Se trata del magistrado que fue procesado como autor y partícipe secundario en decenas de crímenes de lesa humanidad antes y durante la última dictadura.
“Es una pulseada más que se le gana al Poder Judicial en Salta”, aseveró Mariana Leonard, militante del Partido Comunista y de la Ligar Argentina por los Derechos Humanos de esa provincia, al referirse al procesamiento del ex juez Ricardo Lona.
El ex camarista federal fue procesado sin prisión preventiva como autor y partícipe secundario en más de un centenar de delitos de lesa humanidad, que fueron perpetrados en Salta durante la última dictadura.
La decisión del juez federal subrogante, Esteban Hansen, se produjo a casi quince años de la acusación impulsada por el fiscal general Carlos Amad, que definió a Lona como “cómplice de las aberraciones cometidas por los usurpadores del poder” en el norte argentino, según se desprende de una minuciosa investigación impulsada por la Fiscalía de Transición de la Unidad Fiscal Salta.
Lona, de 85 años, fue condenado en 2019 a una pena de quince años de prisión por sus acciones y omisiones para asegurar impunidad a autores del secuestro y asesinato del ex gobernador salteño Miguel Ragone, semanas antes del golpe de Estado de 1976.
Por su parte, el juez Fernando Poviña lo procesó como partícipe necesario de la Masacre de Palomitas, hecho en el que se ejecutó a once presos políticos alojados en el penal de Villa Las Rosas, el 6 de julio de 1976. Esta causa todavía no recibió una sentencia.
La resolución del jujeño Hansen que subroga en Salta, tiene casi quinientas fojas en las que desmenuza la responsabilidad de Lona como autor del delito de prevaricato y omisión de promover la acción penal en 78 casos. A esto se suma el delito de haber omitido, retardado o rehusado hacer cesar detenciones ilegales en otros 23 casos.
Al respecto Mariana Leonard fue clara al recordar que se trata de una causa que venía retrasada, por lo que “las víctimas fueron quedando colgadas de las causas principales y también merecen justicia”.
Pero alertó que “hasta el día de hoy sigue habiendo protección a Lona”, ya que sigue con prisión domiciliaria, algo que la querella y la fiscalía exigen que cambie. “Como familiares de desaparecidos nos negamos que persista la prisión domiciliaria”, destacó la militante del PC e insistió que “legalmente ningún imputado por delitos de lesa humanidad tendría que tener ese beneficio”.
