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Se define la situación de alrededor de ochocientos presos políticos que fueron encarcelados y procesados por hechos que tuvieron lugar en el marco de la protesta social que estalló durante octubre de 2019.

El miércoles 11 el Senado de Chile va a votar el proyecto de indulto general, iniciativa que si prospera, va a permitir que queden en libertad más de ochocientas presos políticos que fueron detenidos desde 2019, en el contexto de diferentes episodios vinculados a la protesta social que tuvo su estallido durante octubre de ese año.
Se trata de personas que, en su mayoría, llevan casi dos años de prisión preventiva, mientras que integrantes de las fuerzas de seguridad que sin responsables de causar muertes, torturas y traumas oculares a quienes se manifestaban, siguen disfrutando de condiciones de libertad.
Así consta en el documento que elaboró el Grupo de Iniciativas por la Liberación de las y los Presos Políticos, que fue entregado a la Comisión de Constitución y Justicia del Senado que debe emitir su dictamen, antes de que sea tratado en el plenario del cuerpo legislativo.
De acuerdo con fuentes parlamentarias, los bloques de oposición cuentan con los votos necesarios para que se apruebe el proyecto que habilitaría el indulto general, medida que tiene antecedentes y argumentos jurídicos que la avalan.
Esta Comisión escuchó durante la semana pasada las exposiciones de juristas que se pronunciaron a favor y en contra del indulto de 806 personas que llevan año y medio de prisión preventiva, sin proceso ni condena.
En muchos de los casos se trata de detenciones que fueron llevadas a cabo en condiciones irregulares y, en su mayoría, los detenidos denunciaron que fueron víctimas de torturas y maltratos, fundamentalmente, por parte de personas de Carabineros.