del sistema, también lo es que las recetas con que trata de contrarrestarla también permean a buena parte de la sociedad. “El presente programa es un conjunto coherente e inseparable”, recalcaba el 2 de abril de 1976 Martínez de Hoz en un discurso fundacional de la dictadura, en el que anunció un paquete de medidas que destruyó la actividad productiva, especialmente la industrial; mientras que fomentaba la fuga de capitales y la especulación financiera.

Para ello implementó la apertura comercial irrestricta, se subieron las tasas de interés y se habilitó la libre entrada de capitales extranjeros, que se hicieron el veranito con la bicicleta financiera que demandaba muchos dólares, algo que se solucionó incrementando la deuda externa.

Cuando el sector privado no tuvo más capacidad de respuesta al sobreendeudamiento, apareció el Estado proveyendo de dólares baratos para la importación de mercancías e insumos, pero fundamentalmente para los especuladores.

Y cuando la catástrofe fue inocultable, desde el Banco Central, Domingo Felipe Cavallo se encargó de licuar entre todo el pueblo argentino 17 mil millones de dólares de deuda privada.

La lista de beneficiados no tiene desperdicio: Bunge y Born, Grafa, Alpargatas, Loma Negra, Banco Francés del Río de la Plata, Banco de Galicia, Pérez Companc y Acindar, así como algunos de los que ahora mismo inflan el precio de los alimentos como Molinos Río de la Plata y, por supuesto, Grupo Macri e Ingenio Ledesma.

Por eso es que la herencia que dejó la dictadura instalada el 24 de marzo de 1976 fue letal, ya que al endeudamiento se le sumó un aparato productivo destruido, una capacidad industrial instalada que funcionaba por debajo del cuarenta por ciento, asociada a salarios que estaban en niveles menores de los históricos e índices de desocupación nunca vistos.

Y 30 mil desparecidos de los que de acuerdo a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, el 30,2 por ciento eran obreros, 17,9 empleados y 5,7 docentes. Es decir que más de la mitad eran trabajadores, lo que responde en buena parte a la pregunta qué vino a hacer la dictadura de 1976 ¿Pero qué pasó después?

Si bien hubo breves interregnos caracterizados por búsquedas distintas, este esquema continuó tras 1983: Juan Vital Sourrouille fue puesto a sugerencia del FMI después de torcer el brazo de Alfonsín para que le diera salida a Bernardo Grinspun y su mirada heterodoxa, para acordar con el Fondo y el Club de París.

El Plan Austral y su correlato, el Plan Primavera, incrementaron entonces la deuda hasta llevarla a algo más de setenta mil millones de dólares merced a otro acuerdo con el Fondo por el que Argentina comenzó a pagar y volvió a ajustar, con un previsible saldo que se tradujo en una pronunciada recesión, caída del PBI, desocupación e hiperinflación.

Después, de la mano de Menem y Cavallo, el papel estelar lo tuvo el Plan Brady que reunió a los distintos acreedores: bancos comerciales, FMI, Banco Mundial y Club de Paris.

Básicamente habilitaba a que a nuestro país se le abrieran las puertas de mercados financieros internacionales a cambio de aplicar el decálogo del Consenso de Washington. Y Menem lo hizo.

Para esto se emitieron otros títulos, los bonos Brady, con lo que se saldaron vencimientos que Argentina no podía pagar y en el medio comenzaron las privatizaciones por las que el Estado recibió bonos de una deuda que continuaba catapultándose y que eran poco menos que papel pintado.

Por eso cuando Menem dejó Las Rosada, la deuda superaba los 111 mil millones de dólares y el contexto social estaba atravesado por el ajuste, la destrucción de trabajo, la privatización del sistema jubilatorio, la degradación de las prestaciones de los sistemas público universal y gratuito de Salud y Educación.

Después, con la certeza de que ese modelo no cerraba sin represión, asumió Fernando de la Rúa junto a un staff en el que comenzaban a despuntar algunos de los jugadores que todavía están vigentes como Adolfo Sturzenegger, Hernán Lombardi, Ricardo López Murphy y Patricia Bullrich.

Todos ellos son responsables del empobrecimiento de los trabajadores que se profundizó entre 1999 y 2001, pero también de la matanza de diciembre de ese año.

Y dejaron los dedos marcados en otro hito de la continuidad del programa de la dictadura de 1976: el Megacanje y el Blindaje.

Cuarenta mil millones de dólares fue la cifra mágica prometida con la que “se iba a blindar a la economía de la turbulencias financieras” y de ellos catorce mil provenían del FMI.

Pero en la vida real, se trataba de un asiento contable que firmaba el Estado antes de pasarlo a los acreedores, exclusivamente para blindar el formidable negocio de quienes hicieron la bicicleta financiera para aprovechar la Convertibilidad y conseguir dólares baratos que fugaron cuando el país estaba incendiado.

Y encima, a cambio del Blindaje, el gobierno de La Alianza se comprometió a avanzar en un esquema de desregulación de las obras sociales y en una reforma previsional que incluía dinamitar la Anses y el Pami.

Pero el Blindaje se extinguió rápido y, entonces, como para garantizar tiempo para que se robaran lo que quedaba, la clase capitalista que actúa en Argentina, recurrió al último de sus fetiches del momento.

Cavallo volvió con las mismas recetas que aplicó cuando fue parte del equipo de la dictadura y para implementar el Corralito, pero antes infló el globo del Megacanje de títulos públicos por cincuenta mil millones de dólares, lo que no era otra cosa que patear para adelante vencimientos que a esa altura ya eran impagables.

En esta etapa de la depredación lo ayudó el Credit Suisse Group, entidad que desde hacía muchos años tenía al ministro en su nómina y se quedó con 120 millones de dólares en concepto de honorarios por una operación que no solucionó nada, porque en ese pasamanos la deuda volvió a crecer, esta vez, por nueve mil millones tal como lo reconoció el propio FMI.

Como se ve, tanto el Blindaje como el Megacanje tienen un sentido de continuidad metodológica e histórica con los planes Austral y Primavera, la Convertibilidad y su saga, así como con el Plan Martínez de Hoz y la Ley de Entidades Financieras de la Dictadura que sigue vigente.

Y también con lo que en sólo dos meses asoma como la propuesta de la Presidencia Milei. Cada uno de estos capítulos, encierra miles de historias de dramas y frustraciones cotidianas de millones de trabajadores que fueron provocados, en todos los casos, sabiendo que se trata de programas criminógenos en el sentido más estricto de la palabra.

Pero asimismo son padres del Stand-By por 57 mil millones que el Gobierno Cambiemos acordó con el Fondo, de su reestructuración de 2022 y el brutal proyecto que perpetra, ahora mismo, la Presidencia Milei que vuelve a condicionar coyuntural, táctica y estratégicamente al país.

Es verdad que toda esta historia no arranca estrictamente con la Dictadura, pero su hilo conductor tiene en el genocidio perpetrado entre 1976 y 1983 un hito y modelo que posee un sentido pedagógico, que habla sobre lo que puede volver a pasar y lo que debe evitarse.

Y para ello es preciso que no se naturalice el discurso que legitima la posibilidad de que el gobierno se cargue a los sistemas público universal y gratuito de Educación y Salud, y al sistema jubilatorio, al de medios estatales y a Aerolíneas Argentinas o el que señala que la advertencia a la resistencia ya ni siquiera es “bala o cárcel”, sino simplemente “bala o bala” como bravuconeó la semana pasada Espert.

Pero tampoco se puede naturalizar que el Plan B lo designe la clase capitalista y su esquema de presentación política, que desde sus corporaciones empresariales siempre aparece dispuesta a bendecir a quien se muestra capaz de aprovechar la inconsistencia del gobierno en ejercicio, para poder seguir con la inmoral ronda de maximización de su tasa de rentabilidad que se traduce en el sometimiento de los trabajadores a la inflación de los precios de la canasta, más allá de los límites de cualquier racionalidad.

Vivimos un momento en el que asistimos a una crisis sistémica del capitalismo, en la que se vienen anudando una serie de procesos de larga data que provocan una situación de incertidumbre y creciente descomposición hacia dentro del propio sistema.

Pero desde la claridad que le brinda su identidad, la clase capitalista pugna por acabar su misión que es la obra inconclusa de la dictadura de 1976 y está ante una posibilidad concreta de perpetrarlo.

La pregunta entonces es si, desde la posición antagónica, vamos a estar en condiciones de construir resistencia y masa crítica que sea capaz de frustrar ese intento.

La cita del domingo puede ser un buen punto de partida para comenzar a andar ese camino.