Se llevaron a cabo wiphalazos en todas las regiones de Bolivia para defender el gobierno constitucional de Luis Arce, ante los ataques de la derecha que rechaza la ley de investigación de ganancias ilícitas.
El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, advirtió que la oposición pretende crear condiciones para un nuevo "golpe de Estado" en el país, con protestas y paralización de actividades que se registraron de forma parcial en algunas regiones.
Lo hizo tras las manifestaciones que se registraron en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y otras ciudades como Oruro, Potosí, Tarija y Sucre. Los grupos opositores se movilizaron en protesta por la normativa Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento Contra el Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Vale mencionar que, en Bolivia, los bancos no tienen la obligación jurídica de levantar el secreto bancario, por lo que esta ley permitiría al Estado investigar cuentas bancarias ante la sospecha de una actividad ilegal, lavado de dinero, corrupción y cualquier forma de enriquecimiento ilícito.
En los nueve departamentos del país, se organizaron concentraciones masivas para revindicar la wiphala, símbolo patrio que fue agraviado el 24 de septiembre en Santa Cruz por afines al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. “El golpismo no pasará, aquí está el pueblo para defender su democracia”, aseveró Arce en el wiphalazo de La Paz.
Con este telón de fondo, Tupaj García, militante del Frente Revolucionario Comuna (Frec) y estudiante de la Universidad Mayor de San Andrés-La Paz, remarcó que en su país “hubo un intento de rearticulación de la derecha que se ve en la calle, a nivel discursivo y a nivel de grupos de reacción inmediata como son los paramilitares”.
Esta rearticulación también responde al resultado electoral en las elecciones departamentales que se llevaron a cabo a principio de año, donde la oposición al MAS logró asentarse en las ciudades más importantes del país.
En este sentido, enfatizó que “con la nueva ley se busca los que los que se enriquecieron de manera ilícita con el gobierno de Jeanine Añez y de otras fuentes, se les pueda investigar y dar una sentencia”.
Esta es la razón por la cual muchos empresarios y políticos salieron en contra de la iniciativa. Entre ellos el alcalde la ciudad de La Paz, Ivan Arias, que fue ministro de Obras Públicas de Añez y fue denunciado por enriquecimiento ilícito cuando formaba el gabinete de facto. También, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa tiene una sentencia por corrupción e enriquecimiento ilícito. Él movilizó para que la alcaldía apoye el bloqueo y se sume al paro cívico.
Además, los cocaleros de la región de los Yungas se sumaron a las movilizaciones de la derecha, con algunos matices porque esto también generó rupturas hacia el interior de su estructura. El conflicto de los productores de coca con el gobierno del MAS data desde el 2017 y no ha dejado de crecer hasta el día de hoy.
En este sentido, García hizo hincapié en que “los cocaleros lograron que algunos gremios se posicionen en contra de la ley a partir de la desinformación de los medios de comunicación, que quieren equiparar a las fortunas millonarias que se robaron de la época neoliberal y del último año de dictadura, con negocios informales de los comerciantes”.
Juicio y castigo a los golpistas
Durante los últimos meses, en Bolivia se vienen dando procesos judiciales contra los responsables civiles y militares del golpe de Estado de 2019, que terminó con el encarcelamiento de Añez. “Hubo una planificación de grupos civiles y políticos que fueron responsable de lo que pasó”, señaló García, tras lo que no dudó en afirmar que “la derecha está contra la pared”.
Esta afirmación la sostuvo en que hay suficientes pruebas judiciales para iniciar un proceso a Carlos Mesa y a Luis Fernando Camacho, los principales líderes de la derecha. “No sabemos si van a ir presos, pero están preocupados porque los grupos reaccionarios podrían perder a sus dos principales cabecillas”, remarcó García.
En esta línea, fue claro cuando dijo que “la derecha por fuera de estos personajes no tiene un norte a quien seguir o una estructura político partidaria que pueda sostener una pelea contra el gobierno”.
Esta es la razón por la que se quieren frenar los procesos de “memoria, verdad y justicia” que comenzaron con la asunción de Arce, por eso “acusan al gobierno bajo las falacias de que los juicios son un revanchismo político, violaciones de los derechos humanos y que no se respetan los derechos civiles como la libertad de expresión”, aseguró García.
El pueblo y la lucha
En el marco del wiphalazo, García resaltó que “los movimientos sociales y la población en general están muchos más atentos y dispuestos a la movilización y al combate en la calle que en el 2019”, tras lo que hizo hincapié en que “ante la ratificación del estado de emergencia ante cualquier intento de desestabilización, el pueblo está dispuesto combatir”.
Los movimientos sociales nucleados en el MAS tienen la experiencia que se vivió en 2020. “Hay mucha memoria, por eso el wiphalazo fue masivo en todas las ciudades capitales”, remarcó el militante del Frec.
Tras lo que pronosticó que a Bolivia le esperan tiempos de fuertes disputas, ya que “más tarde o temprano no se va a resolver por el dialogo las confrontaciones existentes, porque la derecha no va reconocer que hizo un golpe de estado, pero ante las masacres perpetradas por los golpistas, el pueblo no se quedara de brazos cruzados”.
Y finalizó recalcando que “como nadie está dispuesto ceder, la resolución va a ser en la calle”, por lo que “va a depender del contexto histórico y de las condiciones materiales”.