“No a la criminalización y judicialización de la protesta”, con esta consigna diferentes organizaciones de Misiones, entre ellas el Partido Comunista y La Fede, exigen que se cierren las causas iniciadas contra dos maestros que van a ser llevados a juicio por participar en las protestas de mayo y junio.
En Misiones, el Partido Comunista y La Fede están entre las organizaciones políticas, sociales, sindicales y de Derechos Humanos que demandaron que se cierren las causas iniciadas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez, por lo que le dicen “no a la criminalización y judicialización de la protesta”.
De esta manera salen al cruce de la decisión del juez Miguel Mattos, quien está a cargo del Juzgado de Instrucción en lo Penal 7, que recientemente admitió el pedido de elevación a juicio de la causa iniciada contra estos docentes por su participación en el corte de la Avenida Uruguay que tuvo lugar en el contexto del reclamo salarial que se extendió en esa provincia entre mayo y junio de este año.
Cabe citar que Mónica Gurina es maestra y secretaria general de la CTA Autónoma de Misiones, mientras que Sánchez es su adjunto además de ser titular de la Unión de Trabajadores de la Educación de la misma provincia. Los dos participaron en las jornadas de protesta, incluido el acampe docente, por lo que fueron judicializados y ahora el juez Mattos dio por clausurada la etapa de instrucción y elevó la causa a juicio oral rechazando la solicitud que hizo la defensa de que se sobresea a los trabajadores.
“Las organizaciones en lucha sostenemos que los compañeros son objeto de persecución por parte del poder de la provincia de Misiones”, advirtieron el PC y la FJC de esta provincia, tras lo que hicieron hincapié en que “defendemos nuestro derecho a la protesta y continuaremos en las calles, y en todos lados contra las políticas de hambre”.
Con este telón de fondo, la elevación de la causa por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra en concurso ideal” dispuesta por el magistrado, constituye una vuelta de rosca más en una escalada contra los trabajadores que encuentra en la estigmatización y judicialización de la protesta una de sus herramientas predilectas.
Todo esto en un contexto en el que, tal como aclaran las organizaciones que se pronunciaron al respecto, se agudiza “las crisis económica y social que impone a miles de trabajadores y trabajadoras la reducción de sus ingresos y con ello la degradación de sus condiciones de vida, situación que justifica indiscutiblemente el reclamo salarial y de condiciones laborales dignas”, por lo que resulta inacatable que Mónica Gurina y Leandro Sánchez sean encausados judicialmente, “por ser los representantes legítimos de los trabajadores”. Por eso, remarcan, “exigimos la suspensión y anulación de las acciones judiciales que les fueron impuestas”.
