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Un informe revela la participación de militares asociados al paramilitarismo en la violación de Derechos Humanos. Todo empeoró con Iván Duque.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) presentó a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el informe titulado “Falsa proclama: El grito fulminante del Estado. Ejecuciones extrajudiciales en el Valle del Cauca (1994-2014)”, que recoge 55 casos que involucran a 163 víctimas de este delito.
Según el Informe del Movice, entre 1994 y 2014, son casi once mil militares los involucrados en violaciones a los derechos humanos, fundamentalmente, en casos de falso positivo. De ellos 22 son generales.
El informe da cuenta de cinco modus operandi utilizados por fuerzas estatales para perpetrar ejecuciones extrajudiciales, esto es, casos de personas asesinadas que se hicieron pasar como ultimadas en enfrentamientos.
Esta práctica que se conoce como falso positivo tiene en la mira a las fuerzas policiales y armadas de Colombia, pero también a organizaciones paramilitares y narcotraficantes que actúan asociadas a las fuerzas represivas y armadas del Estado.
Pero asimismo se inscribe dentro de un plan criminal diseñado desde el propio Estado que, de acuerdo al informe, consiste de diferentes etapas: el perfilamiento de las víctimas, la legalización, su desarrollo, encubrimiento y consolidación de la impunidad.
Por otra parte, ahí se señala que para la materialización de estos crímenes, las víctimas fueron sometidas a otras violaciones de derechos humanos como detención arbitraria, tortura y desaparición forzada.
Así las cosas, el papel del Estado en esta situación es clave, algo que se profundizó con la llegada de Iván Duque a la Presidencia de Colombia.
“Bajo el gobierno de Iván Duque se ha prestado muy poca atención a lo que tiene relación con las garantías de seguridad para los ex combatientes, como también para los líderes y lideresas sociales del orden popular y territorial que viven en distintas regiones del país y que sufren los efectos de la extremada militarización de las regiones que fueron escenario del conflicto armado anterior”, lamentó el secretario general del Partido Comunista Colombiano (PCC), Jaime Caycedo.
Tras lo que advirtió que estas personas “están prácticamente sujetas a la influencia de aparatos paramilitares vinculados, en unos casos al tráfico de narcóticos, pero también al papel que los grandes inversionistas transnacionales llevan a cabo, como megaproyectos extractivistas de recursos naturales”.
Lo dicho por Caycedo lejos está de ser antojadizo. Entre enero y junio de 2020, en coincidencia con la irrupción de la pandemia, fueron asesinados 96 líderes sociales, 36 más que durante el mismo período de 2019, lo que significa un aumento del 61 por ciento. Asimismo, 452 personas vinculadas a la lucha social padecieron diferentes tipos de intimidaciones que van desde detenciones arbitrarias a atentados, que suelen ser el paso previo situaciones peores como desapariciones forzadas y asesinatos.